Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

17 millones de posible fraude en el caso de la patronal madrileña

El escándalo apenas ha salpicado al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, del PP

El escándalo de los cursos de formación fraudulentos que ha removido a la patronal madrileña se ha saldado de momento con 13 imputados y una investigación judicial que continúa bajo secreto de sumario. Es el conocido como caso Aneri, en referencia al empresario cordobés José Luis Aneri, único presunto cabecilla de la trama que continúa en prisión desde que ingresó el pasado 1 de marzo en la cárcel de Soto del Real. La fiscal ha solicitado también prisión para los otros dos presuntos cabecillas, los empresarios Alfonso Tezanos y Víctor Porta, que introdujeron a Aneri en el mundo empresarial madrileño. Ambos son exdirectivos de la Cámara de Comercio de Madrid, que dirige el presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández.

El escándalo apenas ha salpicado al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, presidida por Ignacio González (PP). La esposa de este, Lourdes Cavero, dimitió de su cargo de vicepresidenta de la CEIM el pasado marzo, en plena campaña electoral de la patronal. Arturo Fernández la nombró hace tres años como la única de los 19 vicepresidentes con derecho a sueldo (120.000 euros). Cavero indicó que no quería perjudicar la campaña de Fernández, aunque distintas fuentes subrayaron su incómoda posición como representante de las asociaciones empresariales a las que el Gobierno regional que preside su marido reclama ya la devolución de parte de las cantidades defraudadas.

La trama ha gestionado desde 2010 más de 17 millones de fondos públicos para formación. La mayoría corresponden a fondos estatales (12 millones) y el resto proviene de dinero regional, sostenidos con las cuotas de los trabajadores y con fondos europeos.

La Comunidad no denunció el caso ante los tribunales en un principio y se personó después de las primeras detenciones en la investigación abierta tras la denuncia de distintas asociaciones empresariales. Las pesquisas comenzaron tras la remisión de una denuncia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en diciembre de 2012. La policía determinó que ninguno de los 10.000 alumnos incluidos en esos primeros cursos los habían realizado.