El partido encarga actos y otros los pagan
Ocho empresas pagaron decenas de actos electorales del PP a través de facturas falsas
Y luego está, por detrás, delante o al lado, que diría Rajoy, la financiación ilegal del Partido Popular. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene abiertas, ya lo hemos dicho, seis causas bajo el epígrafe Gürtel. Pues dos de ellas se refieren a financiación ilegal del PP. La primera —por delito electoral, es el nombre técnico— se centra en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y la segunda en las generales de 2008, incluidos los actos electorales que protagonizó el candidato popular, Mariano Rajoy. La cosa es como sigue. Ocho empresas —entre ellas Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Piaf… y Sedesa, la empresa familiar del consejero Juan Cotino que administra su sobrino Vicente— habrían pagado decenas de actos electorales del PP a través de facturas falsas de la trama Gürtel. Coincide, por mor del destino, que son las mismas empresas que han recibido adjudicaciones millonarias de la administración de Francisco Camps. Por esta causa están imputados, entre otros cargos, Ricardo Costa, recordemos que era el secretario general del partido, el exvicepresidente Vicente Rambla, o la extesorera Yolanda García Ramos.
Dice la UDEF que “responsables del PPCV” realizaban gestiones para que ciertos empresarios financiaran los actos del partido
El PP, como no podía ser menos, lo niega. Y otra vez el destino, siempre ese destino que nos persigue, quiere que sea nuestra conocida Ana Mato, la señora de los globos, quien ponga los puntos sobre las íes: “Las cuentas del PP en Valencia están absolutamente claras y sin sombra alguna de financiación ilegal”. Y añadió tan telenda: “Así lo dijo el Tribunal de Cuentas de Valencia y es una información que ya salió publicada”. Ya. El Tribunal de Cuentas. Pues la Agencia Tributaria ya dijo que los documentos enviados a la Sindicatura de Cuentas “no reflejaban la imagen fiel de la contabilidad de dicho partido”. Y a todo esto, ¿por qué salió Ana Mato, se preguntarán ustedes? Pues porque era la directora de la campaña electoral del PP del 2008. La que perdieron, sí. Y de la que hay constancia de financiación ilegal. Conste, pues, que cuando se le requiere a Rajoy que explique qué hace Mato como ministra, no nos referimos a las muchas gracias de su marido, sino a las suyas propias.
De euros estamos hablando de cerca de tres millones, casi todo referido a las elecciones de 2007. Y los métodos, sencillos. ¿Lo quieren en fino, pero claro? Pues lenguaje de la UDEF: “Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y el Grupo Parlamentario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las Cortes Valencianas son financiados mediante diversos mecanismos:
- Entregas realizadas por el propio PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market.
- Facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta.
- Los responsables del PPCV realizan gestiones para que empresarios, cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor, financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios.
Mediante este sistema ideado se crea un artificio con el fin de producir una mutación de la verdad a través de la alteración de alguno de los elementos esenciales de documentos del tráfico mercantil con entidad suficiente para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas con conciencia y voluntad por parte de los partícipes de enmascarar la realidad”.
Y en el centro de todo, el singular Álvaro Pérez, El Bigotes. Así, que como señala a EL PAÍS Ángel Luna, el diputado socialista que se enfrentó en las Cortes una y otra vez a Camps, la actuación durante años del PP fue “consciente, sistemática y generalizada”. (Ver entrevista completa en vídeo en elpais.com)
