Trabajar para ser pobre

Su camiseta tiene estampados dos botes de un perfume llamado Número 5, pero no es de Chanel. Ana Crespo, de 58 años, empezó a trabajar de limpiadora en una clínica madrileña el pasado día 1. Será por poco tiempo, hasta el próximo 28 de agosto, y cobrará 750 euros al mes. Son muchos los meses que lleva intentando encontrar un empleo. El último se le acabó en septiembre, cuando limpió de nuevo durante el verano en un hospital. Desde entonces busca y no encuentra. ¿Demasiados años? ¿Demasiada poca formación? Crespo no estudió. Trabajó para su marido “sin cotizar”, añade. Se divorció y empezó a buscar trabajo. Ha sido cocinera, ha atendido una pastelería y ha cuidado a personas mayores. Desde hace un tiempo solo encuentra sustituciones veraniegas. Para reducir sus gastos, se ha mudado a vivir a casa de su hijo y su nuera.

Son los últimos del mercado laboral. Ganan como máximo el salario mínimo interprofesional, 9.034,20 euros anuales, prácticamente congelado desde 2011. Muchos ganan menos pues trabajan por horas; no logran un puesto a jornada completa. En 2004, seis de cada 100 personas estaban en esta situación; en 2012 eran 12,25 de cada 100, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial. En Europa, solo Rumanía y Grecia superan a España en riesgo de pobreza de los trabajadores. El Gobierno insistió al presentar su reforma fiscal en la rebaja que supone para las rentas más bajas, pues conoce la merma salarial que están sufriendo. Su reforma laboral, que facilita las bajadas salariales en la renegociación de los convenios, ha provocado una reacción en cadena y ha reducido los sueldos en las categorías inferiores. Pero podía ser peor: el Círculo de Empresarios querría que se pudiera rebajar el salario mínimo a quienes no tienen formación.

“Ha habido un ajuste estructural de los empleos que requerían poca cualificación”, cuenta Carlos Martín, del Gabinete Económico de CC OO. “Al desplomarse la construcción, esos empleos se han perdido. Algunas personas se han marchado de España pero la mayoría sigue aquí. Y está aumentando la presión sobre los trabajos menos cualificados”. Además, según Antonio Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, se está produciendo un aumento del trabajo a tiempo parcial y de la temporalidad. La mayoría de quienes cobran esa cantidad son mujeres (el 68%). Los sectores más afectados, según Martín, son la hostelería, el servicio doméstico y la agricultura (los dos últimos no figuran en la encuesta).

Isabel, 25 años, masajista, es de San Lorenzo del Escorial (Madrid). Su contrato resume la picaresca habitual en el mercado laboral: en él figura que trabaja cuatro horas diarias, pero en realidad trabaja siete. “Cobro 450 cochinos euros”, dice con despecho.

Lo que le ha sucedido a Isabel (que no quiere dar su apellido), es cada vez más habitual. “Hay una proporción desconocida a los que les hacen contratos a tiempo parcial falsos, pues trabajan toda la jornada”, dice Luis Garrido, catedrático de Estructura Social de la UNED, que lleva 30 años estudiando las escalas inferiores del mercado laboral. “Como no les pueden pagar menos del mínimo, es la solución que han encontrado”.

Jesús Ricardo Dulce, de 22 años, llegó a España desde Ecuador a los 12 años. Reparte publicidad junto a una parada de metro. Empezó a trabajar a los 16 años. Ha sido ayudante de jardinero, chico de la limpieza en obras y camarero. Echa tres horas diarias y cobra 250 euros al mes. “Es el primer empleo en el que cotizo”, puntualiza. Como la mayoría de los que trabajan tan pocas horas, hace otras tareas. De vez en cuando trabaja en un restaurante en el que cobra 30 euros por jornada. “Una miseria. Lo hago por las propinas”. Puntualmente hace fotos de eventos (por 60 euros). Sumando todo logra unos 500 euros al mes, la mitad en negro.

“El problema se resume en que estamos echando a los menos cualificados del mercado porque los costes completos de su salario no dan para cubrir su productividad, que es muy bajita”, sostiene Garrido. “Y solo hay tres modos de reducir este coste: bajarles el IRPF, que ya se ha hecho, bajar su seguridad social y quitar las subvenciones, pero estas dos últimas medidas son muy impopulares”.

Los sectores más afectados son hostelería, servicio doméstico y la agricultura" Carlos Martín, de CC OO

Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por la degradación del mercado laboral español. Y no faltan las quejas por los nuevos contratos de formación que aprobó el Gobierno en 2012. Marina, de 25 años, empieza estos días su tercer contrato seguido de formación en dos años. Esta malagueña trabaja 36 horas a la semana de cajera de supermercado y cobra 530 euros al mes. “En mi vida he cobrado tan poco”, dice.

“Se supone que estos contratos los hacen a gente sin cualificación profesional pero yo tengo un FP de grado medio en comercio y marketing”, continua Marina, que no quiere decir su apellido. “Aun así me han hecho este contrato. Una de las condiciones es que solo te lo pueden hacer una vez por cada tipo de empleo. Como ya había sido dependienta me contrataron de cajera”. “El 15% del tiempo de trabajo debería dedicarse a unas horas lectivas, pero eso no se cumple nunca”, dice enfadada. “Los libros, que al menos te los dan, los lees luego en tu tiempo libre”. Vive con su pareja que cobra mil euros y pagan 325 euros de alquiler. A veces él le deja dinero. “Nos apetece tener hijos pero hoy en día es muy complicado”, continúa. “Aparte de que cobras poco, los trabajos no duran. Siempre llega un familiar al que quieren contratar y te echan”.

Aunque les afecta mucho menos que al resto, algunos licenciados también sufren la precarización de los sueldos. “El aumento del paro de los universitarios es novedoso y parte se explica por el descenso del empleo en el sector público, que desde 2010 está disminuyendo, cosa que no había hecho en las otras crisis, ni al principio de ésta”, dice Garrido.

“El coste de los menos cualificados no cubre su baja productividad” Luis Garrido, de la UNED

Isabel, de 45 años, profesora en la Universidad de Barcelona (no da apellido ni la facultad en la que trabaja para preservar su identidad) cobra 530 euros al mes como profesora asociada por 12 horas semanales. Afirma que su contrato se creó para facilitar la entrada a la universidad a profesionales reconocidos. “Pero hemos entrado muchos exalumnos por esta vía”. Es empleada pública y aspiraba a ser algún día funcionaria, pero su objetivo se aleja. “Para reducir la plantilla nos han empezado a pedir que demostremos que tenemos otro empleo por el que estamos pagando a la seguridad social. Estuve mucho tiempo buscando trabajo. Incluso durante dos meses limpié en casa de una señora. Ahora doy clases como autónoma en una escuela privada donde saco 1.500 euros al año y me ha dado de alta a media jornada un amigo de la familia. Es un cuento, yo no trabajo ahí, y pago yo misma los 87 euros que cuesta mi cotización. No tengo hijos ni mascotas y vivo en un piso que era de mi abuela gracias a que mis dos hermanos no me cobran alquiler. A mi edad no confío en que pueda conseguir un empleo mejor en España. Vivo con lo mínimo. Menos mal que mi novio me invita muchas veces”.