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De ley a ley... Y tiro porque me toca

La pugna entre PSOE y PP por la norma de Seguridad Ciudadana recuerda la de hace 21 años

El socialista José Luis Corcuera saluda el viernes al presidente del Congreso, Jesús Posada (PP).

El Ministerio del Interior acaba de presentar su proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sigue la estela de la norma del mismo nombre que fue impulsada por el socialista José Luis Corcuera en 1992. La ley Corcuera, que altos cargos de Interior no han dudado hoy en calificar de "buena" o incluso "muy buena", fue sin embargo aprobada con el voto en contra del Partido Popular, que dirigía José María Aznar. El PP arremetió entonces contra la legislación socialista casi con la misma furia con que ahora el PSOE se opone al proyecto del ministro Jorge Fernández.

La denominada ley Corcuera fue aprobada en el Congreso el 13 de febrero de 1992 por 190 votos a favor (PSOE, CiU y PNV), 126 en contra (entre ellos los del PP) y 2 abstenciones. El debate final fue bronco y a cara de perro, similar al tono que habían tenido las sesiones celebradas durante los anteriores meses de tramitación parlamentaria.

Federico Trillo, hoy embajador en Londres y entonces portavoz del PP en asuntos de Justicia e Interior, atacó sin piedad a Corcuera, le acusó de desoír a la oposición y a la opinión pública, y le anunció que su partido recurriría al Constitucional para tumbar la ley o parte de ella. Lo mismo que ha hecho ahora Eduardo Madina, secretario general del grupo socialista, contra el proyecto del PP, lo que le ha acarreado que el ministro Fernández le acusara, de forma airada, de actuar con precipitación y de decir "tonterías".

Han transcurrido 21 años y la historia parece repetirse, aunque con los papeles invertidos: si entonces era el PP el que zahería al PSOE, hoy es el PSOE el que reprende al PP. Como en un peculiar juego de la oca político.

En el debate final de 1992, Trillo clamó contra Corcuera: "La libertad y la seguridad no son magnitudes equiparables. La libertad y la seguridad no están en la misma proporción ni en la Constitución ni en un Estado democrático, nunca. La libertad es prioritaria y la seguridad están en relación a la libertad, en relación de medio a fin". Y prosiguió con ardor: "No es, por tanto, limitando la libertad como se alcanza mayor seguridad; no es limitando las libertades ciudadanas como vamos a conseguir mayores cotas de seguridad ciudadana".

El apasionado Trillo anunció entonces que el PP había tomado, "por unanimidad", la decisión de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley Corcuera en cuanto esta fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado. Aclaró que lo haría especialmente en relación con el artículo 21 de la norma (el que se conoció como de la patada en la puerta porque facultaba a la policía a entrar en viviendas sin autorización judicial) y el artículo 20, que permitía la retención de transeúntes a efectos de su identificación.

El diputado del PP acometió a Corcuera: "¿En qué medida es constitucional esa retención? Tiene que aclararlo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el retenido tiene menos garantías que el detenido o que el que tenga una orden de detención de un juzgado? ¿Por qué no tiene asistencia letrada? ¿Por qué no se determina el tiempo máximo de su permanencia en dependencias policiales?"

Tras solicitar al ministro socialista que dejara en suspenso los artículos 20, 21, 37 y 38, el diputado Trillo le advirtió de que le sometería a un férreo marcaje: "El Grupo Popular y yo nos comprometemos a preguntarle a usted cada semana por la aplicación de los artículos 20 y 21. Para que usted, que tiene obligación de dar cuenta aquí, nos cuente en qué casos y para qué cosas se han aplicado los artículos 20 y 21 de su ley".

El artículo 37 de la ley socialista no le gustaba al PP porque entendía que daba un valor hiperprobatorio a lo que dijera un policía, lo que dejaba indefenso a un manifestante u otra persona denunciada. Tampoco veía justo el artículo 38, que forzaba a cualquier ciudadano a pagar la multa primero, y a reclamar después.

En noviembre de 1993, el Constitucional declaró contrario a derecho el artículo de la patada en la puerta, tras lo que el ministro Corcuera presentó su dimisión. ¿Qué ocurrirá ahora con la ley Fernández? El tiempo lo dirá.

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