Cristóbal Montoro: “La reforma local ni privatiza ni destruye lo público”

Una de las leyes "más innovadoras y ambiciosas de las Administraciones públicas". Así ha calificado este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la reforma de la Administración local, orientada a cambiar un modelo "excesivamente complejo y desordenado" formado por 8.117 municipios. Lo ha hecho durante su intervención en el pleno del Senado que vota la reforma, sobre la que la oposición ha presentado siete vetos y más de 400 enmiendas. "Esta ley garantiza prestación de servicios básicos en toda España con independencia del lugar. No hay menoscabo de tutela financiera reconocida en los estatutos de autonomía. Ni privatiza ni destruye lo público", ha señalado Montoro antes de incidir en que "contribuirá a que 2014 sea el primer año en el que se experimente crecimiento económico tras más de cinco años de recesión".

A petición del PP y CiU, la votación de la reforma ha quedado aplazada en el pleno para dar tiempo a la negociación entre ambos partidos sobre cómo se aplicará esta ley en Cataluña, el asunto que aleja a los catalanes del apoyo a esta norma desde que se inició la tramitación en el Congreso. El anuncio ha llegado después de siete horas de debate en el hemiciclo. El PP llevaba todo el día negociando enmiendas transaccionadas y ha llegado a un acuerdo para respetar las peculiaridades de los regímenes forales de Navarra, País Vasco y Aragón, así como de cabildos y consejos insulares, al aplicar esta ley. CiU exige que la ley catalana prevalezca sobre la estatal, dadas las competencias recogidas en el Estatuto.

Ahorros

La cifra genérica de ahorro de la reforma, desglosada en el anexo de un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones contra el déficit que España remitió el pasado 1 de octubre a Bruselas, estima que por “supresión de servicios”, los Ayuntamientos dejarán de gastar 3.422 millones en el periodo 2013-2015. El traspaso de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales a las comunidades autónomas restará de los presupuestos 473 millones. La eliminación de empresas públicas recortará otros 1.397 millones; la gestión “integrada” de servicios y las “fusiones”, otros 1.037 millones.

El ministro, sin embargo, no ha hablado esta mañana de cifras. Ha lamentado que su grupo no hubiera podido reunir más apoyos en la tramitación parlamentaria y ha alabado la norma que, en su opinión, “revitaliza la autonomía local, que reconoce el papel de los gestores que están más cerca de los ciudadanos”. Solo el PNV, Foro Asturias y UPN se han mostrado favorables a apoyar el texto durante la tramitación parlamentaria. La votación final en el Senado se celebrará esta tarde.

Los portavoces de la oposición han atacado duramente las palabras del ministro: “Ha dicho algunas cosas que son verdad y otras que no se cree ni él”, ha asegurado José Manuel Mariscal (IU). “La reforma es un ataque contra la democracia basado en un discurso de derroche de recursos que no es cierto. Los Ayuntamientos tienen el 4% deuda de las Administraciones públicas. Y el 40% del total corresponde al Ayuntamiento de Madrid, que tiene una deuda tan grande como la que usted dice que nos vamos a ahorrar con esta reforma”. IU ha abogado porque desaparezcan las Diputaciones y se mancomunen los servicios a través de las comarcas.

Para el portavoz Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Saura, supone “el mayor ataque a la autonomía municipal". A lo que ha agregado: "Vamos a dejar a los Ayuntamientos sin mínimas competencias, esto es una barbaridad que nace del espíritu de recentralización del proyecto. No habla de las personas, de la calidad de vida”.

A lo largo del día los portavoces de la oposición han repetido que se trata de una reforma "regresiva", que representa un "ataque a la autonomía local", y hasta que supone una vuelta al "caciquismo".

El senador del PP, Antonio Sanz, ha acusado a la oposición de no haberse leído el texto actual. "No hay una sola línea en que se habla de la privatización de los servicios".  Según Sanz, la oposición del PSOE se basa en amenazar permanentemente con recurrir al Tribunal Constitucional.

Durante la sesión de la mañana, una decena de alcaldes socialistas han participado en un acto de protesta frente al Senado. En él, Gaspar Zarrías, secretario de política municipal del partido, ha recordado que "ya se han eliminado 300.000 empleos públicos". Zarrías vaticina que los servicios municipales básicos, como el agua o las basuras, "serán más caros", gracias a la ley. "Esta es una contrarreforma brutal que no va a resolver ningún problema. Quieren crear paquetes rentables [de contratos] para que las empresas privadas se repartan el territorio". El PSOE cree que la norma no va a sobrevivir "porque la cambiará el próximo Gobierno" y porque es "inconstitucional".

Este lunes también han protestado ante el Senado los alcaldes rurales de Entidades Locales Menores. Las pedanías y concejos dejarán de ser consideradas, con esta reforma, como entidades locales, lo que pone en riesgo su patrimonio.