La reina Isabel II de Inglaterra no tendría ninguna protección legal si abdicara

De acuerdo con la ley, la reina Isabel II de Inglaterra no tendría ninguna protección legal si abdicara, aunque esta le podría ser concedida por el Parlamento británico, a juicio del profesor Robert Blackburn, profesor de Derecho Constitucional del King’s College London. “Si la reina decidiera abdicar del trono se convertiría en un ciudadano normal y corriente a ojos de la ley y perdería los privilegios e inmunidades derivados de su posición como monarca”, sostiene Blackburn. “Sin embargo, sería posible aprobar disposiciones a través de una ley del parlamento para garantizarle tras su abdicación cualquier derecho legal, privilegio o inmunidad que se considerara apropiado”, matiza.

En ese momento, el “heredero presunto”, el príncipe Carlos, podría si así lo deseara renunciar a la corona en favor de su hijo mayor, “que se convertiría en el rey Guillermo V”. “Pero no hay en este momento ningún indicio de que la reina tenga ninguna intención de abdicar del trono; ni de que el príncipe Carlos no tenga deseos de ser el rey Carlos III”, advierte

Cuando en 1936 el rey Eduardo VIII expresó su deseo de casarse con Wallis Simpson, una mujer que antes se había divorciado dos veces, “el Gobierno (y los países independientes de la Commonwealth) acordaron que, como el monarca es Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra –que en aquella época estaba rotundamente en contra del divorcio y no volvería a casar a una persona divorciada–, sería intolerable que el rey se casara con ella porque no podría casarse en la Iglesia que encabeza”, explica el profesor Rodney Brazier.

“Eduardo decidió abdicar. Y su hermano y sucesor, Jorge VI, le hizo duque de Windsor. Eduardo se casó luego con la señora Simpson en una ceremonia privada en Francia y vivió de hecho en el exilio”, añade. La ley de abdicación aprobada por las dos cámaras del parlamento “se limitó a apartarle del trono y excluir a sus sucesores de la línea de sucesión”. “Su condición legal de duque de Windsor ­–aparte del título y del derecho a sentarse en la Cámara de los Lores, que nunca ejerció– le convirtió de hecho en un ciudadano corriente. Y, por ejemplo, podía haber sido procesado por cualquier acusación criminal o si hubiera sido denunciado por lo civil, aunque eso nunca llegó a ocurrir”, explica Brazier.

“En el caso de la abdicación de Eduardo VIII, el Gobierno y el Parlamento fueron notablemente restrictivos al abordar su caso, en gran medida porque fue percibida como una dejación de sus responsabilidades”, opina el profesor Blackburn.