Gómez Bermúdez procesa a siete abogados vinculados a ETA
El magistrado acusa al frente jurídico de señalar objetivos a la banda y colaborar en el cobro del impuesto revolucionario
Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado auto de procesamiento por integración en organización terrorista contra siete responsables del llamado frente jurídico de ETA (Halboka), entre ellos los abogados Arantza Zulueta —procesada también por depósito de armas y explosivos— Jon Emparantza, Iker Sarriegui; así como David Pla, Julen Zelarain, José Domingo Aizpurúa y Naia Zurriarain; y contra otras tres personas más.
El juez relata que ETA, "grupo organizado que usando armas, explosivos y otros medios, comete delitos contra aquellos que no comparten su proclamada finalidad de conseguir la independencia de Euskal Herria" se estructura en tres frentes para su actividad terrorista: político, logístico y armado. Y que dentro del frente político relacionado con el colectivo de presos (hay más de 500 etarras en la cárcel) operan, entre otros, a través de un grupo de abogados, denominado Halboka, para mantener el control sobre los reclusos "garantizándose la uniformidad en el pensamiento y la unidad de acción dentro de las prisiones, manteniendo así la cohesión de la banda y evitando la disidencia de sus militantes privados de libertad por su actividad ilícita".
El magistrado sitúa a Halboka —siglas en euskera de Hormak Apurtuz Laster Borrokalariak Kalea, que significa Rompiendo las Paredes Pronto los Luchadores a la Calle— como una estructura plenamente integrada en la banda terrorista "que se dedica principalmente a la gestión de todo lo relacionado con los presos y expresos de ETA".
Desde 2002, ETA controló el denominado frente de makos a traves de Halboka, que se encargaba del seguimiento de las detenciones de terroristas y del análisis y gestión de todo lo referente a planes de fuga en prisión, según el magistrado.
Los abogados, con Arantza Zulueta como máxima responsable, fomentaban la sujeción y sumisión de los presos a la banda terrorista, controlándoles mediante visitas, además de transmitirles las directrices de la banda terrorista. De esta forma, conocían sus estados de ánimo y se lo hacían llegar a la dirección, así como las circulares de ETA a los presos y los boletines internos de los encarcelados a la dirección, según el magistrado.
Los presos, tras su detención, escribían informes sobre lo que habían contado en sus declaraciones policiales, así como los errores cometidos que habían facilitado su arresto. Esos documentos se entregaban a los abogados procesados que, a su vez, los hacían llegar a la cúpula de ETA. Los responsables de Halboka también elaboraban, según explica el juez, información sobre objetivos o auxiliaban para recaudar el llamado "impuesto revolucionario".
Para argumentar el auto de procesamiento contra los siete abogados vinculados a ETA, el juez se basa en la documentación incautada a la banda terrorista durante la detención de su cúpula en Burdeos. En esa operación fueron detenidos cuatro etarras, entre ellos el entonces jefe de la rama política Francisco Javier López Peña, Thierry.
El juez se centra especialmente en el papel ejercido por Arantza Zulueta, a la que atribuye la mediación directa de uno de esos pagos del impuesto revolucionario. "En julio de 2006", relata Gómez Bermúdez, "Zulueta comunicó a ETA que una persona objeto del impuesto revolucionario pagaría en dos plazos y que ella misma remitiría el primero de esos plazos a la banda". Además, según el magistrado, la dirección de ETA le encargó también un informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional para un posible atentado contra el edificio donde se instruyen todas las causas contra etarras, y le encargó la creación de un "servicio de inteligencia" por todos los pueblos del País Vasco para obtener datos sobre empresarios a los que pedir el impuesto.
El juez también imputa a Zulueta, detenida en tres ocasiones en los últimos años, por el pen drive que la abogada llevaba en su bolso "con informaciones sobre vehículos utilizados por potenciales objetivos de la banda terrorista que dispondrían de servicio de protección. Uno de los vehículos era propiedad del ministerio de Defensa, mientras que en el archivo incautado también se mencionaba que el escolta que utilizaba otro de los vehículos señalados estaba relacionado con María San Gil", que fue presidenta del PP vasco. En otro dispositivo similar incautado en 2010 en el despacho de abogados de Zulueta se localizó inforación sobre la ubicación geográfica de tres zulos con armas y explosivos que finalmente fueron localizados en el sur de Francia.
Tras la declaración unilateral de ETA, en octubre de 2011, en la que anunciaba el fin definitivo de las acciones armadas, desde distintos ámbitos abertzales se acusó a la abogada Zulueta de estar complicando el proceso para la disolución de la banda terrorista.
