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“Si no recibimos el dinero, mataremos a los dos niños”

El ultimátum de los secuestradores de dos menores españoles, liberados por la policía en Bolivia, se cumplía ayer

“Ténganlo claro: si no recibimos el dinero, mataremos a los niños”. Eso dijo uno de los hombres que mantenían secuestrados en algún lugar de Bolivia a Manuel, de 11 años, y a su hermanito, de solo tres meses. El ultimátum finalizaba ayer, miércoles. Por suerte, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia y la Sección de Secuestros y Extorsiones de la policía española lograron antes dar con el paradero de los chiquillos. Los liberaron en la ciudad de Santa Cruz y, a la vez, detuvieron a cuatro personas.

La historia comenzó cuando Noelia Magaña, la madre de los niños, fue convencida para que hiciese de mula (transportista) de un paquete con un kilo de cocaína. Noelia, que llegó a Bolivia hace tres años, vivía en una habitación alquilada en Santa Cruz de la Sierra y estaba pasando estrecheces económicas. Así que aceptó.

La mujer voló, vía Brasil, hasta el aeropuerto de El Prat (Barcelona). Llevaba la droga escondida entre su ropa. Sorteó los controles aduaneros y después logró entregar la mercancía. Sin embargo, el pasado día 16 fue detenida en un control policial en Yecla (Murcia) por llevar encima 35 gramos de cocaína y 16.000 euros.

Al dar con sus huesos en la cárcel, Noelia dejó de cumplir las instrucciones de los narcotraficantes bolivianos. Estos le habían exigido que, una vez entregada la droga, debería mandarles a través de Western Union 20.000 euros en 10 entregas de 2.000 euros. Había hecho dos envíos de dinero, pero, al caer presa, no pudo hacer los demás.

Al no recibir el resto del dinero, los narcos creyeron que estaban siendo engañados por la mujer, por lo que decidieron secuestrar a sus hijos Manuel y Francisco para obligarla a efectuar el pago total. Los menores habían quedado al cuidado de Álex, un boliviano con el que Noelia había tenido relaciones y con el que había engendrado cuatro años atrás a una niña que convive con él.

Los secuestradores averiguaron que los chiquillos estaban en la casa de Álex y se los llevaron: el mayor quedó en poder de un tal Toni Dorado, mientras que Carlos Fernando Durán, el actual compañero sentimental de Noelia, se quedó con el menor, que lleva su apellido. El bebé y su hermano estuvieron desde entonces en casas separadas.

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“Hace ocho días me enteré de que mi expareja Noelia había sido detenida. Fui a la comisaría y pregunté por mi hijo Manuel. Así supe que se había quedado en Bolivia. Durante los últimos años solo he hablado con él por teléfono o por Facebook”, explica el ecuatoriano Jorge C., que trabaja como instalador de gomaespuma en Murcia. En los días posteriores, Jorge empezaría a recibir angustiosas llamadas y mensajes de la familia de su expareja dándole cuenta de que el chiquillo estaba en poder de unos secuestradores.

Interpol-Madrid coordinó la operación de rescate con la Embajada de España en Bolivia. La Sección de Secuestros y Extorsiones de la policía envió a dos negociadores a Yecla, junto con el negociador de Murcia, para controlar el tráfico de llamadas entre los secuestradores y la familia. Otros dos agentes de secuestros volaron el pasado sábado a Bolivia.

En el curso de las negociaciones, los agentes exigieron a los raptores una “prueba de vida”. Y los raptores fueron y llevaron al pequeño Manuel a una tienda y le hicieron hablar por un teléfono público. Apenas pudo balbucear una frase: “Estoy bien”. Pero esa llamada fue la pista que condujo hasta los raptores, que en ese momento pactaron un rescate de 2.000 euros por los rehenes.

La policía de Santa Cruz liberó a los menores y arrestó a Toni Dorado Chaves, de 31 años; Zulema Fuentes Siles, de 36; Fernando Dorado Palacios, de 37, y Carlos Fernando Durán Dorado, de 35. Este último, compañero sentimental de Noelia, es el presunto “autor intelectual” del secuestro, según declaró el general Walter Willarpando, de la Policía Nacional de Bolivia.

Ayer, los agentes españoles desplazados al país andino estaban trabajando, junto con el juez español y la fiscalía de menores boliviana, para conseguir la repatriación de los niños a España.

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