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El Supremo confirma que Resistencia Galega es una organización terrorista

El tribunal apunta que el colectivo busca sus objetivos de espaldas a mecanismos democráticos

María Fabra

El Tribunal Supremo ha confirmado que Resistencia Galega es una organización terrorista con pretensiones de "subvertir el orden constitucional español". La sentencia de la sala de lo Penal confirma los delitos de participación en organización terrorista, cometidos en 2011, falsificación en documento oficial y tenencia de explosivos para cuatro miembros del colectivo que fueron condenados por la Audiencia Nacional.

Pese a que el Supremo considera que la banda admite el uso de la violencia "como el modo de conseguir sus objetivos a espaldas de los mecanismos democráticos", rebaja las penas impuestas a sus cuatro integrantes por no estar adecuadamente motivadas. El fallo señala además que la banda se hallaba en una "fase incipiente y sin una consolidada estructuración con una incidencia limitada en la sociedad".

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado José Ramón Soriano, considera acreditado que Resistencia Galega es un grupo de personas estable que "para la defensa del independentismo gallego viene a admitir la fuerza y la violencia como el modo de conseguir sus objetivos (...) y admitiendo y hallándose entre sus cometidos los ataque violentos contra patrimonios y personas con finalidad de subvertir el orden constitucional".

Aun así, el Supremo reduce entre casi cinco y tres años de prisión las penas impuestas el pasado mes de septiembre a cuatro de los primeros integrantes de este grupo separatista Nacional por delitos de participación en organización terrorista, falsificación de documento oficial y tenencia de explosivos.

De este modo se estiman parcialmente los recursos presentados por Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, que fueron los condenados a 18 años de prisión y ven reducida su condena a 13 años y nueve meses y también los de las defensas de Antón Santos Pérez y María Osorio López, cuyas penas pasan de 10 años a siete años y nueve meses de cárcel.

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