Una inmensa sala de espera

Los sucesos en la playa de Tarajal, con la muerte de 15 personas que intentaban entrar en territorio español, se producían tres días antes de que los ciudadanos suizos decidieran por referéndum reintroducir un sistema de cupos que limitará la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea. Los hechos de Ceuta exigen un esclarecimiento que el Gobierno no está sabiendo, o queriendo, resolver. La especial situación de las ciudades de Ceuta y Melilla es algo que nadie puede desconocer, como tampoco que la Guardia Civil realiza una actuación generalmente encomiable en condiciones muy difíciles y con escasos medios. Pero lo cierto es que de las explicaciones gubernamentales dadas hasta la fecha se deduce que puede justificarse todo con tal de evitar el cruce ilegal de la frontera por inmigrantes. Estas muertes se suman a la larga crónica de personas que pierden la vida huyendo de la miseria.

El norte de África es una inmensa sala de espera, en palabras de un escritor marroquí, no son 30.000 los que esperan para poder cruzar, potencialmente son millones. En el Mediterráneo se está construyendo un cementerio, afirma el primer ministro maltés. A tenor de los datos de Fortress, en los últimos 20 años las costas del Mediterráneo se han cobrado 20.000 muertos. La última gran tragedia sucedió en octubre del pasado año, a escasas millas de Lampedusa. Italia, España, Malta y Grecia se han convertido en la puerta de entrada a Europa. Sin embargo, estos países no son el destino final de estas personas. Según Cruz Roja, los países con salida al mar continúan siendo los primeros a los que llegan, para después continuar. Alemania, Reino Unido o Bélgica son su destino final.

Este tipo de flujos migratorios deben ser abordados desde la Unión Europea. Lo sucedido frente a Lampedusa forzó a la comisaria de Asuntos de Interior de la Comisión a la creación de una denominada “Task Force Mediterraneo”. El pasado 5 de febrero la comisaria escribía en su blog: “Conocemos que todavía demasiada gente muere en su camino hacia Europa”. Una afirmación desconcertante si está hecha por quien, desde hace cuatros años, es la responsable de la lucha contra la inmigración ilegal, y el control y vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión. Las principales recomendaciones de esa task force se recogen en cinco capítulos: medidas de cooperación con terceros países; protección regional, reasentamiento y vías legales para acceder a Europa; lucha contra la trata de seres humanos, el contrabando y la delincuencia organizada; asistencia, solidaridad y vigilancia fronteriza para ayudar a salvar vidas. No obstante, resulta interesante contrastar estas medidas con el informe del Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Migrantes, que señala como, en realidad, las medidas prácticas que está tomando la UE están volcadas en el fortalecimiento de las fronteras exteriores, las detenciones y las deportaciones.

Lamentablemente, Gobiernos de distinto signo están teniendo comportamientos muy similares. El World Report 2014, que elabora Human Rights Watch, informa de que en agosto del pasado año la Comisión Consultiva de Derechos Humanos de Francia calificó la emisión masiva de órdenes de expulsión de romaníes como un “acoso administrativo” e instó al Gobierno a poner fin a los desalojos de los barrios marginales y asentamientos sin ofrecer un alojamiento alternativo adecuado y respetar las normas de libre circulación de la UE.

En España también conocemos la otra cara de las políticas de acoso a la inmigración. La retirada de casi un millón de tarjetas sanitarias a sin papeles y las continuas reducciones en las partidas de los Presupuestos del Estado. Para 2014 se mantiene la suspensión del Fondo para la acogida e integración de los inmigrantes y el refuerzo educativo, creado en el año 2005. La partida destinada a los Ayuntamientos para la financiación de actividades a favor de la integración y para actuaciones de ordenación de los flujos migratorios se ha reducido en un 98% (de 2.552.000 euros en el año 2013 a 50.000 euros en el 2014).

Lo sucedido en Suiza es un síntoma de cómo el proyecto europeo pierde cohesión y base social. Pocos días después, el periódico alemán Bild informaba de los resultados de una encuesta según la cual el 72% de los alemanes desearía pronunciarse sobre un nuevo límite a la inmigración. El líder de la CSU y miembro de la coalición de gobierno Horst Seehofer no tardó en subirse a la ola: “Un poco más de Suiza no le haría ningún daño a Alemania”. No podemos olvidar que estamos a dos meses de que comiencen las elecciones al Parlamento Europeo.

Ese referéndum impulsado y capitalizado por la derecha suiza es algo más que simple populismo, es un espejo en el que puede querer mirarse una gran parte de los ciudadanos europeos que ven mermado su Estado social, la base del consenso civil. La historia, y lamentablemente también el presente, nos enseñan lo rápido que se disuelven los anhelos de lucha contra la desigualdad. Lo fácil que resulta buscar responsables de nuestros males. Suele darse un denominador común: el de fuera.

Europa se está convirtiendo en un club oligárquico y autoritario con cada vez más desigualdades entre sectores sociales y entre países. “En los países desarrollados —escribe Ignacio Sánchez-Cuenca— se ha ido delegando el poder de decisión sobre materias esenciales, fundamentalmente económicas, a instituciones independientes o supranacionales que no tienen responsabilidad democrática alguna. La UE es, en este sentido, el proyecto más radical en el proceso de adelgazamiento democrático que están viviendo muchos países. Señala la dirección en la que evolucionarán las democracias en el futuro”. La responsabilidad de muchos de nosotros consiste en saber encauzar ese malestar, impedir que la derecha haga de él bandera. Debemos evitar que el proyecto de construcción europea derive hacia un estado liberal y tecnocrático de tonos pardos y negros. Entonces, sí, sucesos como los de Ceuta serán solamente un incidente en la frontera exterior.

Cándido Méndez es secretario general de UGT.