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La mafia del gasóleo defraudó millones y tiró los precios para copar el mercado

Intervenidos 1,2 millones de euros en efectivo a la trama delictiva, que operaba desde 2011

La trama delictiva dedicada a adulterar gasóleo, para venderlo posteriormente en diferentes gasolineras del país, defraudó supuestamente solo en los ocho últimos meses 5,5 millones de euros en el impuesto de hidrocarburos. Pero el catálogo de delitos que les atribuye la Unidad de Delincuencia  Económica de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria es mucho más larga: falsificación de documentos y fraude en otros impuestos derivados del consumo, especialmente IVA. La organización,que operaba en red con nueve grupos criminales, fue detectada por el Servicio de Vigilancia Aduanera hace tres años. Entre sus nombres hay viejos conocidos de los investigadores, algunos ya implicados en otra operación similar desarrollada en Cataluña durante 2009. Entonces, el fraude alcanzó los seis millones de euros.

En los 52 registros practicados ayer, los investigadores se incautaron de 1,2 millones de euros en metálico 331 vehículos y 128 inmuebles. Las cuentas bancarias de la organización se siguen investigando y apuntan a un montante mucho mayor. 

De momento hay 47 estaciones de servicio pero la operación continúa abierta, se siguen realizando inspecciones y el juez ha decretado el secreto de sumario que ya acumula 98 detenciones. Las pesquisas comenzaron en una planta de Yuncos, en Toledo, que la red utilizaba de lavadero para disimular el gasóleo B y hacerlo pasar por combustible para vehículos.

Los consumidores piden conocer la lista de gasolineras

R. V.

La organización de consumidores Facua reclama a las autoridades que den a conocer qué gasolineras estaban implicadas en la trama dedicada a adulterar gasóleo. Rubén Sánchez, su portavoz, ha pedido "transparencia" porque "se ha creado una sombra de sospecha sobre todo el sector de gasolineras en España. Los consumidores van a sospechar que las gasolineras a las que ellos acuden habitualmente pueden estar relacionadas, y hay que despejar esa incógnita".

Sánchez ha advertido de que los clientes que hayan repostado en alguna de las gasolineras implicadas deberían someter su coche a una revisión porque pueden tener riesgo de avería. “Y si realmente se ha produjo la avería, podrían reclamar a la gasolinera una indemnización por daños y perjuicios”, explica.

Tando los mandos de la Guardia Civil como los de la Agencia Tributaria que han comparecido esta mañana han explicado que el sumario está bajo secreto y que los detenidos gozan del derecho a la presunción de inocencia. Por eso se han resistido a facilitar más datos sobre las estaciones de servicio precintadas ni los que criterios seguidos para dejar otras abiertas. Sí han aclarado que todo el combustible manipulado ha sido retirado y que no existe riesgo para los consumidores. Lo señaló el director adjunto de Vigilancia Aduanera: "No debemos olvidar que estamos en el marco de una instrucción penal en la que debemos aplicar la presunción de inocencia. Los presuntos defraudarores tienen una parte de actividad legal y lo que no se puede hacer es cerrar todos los establecimientos. 

El jefe del grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, el comandante Antonio Balas, destacó el daño que la trama ha causado al mercado. Con la manipulación del gasóleo -no solo vendían el combustible bonificado como diésel en los surtidores sino que le añadían productos para engordarlo y sacar de cada litro, dos- lograban abaratar los precios. El ahorro solo en impuestos en cada litro era de 28 céntimos y por eso la red logró acaparar el mercado. Según este mando de la Guardia Civil, algunas gasolineras abanderadas (bajo el paraguas de las grandes marcas) tuvieron que acudir a la red para surtirse de combustible y poder competir en precios. "Tenían su flota de camiones y cisternas, pero ellos no repostaban en sus gasolineras", ironizó Balas durante la comparecencia de esta mañana en la que ofreció detalles de la operación.

En la persecución de este fraude masivo presente en 11 comunidades autónomas han participado 750 agentes entre Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil que han destapado la falsificación de facturas que la red usaba para simular el destino del gasóleo bonificado.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han evitado facilitar la lista de las gasolineras registradas (algunas de ellas han sido precintadas temporalmente) argumentando que el sumario sigue secreto y que no hay riesgo para el consumidor, puesto que el combustible manipulado ha sido retirado de las estaciones de servicio. "Podemos dar garantías de que todo el producto fraudulento ha sido intervenido", señaló el director adjunto de Vigilancia Aduanera, Ángel Delgado Bernaldo de Quirós.

El teniente coronel Francisco Almansa, jefe del departamento de delincuencia económica y tecnológica de la Guardia Civil, subrayó la complejidad de la operación en la que sus subordinados  trabajaron los últimos tres años dado que las nueve redes operaban de forma independiente. "Cada una organizaba su fraude y a cada una se le atribuyen unos delitos determinados", explicó.

Hasta el momento, se han obtenido pruebas e indicios de la participación en los hechos, en mayor o menor grado, de 138 personas físicas y 104 personas jurídicas. La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera abrió una gran operación en toda España al detectar cómo una trama, en connivencia con gasolineras, se dedicaban a transformar gasóleos B (a 0,9 euros el litro de media en Madrid) y C (un euro el litro) —usados en maquinaria agrícola y calefacción—, en gasóleo tipo A (1,29 euros el litro), empleado como combustible para coches y camiones.

Los gasóleos B y C, además, están bonificados fiscalmente, es decir, que se paga por ellos una menor cantidad de impuestos especiales (0,078 euros por litro) que por el A (0,307 euros por litro). Por ello, a los 5,5 millones defraudados, habría que sumar la cantidad derivada del IVA y otros impuestos, aún por determinar.

Los carburantes más baratos —tintados de rojo para distinguirlos de los caros— eran lavados con sustancias químicas para poder venderlos como la modalidad más cara, lo que supone la adicción de diversos productor de difícil eliminación en la combustión. El defraudador se embolsa la diferencia: en un repostaje medio de gasóleo (50 litros) el beneficio roza los 13 euros. Este fraude conlleva un  riesgo para la mecánica de los automóviles, sobre todo para los más nuevos (los fabricados en los últimos siete años).

Los agentes han retirado todo el combustible manipulado por los grupos delictivos. Y, aunque la redada aún permanece abierta, los mandos de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera aseguran que no existe riesgo para los consumidores. La trama operaba en 11 comunidades autónomas —Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana—. La operación, de momento, se ha saldado también con la intervención 331 vehículos. 

El sector en Madrid demandará por competencia desleal

La Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de  Madrid (AEESCAM) ha emitido esta mañana un comunicado en el que felicita a las fuerzas de seguridad que participaron en la Operación Nehar que ha desvelado las presuntas prácticas fraudulentas. La patronal del sector en Madrid anuncia además que demandará  a los implicados en dicha red por "competencia desleal" y considera "prioritario" que se dén a conocer las estaciones de servicio involucradas para despejar las dudas sobre el sector.

Los empresarios de estaciones de servicio insisten, como también han hecho algunas organizaciones de consumidores, en que debe publicitarse la lista de establecimientos investigados para que los conductores no duden de las 11.600 gasolineras diseminadas por todo el territorio español.

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