“Pedimos más justicia universal y prácticamente la han anulado”

Ariel Dulitzky saltó a la fama en España cuando reclamó al Gobierno más compromiso con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En su informe preliminar, el relator de la ONU pidió también más justicia universal. Lo que no esperaba era la respuesta que ha dado el Gobierno con la reciente reforma: “Ahora es prácticamente nula”.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó esta reforma, con un trámite exprés, para evitar un conflicto con China tras la orden de detención dictada por la Audiencia Nacional contra el expresidente chino Jiang Zemin, de 87 años, y el ex primer ministro Li Peng, de 86, miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio del Tíbet. El cambio legislativo ha sido duramente criticado por los jueces de la Audiencia Nacional que se han plantado y, con una interpretación amplia de la ley, se han negado a cerrar los casos que investigaban, amparados por la ley de jurisdicción universal.

Las consecuencias de la reforma han llegado al presidente-relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que se ha sorprendido por lo que ha pasado con la justicia universal en España, ya que fue “un país pionero en aplicar este principio”.

Al término de su visita de trabajo a España, el pasado septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió al Gobierno que regresara a la aplicación de este principio. “En cambio, unos meses después, la jurisdicción universal en España es prácticamente nula”, señala Dulitzky, que la semana pasada participó en Madrid en el I Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI. “Pedimos que no se produjeran nuevas modificaciones legislativas que restringieran aún más la justicia universal”, explica al recordar la reforma de 2009 impulsada por el anterior ejecutivo socialista. “Pero no ha sido así”, dice.

Dulitzky se resiste a especular sobre los motivos del Gobierno para impulsar la reforma, pero no sobre sus resultados. “La reforma no ha frenado a los jueces y las instrucciones siguen adelante”, explica, lo que demuestra que las instituciones del Estado “están respondiendo de forma diferente” sobre este asunto.

El relator no comparte “en absoluto” los argumentos del Ejecutivo para justificar la reforma. “La justicia universal sí produce resultados muy positivos y los tribunales españoles han sido testigos de ello”, asegura. Y las enumera. Permite a las víctimas que no tienen otro sistema judicial donde acudir un ámbito donde los jueces las escuchen, es decir, “son tratados como seres humanos con derechos”, comenta. También se han producido condenas y detenciones como la del dictador chileno Augusto Pinochet, recuerda.

En su opinión, “hay una correlación muy directa entre la justicia universal ejercida en España y el desarrollo que se vio en Chile, Argentina y Guatemala”. Pese a todo, pronostica que el debate y la polémica sobre la justicia universal no ha hecho más que comenzar. “Tendremos muchas idas y vueltas, hay que esperar”.

En cambio, el tiempo apremia cuando reflexiona sobre los más de 114.000 desaparecidos y 30.960 niños secuestrados o robados en la Guerra Civil y el Franquismo, el tema sobre el que pivota la investigación que dirige en Naciones Unidas.

Un número "extremadamente alto", asegura, si bien recuerda que son cifras del Juzgado de Instrucción Penal número 5 de la Audiencia Nacional. "No es un dato definitivo porque nunca ha existido una investigación oficial del Estado ni un registro oficial", lamenta.

A la espera de su informe final, que será presentado el próximo septiembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto fija su atención en el Tribunal Constitucional, al pedir que se pronuncie sobre la prescripción de los crímenes y la Ley de Amnistía: "No puede estar al margen".

Explica que una doctrina constitucional sobre estos asuntos ofrecería la oportunidad de modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

"Habría que permitir al Constitucional que se pueda pronunciar sobre la prescripción, la aplicación de la ley de amnistía y la comisión de verdad de las víctimas", propone el jurista argentino.

Con todo, Dulitzky defiende que los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el Franquismo constituyen crímenes internacionales que ya existían con esa tipificación cuando se cometieron. "Por lo tanto son imprescriptibles", añade.

Pero en su objeto de análisis, es aun más rotundo. "Con las desapariciones forzadas el crimen es continuado hasta que no se establece el paradero de la persona". Por ello, explica, "lo que está haciendo España es claramente contrario a sus obligaciones internacionales".