El juez Castro embarga el palacete de los duques de Palma
El instructor retiene la mansión de 1.000 metros cuadrados y otras 15 propiedades porque Urdangarin y su socio Torres no han pagado la fianza de 6,1 millones
El juez del caso Urdangarin, José Castro, se acerca al cierre de la causa penal para elevar el sumario a la Audiencia de Palma para la celebración del juicio público. Antes de concluir la única subpieza pendiente, centrada en la eventual nueva imputación —por supuesto delito de blanqueo de capitales— de la infanta Cristina, el instructor ejecutó este lunes el embargo del palacete de Pedralbes. Esta mansión de 1.000 metros cuadrados en Barcelona, cuya propiedad comparten a medias la Infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin, había sido puesta en venta por 10 millones de euros. Doña Cristina se ha desplazado a Suiza con sus hijos y el palacete estaba ahora vacío.
El juez Castro actuó para trabar este y otros 15 bienes porque el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, no abonaron ni hicieron frente en efectivo ni con avales bancarios a la fianza de responsabilidad civil, solidariamente para ambos, de 6,1 millones de euros. La caución fue inicialmente de 8,2 millones y quedó rebajada por la Audiencia de Palma al asumir que se tenía que restar el IVA ya pagado. Urdangarin alertó de que en el caso de un doble pago tributario sufriría un “injusto empobrecimiento”.
La fianza civil fue dictada para asegurar que, en el supuesto de una condena, existan fondos o patrimonios ejecutables a nombre de ambos reos en una cantidad suficiente para resarcir a las arcas públicas del dinero malversado. El Instituto Nóos de Torres y Urdangarin se embolsó en convenios y contratos directos unos ocho millones de euros de fondos de los presupuestos autonómicos en los tratos y negocios sucios que, según la fiscalía y el juez, tuvieron con el Gobierno de Baleares y la Generalitat Valenciana bajo gobiernos del PP.
El bloqueo patrimonial afecta a la mitad indivisa del palacete —la teórica parte de Urdangarin— y otras tres viviendas menores en Palma y Terrassa, de las que los duques de Palma y su sociedad privada Aizóon son titulares. El total es de 16 propiedades por la anotación individual de garajes, trasteros y aparcamientos. El embargo judicial se extiende sobre las propiedades de Diego Torres, por las casas que comparte con su mujer Ana María Tejeiro —imputada— en Sant Cugat y Mataró (Barcelona), Palma y Mahón.
La fianza de 6,1 millones es solidaria y es exigible a uno a u otro socio o ambos a la vez, al no abonarla mediante acuerdo entre ambos, que están en una encarnizada pugna en los tribunales, acusados de los mismos supuestos delictivos.
Castro sostuvo que Torres y Urdangarin no son “los únicos criminalmente responsables” y reprochó a los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana la falta de control sobre sus fondos. Las Administraciones son para el juez “merecedoras del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre las mismas pesa”.
El juez Castro explica que el fiscal Pedro Horrach desaconsejó que se abriera una investigación concreta sobre el préstamo de 1,2 millones que le hizo el Rey a su hija, en 2004, para adquirir el palacete. Sobre esta hipotética “donación encubierta”, el fiscal considera que en el ámbito administrativo —una sanción de Hacienda— o su carga penal está fuera de su posible persecución y los plazos han prescrito.
Un informe de la Agencia Tributaria entregado al juez reseñó la existencia de dos transferencias bancarias del Monarca de 600.000 euros cada una a la cuenta de doña Cristina. El juez señala en un escrito que no ha iniciado indagación alguna ni reclamado informe sobre esta operación, al considerar que es un traspaso interno de fondos entre dos miembros de la familia real.
Además, la Audiencia de Palma refutó este lunes la pretensión de Diego Torres de incluir como posible prueba en el sumario un correo electrónico privado de Urdangarin que su exsocio aportó a la causa, entre otros muchos. Torres quiso acreditar, por la fecha del email, la reunión que ambos mantuvieron en La Zarzuela con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante la negociación del evento Valencia Summit pagado por las instituciones autonómicas y locales.
El juez Castro acordó expulsar de la causa este y otros correos electrónicos en mayo de 2013 por entender que afectaban “a la esfera de la intimidad” de Urdangarin.
La "donación" del Rey
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, en el que desaconseja iniciar una investigación dirigida a determinar si los 1,2 millones de euros que el Rey Don Juan Carlos transfirió en 2004 a una cuenta titularidad de los duques de Palma, eran una "donación encubierta", alegando para ello que tanto a efectos penales como administrativos los hechos están prescritos.
En una providencia dictada este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma afirma no tener nada que exponer sobre las manifestaciones del Ministerio Público, por cuanto no se ha iniciado ninguna investigación al respecto ni recabado informe alguno. Fue el pasado mes de septiembre cuando la Agencia Tributaria (AEAT) reveló mediante un informe, al que tuvo acceso Europa Press, dos transferencias bancarias urgentes de 600.000 euros cada una por parte del Rey a favor de su hija y su yerno.
