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El ADN llega tarde

El análisis prueba la inocencia de un preso que falleció en Sevilla

Condenado por una rueda de reconocimiento, cuya eficacia cuestionan los expertos

Antonia y Manuel Guile muestran una foto de su hermano muerto en la cárcel de Sevilla.
Antonia y Manuel Guile muestran una foto de su hermano muerto en la cárcel de Sevilla.

Antonio Guile resultó condenado por un robo con violencia cometido en Sevilla en 2011. Un año después fallecía en prisión. Y ahora, dos años y medio más tarde, el ADN ha revelado al verdadero autor del robo, que no era él. El Tribunal Supremo ha corregido dos sentencias condenatorias. Demasiado tarde para Guile, ya fallecido, que fue condenado por el testimonio de la víctima, que le reconoció “sin género de dudas” hasta en tres ocasiones distintas.

El caso ha puesto de relieve los errores del sistema judicial cuando las condenas se basan en las ruedas de reconocimiento de la víctima y su persistencia al inculpar a otra persona. Y más tarde el ADN revierte todas sus certezas. La mala suerte de Guile aumentó por un dato insólito: los resultados del perfil genético se retrasaron nada menos que dos años y medio, por lo que la subsanación del error llegó tras su muerte en prisión.

¿Es suficiente la identificación de un sospechoso por parte de la víctima para que este sea condenado? “¡Sin ninguna duda. Es la prueba reina! Se trata de lograr indicios para realizar una acusación lógica”, exclama un fiscal. Ello a pesar de que los atracos y otros sucesos ocurren en ocasiones de noche, con poca visibilidad y en cuestión de segundos. La rutina judicial hace que los magistrados acepten como definitivos los reconocimientos visuales de las víctimas, que a veces cuentan con pruebas que los corroboran, y a veces no. “Siempre que no haya enemistad manifiesta, se aceptan porque los resultados de ADN suelen retrasarse entre un año y año y medio. Si esperáramos, la justicia se paralizaría”, alegan fuentes judiciales.

Antonio Guile fue condenado por robo y estuvo en la cárcel un año donde murió

Juan Domingo Valderrama, abogado de Rafael Ricardi, que pasó 13 años en prisión por una violación que no cometió, cuestiona las ruedas de reconocimiento: “En ocasiones la víctima del delito viene de una experiencia muy traumática, como una violación, y debe indicar al culpable con una certeza absoluta. Las víctimas no actúan con maldad pero la policía podría llegar a influir en ello, solo planteo que el procedimiento es deficitario”.

Las pruebas genéticas se pueden resolver en 48 horas, pero los atascos que soportan los laboratorios de ADN de la policía, una quincena en todo el país, provocan a veces flagrantes injusticias. “El retraso afecta a casos muy heterogéneos que afectan por ejemplo a menores venidos en pateras y se trata de un problema de medios (...) es necesaria una práctica más ágil”, opina Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía. En el caso de Guile, la policía de Sevilla ha declinado aclarar el motivo del retraso en los análisis genéticos, que superó los 800 días. “Hablamos de la rutina, porque cuando un juez apremia, el escenario cambia. Y aquí se trabaja noche y día”, replican fuentes de la Policía Científica.

Los análisis genéticos eran antaño excepcionales, pero un cambio legislativo provocó que sean obligatorios en múltiples supuestos, lo que ha desbordado la capacidad de la policía para tramitarlos.

El problema es que en este caso la urgencia pareció relativa y nadie reclamó los resultados para demostrar la inocencia de Guile, delincuente habitual y drogodependiente que encadenó múltiples sentencias desde 1982. “En los laboratorios no hay orden de entrada para la realización de las pruebas. Hay casos urgentísimos, como las violaciones, que se analizan con prioridad”, explica José Antonio Llorente, miembro de la Comisión Nacional de Especialidad de Medicina Legal y Forense.

La víctima del robo, Rosa Juana Bernedo, repitió su convencimiento de que Guile rompió la ventanilla de su coche y forcejeó con ella para llevarse su bolso. Finalmente, el año pasado los supuestos culpables pasaron a ser dos, identificó a Guile y al presunto autor, Alejandro Aparicio, tras subrayar su “duda razonable” dado el parecido físico de ambos. Ahora la familia de Guile pedirá una indemnización para intentar paliar el tiempo de condena injusta que padeció. “Más que nada queremos que esto no vuelva a pasar, que no le pase a nadie más (...) La prueba del ADN fue la gota que colmó el vaso. No nos echaban cuenta ni a nosotros ni a mi hermano”, explica Antonia Guile cuando recuerda el caso.

Sin cifras es difícil calcular la dimensión de estos casos en los que el ADN tumba las investigaciones policiales, y aunque son muy esporádicos, el perjuicio es descomunal. Y sus víctimas suelen ser delincuentes habituales que padecen ruedas de reconocimiento y una instrucción cojas. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni Instituciones Penitenciarias contabilizan estos casos. Hasta que no desaparezcan los atascos para los análisis genéticos, las soluciones parecen limitadas. “Esto no es Estados Unidos ni una serie de televisión”, ironiza un agente.

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