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Las balanzas reducen en 2.500 millones el déficit fiscal que calculó Cataluña

Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares tuvieron un balance negativo en 2011

El déficit madrileño (16.723 millones) duplica al catalán (8.455 millones)

El responsable del informe, Ángel de la Fuente.

El nuevo sistema de cuentas públicas territorializadas, presentado este miércoles en el Ministerio de Hacienda, arroja resultados previsibles pero, también, algunos “poco lógicos”. En palabras de uno de los autores del estudio, Ángel de la Fuente, investigador del CSIC y director de la fundación Fedea, “en general, las comunidades más ricas tienen una balanza negativa, y las más pobres, un saldo positivo”. Hay aquí una excepción clara: las comunidades forales. Y también una discrepancia llamativa, con una amplia relevancia política, con la reunión Rajoy-Mas a pocos días vista y la consulta soberanista en el horizonte. Con los mismos datos, y en teoría la misma metodología (carga-beneficio), la estadística elaborada por los expertos de Cristóbal Montoro concluye que el déficit fiscal catalán en 2011 llega a 8.455 millones, mientras que la Generalitat calcula que fueron 11.000 millones. El Ejecutivo de Mas aplica además otra metodología (flujo monetario) que amplía el saldo negativo de Cataluña a 15.000 millones.

Los números desmenuzados por De la Fuente atribuyen a Madrid (16.723 millones), Cataluña (8.455 millones), Comunidad Valenciana (2.018 millones) y Baleares (1.483 millones) los únicos saldos negativos en la diferencia entre los ingresos que se generan en esas comunidades y los gastos del Estado asignados a sus ciudadanos. País Vasco y Navarra, comunidades de elevado PIB per cápita registran superávits debido al sistema foral. Y Andalucía (7.400 millones), Canarias y Castilla y León (casi 4.000 millones) registran los mayores saldos positivos.

De la Fuente indicó que dos tercios de estas balanzas se explican por las diferencias en ingresos, algo “totalmente esperable y lógico”, y el resto por el gasto, de más o de menos, que reciben los habitantes de cada comunidad respecto a la media. En este último tercio, el investigador del CSIC mostró su preocupación porque el 17% de las diferencias se explican por el sistema de financiación autonómica, que instó a reformar. “No tenemos el grado de igualdad en la prestación de servicios públicos que sería razonable”, dijo el investigador del CSIC. “Es mi opinión, no la del Ministerio de Hacienda, pero no se está cumpliendo el principio constitucional de que no haya privilegios económicos y sociales en virtud del territorio en el que se vive”, abundó, en referencia a como se aplica el convenio con País Vasco y Navarra.

De la Fuente ha elaborado el informe encargado por Hacienda junto a los profesores Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia), que también participaron en la comisión de 19 expertos a la que el exministro de Economía, Pedro Solbes, pidió el anterior estudio oficial sobre balanzas fiscales en 2008, con datos de 2005. El investigador del CSIC planteó “a título personal” una reforma gradual del sistema de financiación para las 15 comunidades del régimen común. Y una aplicación distinta del convenio del País Vasco y Navarra –“el problema no está en la ley”– para mitigar las diferencias con las comunidades forales, cuyo nivel de financiación per cápita duplica la media autonómica.

Es mi opinión, no la del Ministerio de Hacienda, pero no se está cumpliendo el principio constitucional de que no haya privilegios económicos y sociales en virtud del territorio en el que se vive

Ángel de la Fuente, investigador y uno de los autores del estudio

“La Generalitat no ha ofrecido el detalle de cómo ha hecho sus cálculos”, subrayó De la Fuente cuando se le inquirió por la diferencia con el cálculo de la Generalitat catalana con la misma metodología (y el de la Comunidad de Madrid que llegaba a resultados similares para Cataluña). El investigador del CSIC explicó que el estudio encargado por Hacienda había tenido en cuenta los efectos en otras autonomías de los impuestos de cada comunidad y que también había hecho un desglose territorializado de algunos gastos que “los sistemas de contabilidad pública suelen imputar en su totalidad a Madrid” por el efecto sede, como las transferencias a organizaciones de todo tipo.

El estudio de Barberán, De la Fuente y Uriel solo utiliza uno de los dos métodos (el de carga-beneficio) que se utilizaron en el informe de 2008, una de las cuestiones más criticadas por la Generalitat catalana, ya que la metodología de flujo monetario arroja un déficit fiscal mayor para comunidades como Baleares o Cataluña. El primero pretende territorializar todo el gasto, mientras que el segundo imputa el impacto directo del gasto en un territorio.

En la metodología de flujo monetario, el gasto estatal en el Museo del Prado se imputaría en su totalidad en Madrid. En el sistema de carga-beneficio, usado por los expertos de Montoro, también se estima su impacto en el bienestar de los ciudadanos de otras comunidades, lo que obliga a elegir continuamente los criterios de este reparto. En el caso del Museo del Prado –“o del Liceo en Cataluña”, apuntó con sorna–, el 75% del gasto se imputa a la Comunidad de Madrid, y el 25% restante se distribuye según el peso de las comunidades en PIB y población.

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