La trama corrupta se lucró gracias al trato de favor de dos Gobiernos del PP
Imputados nueve ex altos cargos de Baleares y la Comunidad Valenciana
Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, y su socio Diego Torres rentabilizaron “ante entidades privadas e instituciones públicas el área de influencia que se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real, aprovechando en unos casos entidades previamente constituidas y creando al efecto otras nuevas”. El juez José Castro, instructor del caso Nóos, concluye que el escaparate de la Casa del Rey favoreció los negocios ilícitos de Urdangarin. El auto que pone fin a tres años de instrucción sostiene que el escándalo no hubiera sido posible sin la participación principal de Urdangarin en la trama y sin la colaboración de numerosos cargos públicos que le adjudicaron, saltándose la ley, contratos públicos por más de seis millones de euros entre 2004 y 2006.
Urdangarin y Torres se presentaban ante los políticos que tenían el poder en cada institución como dueños de una entidad que supuestamente carecía de ánimo de lucro, el Instituto Nóos, y les proponían organizar eventos para promocionar el turismo de la zona vinculado al deporte.
Los dos socios fijaban el precio —cerca de un millón de euros por cada foro— y los políticos aceptaban sus condiciones sin reparos, según el relato del juez Castro. La mayor parte del dinero público concedido al Instituto Nóos, acababa en las manos de media docena de empresas privadas propiedad de Torres o de Urdangarin.
De los seis millones de euros que lograron de contratos públicos, solo gastaron dos en la organización de los eventos, según concluye la investigación. Nadie fiscalizaba los gastos. Cuando Torres y Urdangarin intentaron justificar lo gastado con diversa documentación, el juez y el fiscal descubrieron el fiasco, basado en facturas falsas, servicios nunca realizados y precios disparatados.
Los dirigentes públicos que aceptaban contratar con Urdangarin lo hacían, según las declaraciones de algunos de los políticos implicados, por tratarse del yerno de don Juan Carlos. Todos los contratos públicos con los que Urdangarin y Torres se lucraron fueron adjudicados a dedo por parte de tres Administraciones gobernadas por el PP: los Gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia.
El magistrado sostiene que existen numerosas pruebas en el sumario que acreditan la conducta delictiva de nueve ex altos cargos de los Ejecutivos balear y valenciano y del Ayuntamiento de Valencia.
El juez instructor quiere sentar en el banquillo de los acusados al expresidente balear Jaume Matas, junto a algunos de sus colaboradores, haciéndole directamente responsable de la decisión de adjudicar a dedo varios contratos a Urdangarin. Sin embargo, no ha podido hacer lo mismo con Francisco Camps, expresidente valenciano, ni con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pese a sostener que tuvieron idéntica participación en los contratos firmados con el Instituto Nóos.
Castro sostuvo en un auto judicial que la participación de estos dos políticos valencianos resultó crucial para favorecer los negocios ilícitos del esposo de la infanta Cristina y por eso envió una parte de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dado que ambos son diputados autonómicos y están aforados.
Ese órgano entendió que los indicios no resultaban suficientes y devolvió el caso al juzgado de Palma de Mallorca, donde Castro acabó resolviendo la imputación de cuatro ex cargos intermedios de esas dos Administraciones.
Junto a estos imputados, el juez también ha señalado a Mercedes Coghen, consejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid 2016, por firmar un convenio con Urdangarin para que este trabajara en favor de la opción madrileña. Dicho convenio establecía unos pagos que sumaron 120.000 euros a favor de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, de la que era miembro el esposo de la Infanta. El juez entiende que no se ha justificado qué servicios prestó esa fundación a cambio del dinero que le donó Madrid 2016.
De los 16 imputados en el escándalo del caso Nóos, 10 son ex altos cargos públicos que favorecieron con sus decisiones al margen de la ley los negocios ilícitos del yerno de don Juan Carlos y cuñado de Felipe VI.
Cuando Juan Carlos I conoció que los políticos cuestionaban en el Parlamento balear alguno de estos contratos, ordenó en junio de 2006 a Urdangarin abandonar el Instituto Nóos. El juez, sin embargo, considera que ese “apartamiento fue sólo una apariencia, pues Iñaki Urdangarin siguió al frente del Instituto Nóos y de todas las entidades del entramado”.
