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El ‘desnudo’ integral del gasto autonómico

Los expertos de Montoro analizarán si las autonomías están bien financiadas Los autores de la nueva metodología niegan que se oculten las balanzas fiscales

Foto: atlas | Vídeo: ALBERT GARCÍA
Lluís Pellicer

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de una “nueva metodología” para calcular las balanzas fiscales desató la indignación de CiU y sus socios parlamentarios de ERC. Ambos ven tras ese cambio la intención del Gobierno de minimizar el déficit fiscal catalán. Sin embargo, los autores del informe cuya metodología se presentará este viernes en Girona defienden que las “cuentas públicas territorializadas”, como se ha bautizado a ese nuevo sistema, no pretenden ocultar los saldos fiscales, sino desglosarlos en múltiples partidas, haciendo énfasis en las que tienen una lógica territorial. Además, las cuentas públicas recogerán todos los impuestos —también los autonómicos y locales— para valorar si las comunidades están bien o mal financiadas.

Ángel de la Fuente, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), será el encargado de presentar en el XXI Encuentro de Economía Pública de Girona el trabajo. Un sistema de cuentas públicas territorializadas para España, que ha elaborado junto a Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza, y Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia. La metodología será presentada de forma oficial el día 7 de marzo.

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El sistema propuesto por los autores consiste en separar partidas que se asignen territorialmente y las que no responden a esa dinámica para ver hasta qué punto una comunidad está mejor o peor tratada en términos “per cápita” en lugar de observar “si en una región determinada entra más de lo que sale”. Los autores justifican en un primer borrador del trabajo que la localización de algunos gastos como el militar, las prestaciones por desempleo o las subvenciones agrarias no deben preocupar al ciudadano, puesto que “las diferencias” entre regiones pueden deberse a que algunos servicios requieren estar ubicados en determinadas áreas o a las características de poblaciones o territorios. En cambio, el gasto per cápita en protección policial sí puede alertar “de diferencias de trato entre colectivos de ciudadanos con idénticos derechos”.

De la Fuente explicó que para ver esas diferencias se dividirán los saldos en multitud de partidas que contengan toda la información para luego poner el foco en las que “sean preocupantes en términos de equidad”. A su vez, el informe exige también un esfuerzo de homogeneización dada la autonomía tributaria y competencial de las comunidades.

Otra diferencia con las balanzas fiscales está en que las cuentas públicas territorializadas recogen el gasto de todas las Administraciones —también las autonómicas y locales—, y no solo la acción del Gobierno central y la Seguridad Social en el territorio. Para ello, el sistema no examinará en qué gastan las comunidades, sino sus ingresos tributarios. Y los valorará construyendo lo que denominan una “administración central aumentada”, como si de ella salieran todos los recursos tributarios que luego irían a las autonomías mediante transferencias. De la Fuente aseguró que ello “permitirá tener una fotografía más completa, sin entrar en qué gastan o no” y a la vez “ver si las comunidades están bien financiadas”.

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El sistema usa el método de carga-beneficio y el resultado estará neutralizado. De la Fuente negó que sirva para ocultar las balanzas fiscales y dijo que los investigadores podrán elaborarlas porque contendrán todos los datos necesarios. En 2008 el Ministerio de Hacienda, dirigido por Pedro Solbes, encargó su cálculo al Instituto de Estudios Fiscales de acuerdo con una metodología consensuada por una comisión de expertos. Los resultados se proporcionaron con los métodos de carga-beneficio y del flujo monetario.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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