El Gobierno “trabaja” en el aforamiento del Rey, pero no tiene fecha

En teoría, Soraya Sáenz de Santamaría, y el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, venían trabajando en el máximo secreto desde marzo en la abdicación y sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, una de las cuestiones clave, el aforamiento del Rey, que perderá su inmunidad el día 19, cuando se publique la abdicación, parece lejos de estar resuelta. La vicepresidenta ha explicado tras el Consejo de Ministros, en el que no se ha aprobado nada relativo a este asunto ni al papel de don Juan Carlos, que el Gobierno “está trabajando” sobre su futuro aforamiento, aunque no dio ninguna fecha.

A estas alturas, y dados los plazos necesarios para aprobar la reforma de una ley orgánica —la única fórmula posible para conceder aforamiento a don Juan Carlos—, parece casi seguro que quien ha reinado en España durante 39 años quedará durante un tiempo sin ninguna protección jurídica. No hay margen para otra opción.

El Ejecutivo podría incluir el asunto como enmienda en otra ley orgánica en tramitación, pero sería muy polémico y daría imagen de improvisación; o presentar una ley ultrarrápida como la de la abdicación, pero no es fácil porque tendría que contar con un consenso total que aún no tiene. El PSOE no ha sido consultado de momento sobre este asunto, y su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya está teniendo muchos problemas para mantener unido al Grupo Socialista en la votación del miércoles, la de la abdicación. Introducir ahora en el ambiente interno de un PSOE en ebullición la necesidad de votar a favor del aforamiento de don Juan Carlos es arriesgado, y aprobar una norma así sin los socialistas sería un golpe para la imagen de la Monarquía en un momento sensible de relevo generacional.

El PP podría aprobarla él solo —una ley orgánica solo necesita mayoria absoluta—, pero no es una solución viable políticamente. Si se hace con una ley orgánica con procedimiento normal, la fórmula más probable, el trámite dura un mínimo seis meses, según fuentes del Gobierno. De hecho, no está previsto llevar la ley ni siquiera al próximo Consejo de Ministros. “Estamos trabajando en ello. En cuando tengamos la fórmula, el contenido y los plazos, lo comunicaremos. Se va a hacer una ley orgánica, no puede hacerse por decreto. Además, tienen que aprobarlo las Cortes”, aseguró la vicepresidenta, que evitó concretar nada pese a las preguntas de la prensa.

Sáenz de Santamaría trasladó la sensación de que no hay urgencia, a pesar de que un portavoz de La Zarzuela había insistido el día anterior en que “lo razonable” sería el aforamiento. “El Rey tiene inviolabilidad, con independencia del aforamiento. Y la inviolabilidad por el ejercicio de su cargo durante el tiempo en que ha sido Rey permanece. Uno deja de ser inviolable pro futuro, pero eso no implica recuperar responsabilidad sobre las actuaciones anteriores”, explicó.

El problema, por tanto, solo viene por lo que suceda a partir del 19. Sin embargo, se espera que algunos grupos presenten querellas y no está claro qué sucederá por ejemplo con las demandas de paternidad que ha sufrido el Monarca, aunque en este caso son asuntos civiles y no suelen tener aforamiento, ya que este se limita a cuestiones penales.

“Algunas cuestiones están resueltas por los decretos actuales, otras exigen una modificación reglamentaria que ya tenemos preparada, y otras sí requieren una modificación legal”, subrayó la vicepresidenta: “La reflexión sobre la existencia de un vacío legal en el aforamiento de algunos miembros de la familia real ya la había hecho el Gobierno hace tiempo. Somos conscientes de que es llamativo que entre el número de aforados, que es bastante amplio en nuestro país [unos 10.000 políticos, jueces y fiscales], no estén los miembros de la familia real”. En otros países con abdicaciones recientes, como Holanda o Bélgica, los monarcas salientes se han quedado sin ningún tipo de protección, son ciudadanos como los demás, que es lo que le sucede ahora al Príncipe de Asturias, por ejemplo.