Monago busca un aliado en el PSOE contra la ley del aborto
El barón popular propone un pacto para frenar la reforma. Los socialistas alientan la división del PP al forzar hoy una votación secreta en el Congreso
La oferta tiene escasas posibilidades de prosperar, pero refleja un clima de división incontenible. José Antonio Monago, el barón rojo del PP, pretende marcar las pautas de esa oposición interna a la futura ley del aborto con una estrategia dirigida a afianzar un perfil propio. Tras desatender las instrucciones del propio Mariano Rajoy, que ordenó evitar debates públicos sobre la reforma, el presidente extremeño llegó a plantear ayer una alianza con el PSOE contra el proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón. El objetivo, según fuentes del partido, es formar un frente común y conseguir así “una voz única” sobre la reforma. Monago —que gobierna Extremadura gracias apoyo de IU— hizo su propuesta, en la que llama a alcanzar una postura común y a la revisión de los supuestos que marca la nueva norma, la víspera del primer gran pronunciamiento sobre la reforma de la ley: hoy los diputados nacionales votarán en secreto una proposición del PSOE que pide su retirada inmediata.
Después de promover en el Parlamento de Extremadura un pronunciamiento que parte de la premisa de que “nadie puede negar a una mujer su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarla a serlo”, el PP de Monago quiere ahora pactar una moción conjunta en la Cámara regional con el principal partido de la oposición. El barón popular propone paralizar la reforma para lograr mayor consenso y una “combinación racional de los plazos con la regulación específica de los supuestos”. El anteproyecto impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, solo permite el aborto en casos de violación o riesgo grave para la salud de la mujer. No recoge la opción de abortar exclusivamente por causa de malformación fetal, un ángulo que incomoda, y mucho, a diversos dirigentes populares.
Francisca Rosa, portavoz regional de los populares, comentó ayer abiertamente que su formación “ofrece consenso” a los socialistas para lograr una postura común que derive en esa declaración. Esto, en términos administrativos, podría alcanzarse con un mero trámite: ambos partidos tendrían que retirar las mociones que ya habían presentado en el Parlamento regional sobre la reforma; en la suya, el PP instaba a “abrir un proceso de diálogo y debate”, la del PSOE exige la retirada de la reforma.
“Nosotros estaríamos en disposición de retirar la nuestra [moción], y finalmente a ver si se suman a ese espíritu de consenso, a esa voluntad de consenso que le estamos ofreciendo desde el Partido Popular”, afirmó Rosa. El texto de Monago, sin embargo, choca con la posición inicial del partido de Guillermo Fernández Vara y con el planteamiento de Alfredo Pérez Rubalcaba y la dirección nacional: el PSOE no rechaza el diálogo, pero paralizar el anteproyecto no es lo mismo que retirarlo; algo que los socialistas reclaman sin matices.
“Ya hubo consenso político y social en 2010 [cuando se dio luz verde a la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva]”, defiende Valentín García, portavoz socialista en la Asamblea de Extremadura. “Monago no está en contra de la ley del aborto; pide que se paralice, pero nosotros no nos conformamos con esto”, agrega antes de reiterar: “Si quiere consenso, bienvenido el consenso de 2010”.
El PSOE defenderá hoy en el Congreso de los Diputados esta postura con el impulso de las movilizaciones de las últimas semanas, en las que —primero en el Tren de la Libertad y después en varias mareas violetas— decenas de miles de personas han salido a la calle para exigir al Gobierno que no siga adelante con la tramitación de la polémica ley. Los socialistas han forzado una votación secreta de una iniciativa sobre la reforma, con la que tratan de mantener la presión contra el Ejecutivo de Rajoy, poner a prueba la cohesión del Grupo Parlamentario Popular y tratar de favorecer la disidencia interna. Algo que ya están logrando en decenas de Ayuntamientos, en los que, gracias al apoyo o la abstención de ediles populares, se están aprobando mociones que exigen la retirada inmediata de la reforma.
Pero es muy complicado que lo que está ocurriendo en algunos municipios pequeños y medianos —muy autónomos— se repita en los grandes. Y más difícil aún que se dé en el Senado o el Congreso. Sin embargo, muchos diputados populares, empezando por la vicepresidenta de la Cámara baja, Celia Villalobos, ya han manifestado públicamente su oposición a la futura ley. Y, al margen de la postura oficial de la dirección nacional, en el partido mayoritario hay varios dirigentes que solo ven necesario modificar la edad, actualmente fijada en 16 años, para poder abortar sin permiso paterno.
El PP no es la única formación con división de opiniones sobre la futura ley. Pero en otros grupos la discrepancia no supone un problema de imagen ni de cohesión. Así ocurre, por ejemplo, en CiU y el PNV, en los que suele haber libertad de voto. Tanto los socialistas como Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, Garoa Bai y Coalición Canaria-Nueva Canaria, en cambio, se oponen a la reforma.
De hecho, numerosas diputadas de estos partidos —y todas las de PSOE, IU, BNG y Amaiur— han suscrito un compromiso impulsado por 150 organizaciones de mujeres, con la Plataforma Feminista de Alicante a la cabeza, que piden el voto en contra del proyecto Gallardón. El documento, llamado Pacto entre mujeres, en recuerdo a lo ocurrido en la legislatura constituyente cuando varias parlamentarias rompieron la disciplina de voto de su partido para pronunciarse en contra de la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona, se dirigía en gran medida a las diputadas del Partido Popular. Apelan a su “conciencia de mujer”.
