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Los hermanos que rompieron el veto de Franco

EE UU acató la censura impuesta por el franquismo sobre el accidente de Palomares

Pero dos periodistas se apañaron para saltarla

Uno de ellos sigue viviendo allí

Tito del Amo, el jueves en su chiringuito de Mojácar, Tito’s. Ampliar foto
Tito del Amo, el jueves en su chiringuito de Mojácar, Tito’s.

Tito‘s es uno de los chiringuitos más concurridos de la playa de Mojácar (Almería). Con palmeras, mirador al mar, cocina de toque oriental y música en directo los domingos. Pocos de sus clientes conocen, sin embargo, la historia completa de su propietario, un norteamericano bonachón, de larga melena plateada, que aún no ha perdido el acento pese a llevar casi 50 años en España. Como tampoco saben que llegó a la Península por su hermano. “André vive ahora recluido en Filipinas. Solo le interesa el windsurf”, relata Tito del Amo, 75 años, dos más que André.

Los Del Amo, que nacieron en Los Ángeles en plena II Guerra Mundial, decidieron regresar a la tierra de sus antepasados. André llegó primero y encontró trabajo en la oficina de United Press International (UPI) de Madrid dirigida por Harry Stathos, un veterano periodista que había combatido en la Guerra de Corea. Luego llegó Tito. “Nada más aterrizar, en 1965, André me dijo que tenía que conocer dos cosas: Mojácar y Pamplona. Decidí empezar por el primero y me enamore al instante”, recuerda ahora.

La playa de Palomares, en 1966, durante la carga en el barco estadounidense de los bidones de arena contaminada. ampliar foto
La playa de Palomares, en 1966, durante la carga en el barco estadounidense de los bidones de arena contaminada.

Así empieza la relación de André y Tito con las bombas de Palomares. A primera hora del 17 de enero de 1966, un bombardero del Mando Aéreo Estratégico de Estados Unidos, que transportaba cuatro bombas atómicas, cada una con un poder de destrucción 75 veces superior a las lanzadas sobre Hiroshima, choca con un avión cisterna KC-135 durante una operación de reabastecimiento sobre el cielo de Almería. Todos los miembros de la tripulación del KC-135 fallecen y solo sobreviven cuatro de los siete del B-52. Tres de las bombas caen en tierra y dos de ellas sufren una pequeña explosión convencional esparciendo material radioactivo. La cuarta se hunde en el mar.

Inmediatamente, la Embajada de EE UU en España informa al Gobierno de Franco. La comunicación se establece a través de Agustín Muñoz Grandes, entonces vicepresidente del Gobierno, y del Ministerio de Asuntos Exteriores, por una parte; y el embajador estadounidense en Madrid, Angie Duke, por otra. Prácticamente en el mismo momento, las agencias de noticias extranjeras comunican la noticia del “accidente aéreo” sin mención alguna al armamento atómico. Muñoz Grandes se apresura a “coordinar” con los estadounidenses la información que debe darse a la prensa. El comunicado del Ministerio del Aire español evita incluso especificar que se trata de un bombardero —habla de un “jet de gran radio de acción”— y se limita a señalan que buscan recuperar “elementos de carácter secreto militar”. Franco había dado instrucciones de lo que se podía decir y no y vetó cualquier referencia al armamento atómico, según confirma ahora el informe del Proyecto de Investigación Histórica Número 1421 del Departamento de Estado de EE UU, desclasificado recientemente para la ONG National Security Archives, y que en principio debía permanecer secreto hasta 2035.

La preocupación de Franco consistía en no dañar la principal fuente de ingresos del régimen, el turismo. Pero Washington también tenía su propio objetivo para acatar el veto de la dictadura. Según el informe del Departamento de Estado, Duke recibió instrucciones de hacer todo lo posible para mantener la autorización española para seguir sobrevolando su territorio, algo que, sin embargo, quedó prohibido cinco días después del accidente. “En un principio, el Departamento de Estado quiso dar publicidad al tema nuclear. El Gobierno español, sin embargo, se negó rotundamente a facilitar cualquier detalle a la prensa”, explica el documento oficial.

Lenta negociación

Rafael Méndez

Los restos de las bombas de Palomares no son solo un estigma para la población. Son también un incordio diplomático entre Estados Unidos y España. Los dos países negocian desde 2005 (cuando prorrogaron los pactos de 1966 y 1997) cómo llevar a cabo una limpieza definitiva. El Gobierno español realizó un amplio muestreo en el que detectó que quedaban unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con plutonio (medio kilo en total), que se estaba empezando a desintegrar en americio. Ante la posible dispersión de la radiación por las obras en la zona, los terrenos fueron expropiados y vallados (pese a que durante décadas se cultivó en ellos). Estados Unidos colaboró con 1.983.000 dólares para el estudio.

Sin embargo, la negociación avanza muy lentamente. “Sigue siendo un tema en las relaciones bilaterales, pero los americanos dan la impresión de arrastrar los pies”, resume una fuente española. El asunto salió en la visita que el secretario de Energía estadounidense, Ernest Moniz, realizó en noviembre a Madrid, como antes en las reuniones entre altos cargos de Washington y Madrid.

En febrero de 2012, Margallo anunció que había “recibido garantías [de Estados Unidos] de que retirará con rapidez las tierras contaminadas de Palomares”. En abril de ese año, Hillary Clinton auguró buenas noticias en breve y que dejaría el caso resuelto antes de dejar la Secretaría de Estado. La dejó sin arreglarlo, Obama ganó la reelección, cambió el embajador en Madrid y el tema sigue ahí.

A falta de avances significativos, la discusión se centra en asuntos técnicos. El Ciemat, el centro español encargado de la vigilancia, presentó al Consejo de Seguridad Nuclear un plan para compactar la tierra y reducir el volumen a tratar. Estados Unidos lo considera innecesario y sostiene que, de llevarse los residuos, se llevaría toda la tierra. Además pidió un informe sobre si el terreno contenía otro tipo de residuos como fertilizantes o metales pesados.

Washington quiere el compromiso de que, si se lleva la tierra, España renuncia a cualquier reclamación posterior, algo que Madrid puede aceptar. El principal escollo es el precedente que supone para EE UU retirar los bidones con tierra contaminada, ya que ha realizado pruebas atómicas en muchos lugares remotos y teme recibir reclamaciones similares.

En un primer momento, la estrategia funcionó. El 19 de febrero, dos días después del accidente, la prensa pareció perder interés, para satisfacción de los políticos. El director general de Norteamérica del Ministerio de Exteriores, Ángel Sagaz, se reunió con Duke para resaltar el temor de las repercusiones que podría tener en la opinión pública española que se supiera la pérdida de una de las bombas (la que cayó al mar no se había localizado) y las consecuencias de la radiación atómica. Las reticencias españolas eran tan grandes que incluso rechazaron la propuesta estadounidense de dar el visto bueno a un comunicado en el que se agradecía a España su colaboración. Preferían el silencio. Lo que no sabían los dos diplomáticos es que André del Amo ya había salido en coche hacia Almería en compañía de Leo White, corresponsal del británico Daily Mirror. El coronel Barnett Young, jefe de Prensa de la Fuerza Aérea, les advirtió de que no husmearan. “No es lugar para historias escandalosas o hipótesis descabelladas”, respondió cuando le preguntaron si el bombardero transportaba bombas atómicas.

Según relata Tito del Amo, su hermano logró la exclusiva en el viaje de vuelta. “Cuando regresaba se encontró con un policía militar estadounidense que buscaba a alguien que pudiera traducirle. Quería que unos locales se marcharan de la zona porque existía peligro de radioactividad. André no dijo nada y tradujo. Al regresar al coche, le preguntó inocentemente si estaban preocupados por las bombas. Y, sin más rodeos, el militar estadounidense le confirmó todo”. Al día siguiente, The New York Times publicó la historia de UPI y, además de reconocer que había una bomba atómica, describía la masiva operación de búsqueda que se realizaba en las proximidades de Palomares.

Los documentos estadounidenses desclasificados ahora señalan que cuando Franco leyó la noticia de UPI enfureció hasta tal extremo de que ordenó censurar la publicación de esa noticia en España, prohibió la distribución de la prensa extranjera y ordenó a Sagaz que se quejara duramente ante Duke y amenazara con “medidas unilaterales”. De acuerdo con el telegrama enviado a Washington que resume la reunión, Sagaz habló de “extrema preocupación”, “emergencia” y “crisis”. El embajador estadounidense también llamó por teléfono a Stathos retándole a que revelara las “fuentes diplomáticas estadounidenses”. Preocupado, el delegado de UPI reconoció que la confirmación la había obtenido por “otras fuentes” y pidió disculpas por haber enviado la información sin comprobarla con la Embajada.

Andre del Amo en los años sesenta. ampliar foto
Andre del Amo en los años sesenta.

El Gobierno estadounidense tardó 40 días en reconocer oficialmente la existencia de bombas atómicas a pesar de las pruebas. Para ello había que retorcer la verdad. En otros documentos desclasificados, en este caso de la Comisión de Energía Atómica, se encuentra un argumentario preparado expresamente para unificar el mensaje de los portavoces oficiales de EE UU. Un cuestionario de 23 preguntas —las más difíciles que podía formular el periodista más agresivo— cuidadosamente respondidas para defender la versión oficial.

Las instrucciones eran claras: negarse a contestar sin rubor, desviar la atención e incluso poner en cuestión al propio periodista. A la pregunta, “¿Ha perdido Estados Unidos una bomba atómica?”, la respuesta sugerida era: “El Departamento de Defensa señaló que llevaba a cabo una búsqueda de ‘material clasificado’. Por razones de seguridad, no podemos hacer más comentarios. [Y si fuera necesario] No confirmamos o desmentimos la localización de ninguna bomba atómica”.

Bidones llenos de arena contaminada en 1966. ampliar foto
Bidones llenos de arena contaminada en 1966.

Y si alguien preguntara por el riesgo que corría la población. La respuesta sería: “No puedo hablar de cantidades porque es un tema clasificado. ¿Conoce usted cuando se puede considerar peligroso? Lo que podemos decir es lo que hemos dicho: los expertos tienen pruebas de que no es peligroso para la salud”.

Quizá por los problemas con Franco o porque los norteamericanos no encontraban la cuarta bomba, Stathos y el corresponsal de AP, la otra agencia estadounidense en España, propusieron al otro hermano Del Amo que persiguiera el tema. “Como la cosa se alargaba, me contrataron para que lo cubriera sobre el terreno. Yo tenía casa allí. Me pagaban 500 pesetas al día, una pequeña fortuna. Me alquilé un Seat 600 y así me quede seis semanas en Palomares”, recuerda Tito. El trabajo consistió en seguir la búsqueda de la bomba en el mar y las tareas de descontaminación y enviar toda la información y las fotografías que obtuviera. El material gráfico era tan abundante [alguno se publica junto a este texto] que cada dos días viajaba en su Seiscientos a Murcia para darle los carretes al maquinista del tren de Madrid. “Era difícil porque nadie quería decir nada. Pero era mi trabajo”, recuerda Tito desde el chiringuito que levantó a 18 kilómetros del lugar de sus recuerdos.