La estrategia de las células dormidas
En un abrir y cerrar de ojos, el Tribunal Supremo sumó tres causas contra Garzón
Desde el mismo momento en que se conoció el caso Gürtel, el PP se fijó un primer objetivo: neutralizar, por todos los medios, al juez Baltasar Garzón.
En la celada sirve, por ejemplo, una ridícula cacería a la que asistieron Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, organizada por un exconcejal del PP… ¡y con otras cincuenta personas! Ayudó lo suyo la prensa de la caverna, azuzada hasta el paroxismo por un PP en efervescencia. Igual que Dolores de Cospedal, acusando sin pruebas a la policía —“socialista”, decía ella— de espiar ilegalmente al PP. Alguna frase del propio Rajoy durante aquellos días: “Garzón es socialista, ha pertenecido al partido socialista y debe abstenerse en la causa contra el PP”.
Mientras, Federico Trillo ya había empezado a trabajar. Si ya se anuló el caso Naseiro hace más de 20 años, por qué ahora el PP no va a lograr, de nuevo, salir indemne de un proceso judicial, digan lo que digan las pruebas. Así que a intentar otra vez un Naseiro 2. Logra que se permita al PP personarse en la causa, lo que le da oportunidad de saber todos los pasos de los jueces. Pone una zancadilla y otra a Pedreira al que se presiona sin cuento. Se utilizaron amigos y enemigos, incluido su confesor. Lo cuenta Ernesto Ekaizer, en El caso Bárcenas, Editorial Espasa. Trillo miente una y otra vez (véase José Manuel Romero, La defensa más mendaz, 12 de agosto de 2009). Y aún hace más cosas: se persona en la tienda del sastre José Tomás —al que llamó “estafador”— para arreglar el caso con el propietario. Era el momento en el que la política de nombramientos y codazos en el escalafón que de siempre había ejercido la derecha judicial, tan bien representada por los José Luis Requero, Ángel Calderón o José Manuel Maza, sobrevolados de continuo por el espíritu puro de Federico Trillo tenía que dar sus frutos.
En ese grupo, añadamos a Adolfo Prego, hoy defensor de Dolores de Cospedal. También echó una mano el exministro José María Michavila, con un encuentro que organizó en febrero de 2010 en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), en el que reunió a magistrados del Supremo y de la Audiencia afines al PP. Algunos nombres: Manuel Marchena, Enrique López o Eloy Velasco. Sin olvidar al vicedecano del Colegio de Abogados, Luis Rodríguez Ramos, defensor de varios implicados en Gürtel. Se habló largo y tendido del caso. Finalmente, todas las células dormidas se levantaron ante el sonido de los pífanos y se portaron como de ellos se esperaba. Ya se sabe que quien siembra, recoge, y quien logra tener cerca a compañeros del Opus Dei, por ejemplo, obtiene una gracia singular.
Pasó que Garzón, ante los claros indicios de que alguno de los abogados defensores podía estar actuando en realidad como cómplice, ordenó que se grabaran las conversaciones de los abogados con sus defendidos en la prisión. Las dos fiscales del caso, Concepción Sabadell y Myrian Gloria Segura, dieron su visto bueno, expurgando lo que fuera exclusivamente de “estrategias de defensa”. Pero la suerte ya estaba echada. Ignacio Peláez, (ver recuadro) hizo su parte. En un abrir y cerrar de ojos, el Supremo sumó tres causas contra Garzón: la investigación de los crímenes del franquismo, el cobro de unos cursos en Estados Unidos y las escuchas del caso Gürtel. En un tiempo récord, la derecha logró con Gürtel lo que con tanto ahínco buscaba: la inhabilitación de Garzón como juez. Y por once años. De los otros dos casos no quedó ni rastro porque en ambos fue declarado inocente. Una demostración más del montaje. ¿Acabó aquí la persecución? En absoluto. Este 16 de enero conocimos que “el expediente de petición de indulto a Garzón ha estado perdido más de un año”. ¿Alguien da más en esta feria de iniquidades?
Reconozcamos, pues, cuánto trabajó Trillo. Tanto que el 21 de diciembre de 2009, el PP pagó 69.600 euros al Estudio Jurídico Labor en concepto de “coordinación defensas”. Los administradores de dicho Estudio son dos hijos del hoy embajador español en Londres, Federico Trillo.Todo sea por la causa.
Ignacio Peláez: Un abogado muy singular
El ahora simplemente abogado Ignacio Peláez tiene un gran currículum. Fue Fiscal en la Audiencia Nacional bajo las órdenes de Eduardo Fungairiño, formando parte de aquellos famosos "indomables" que pretendieron suplantar a los ministros del Interior. De aquella época, 1999, data su enfrentamiento con Garzón. Peláez se opuso con todas sus fuerzas a la extradición de Augusto Pinochet. Tiene el denunciante de Garzón una muy completa hoja de servicios. Ahora defiende al empresario leonés José Luis Ulibarri, uno de los principales implicados en el caso Gürtel por supuesto cobro de comisiones ilegales.
También llevó la defensa del ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana Rafael Betoret, condenado por la causa de los trajes, por la que también se juzgó al expresidente Francisco Camps. Betoret, finalmente, aceptó los cargos y devolvió los trajes. Pero es que además es el abogado de Jorge Dorribo, el empresario farmacéutico que acusó sin fundamento alguno —según la sentencia sobre el caso— al exministro de Fomento José Blanco de haber recibido una comisión de 400.000 euros a cambio de supuestos favores. Dorribo orquestó con El Mundouna tremenda campaña contra el exministro. Era falso, pero nada pasó.
¿Algo más? Pues sí: Peláez estuvo envuelto en 2006 en un extraño asunto de la falsificación de una carta con los famosos Albertos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, aunque finalmente fue absuelto “porque cumplía órdenes de sus clientes”. En aquella ocasión le defendió el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, que ahora, qué casualidad, defiende a Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel.
