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CARGOS PÚBLICOS

Monago fija en Extremadura por ley la primera limitación de mandatos

Los juristas discrepan sobre que los presidentes solo puedan gobernar ocho años

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, durante la rueda de prensa de este martes EFE

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago (PP), vuelve a ser un tipo incómodo para su partido al abrazar una bandera que la izquierda suele reivindicar. El Parlamento extremeño será el primero en limitar los mandatos en la presidencia de la Junta a ocho años. “Es necesario renovar. La época de la política como un medio de vida pertenece al pasado”, ha asegurado este lunes Monago. La limitación solo se extiende a quien ocupe el cargo durante dos mandatos sucesivos, por lo que un presidente que haya dejado de serlo podría, en el futuro, volver a presentarse sin incumplir la ley.

El PSOE sospecha que se trata de un brindis al sol, porque cualquier otro Gobierno podría modificar la norma. Incluso levanta ampollas dentro de la formación conservadora. “Es otra ocurrencia. Las reglas de la democracia representativa dicen que los mandatos dependen de la voluntad de los votantes”, asegura un alto cargo del PP de otra comunidad. A Guillermo Fernández Vara, líder socialista extremeño, le preocupa que se trate de “fuegos de artificio” del PP para esconder las abultadas cifras del paro de la región.

Su encaje jurídico también plantea un debate, aunque la Junta asegura que el proyecto de ley se aprobará este mismo martes con el aval del Consejo Consultivo y del Consejo Social (CES).

El Estatuto de Altos Cargos que recogerá este precepto incluye novedades, como la prohibición de crear más categorías de cargos políticos o la obligación de publicar las declaraciones de bienes y rentas de todos ellos, incluidos los jefes de gabinete y personal directivo de empresas públicas. Un desnudo integral que incluirá los rendimientos del trabajo, bienes muebles e inmuebles; valores mobiliarios; actividades empresariales, becas o indemnizaciones.

La norma se remitirá posteriormente a la Asamblea, donde PSOE, IU y los regionalistas Prex-Crex se han mostrado abiertos a estudiar el texto a la espera de conocer la letra pequeña.

Entre los juristas consultados hay división entre los que creen que no tiene un encaje jurídico claro y los que no ven ningún problema. “Exigiría una reforma de la Constitución. La limitación de mandatos es más propia de sistemas presidencialistas, como hace EE UU o como ocurre en países de Latinoamérica. En mi opinión, no es descabellado por razones de renovación de las élites, pero no se podría aplicar a los altos cargos”, reflexiona Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago.

En la misma línea se manifiesta Javier Pérez Royo desde la Universidad de Sevilla: considera necesaria una reforma de, al menos, “el correspondiente estatuto de autonomía”. Introducir una limitación así por ley es discutible porque la elegibilidad de una persona forma parte de “la tradición democrática”, dice, aunque, matiza, “no se trata de una cuestión de blanco o negro”.

No ve ningún problema María Antonia Trujillo, exministra socialista, exconsejera extremeña y profesora de Derecho Constitucional. “Lo que quiere hacer Monago va a cubrir un déficit en la legislación autonómica y avanza en la regeneración democrática”. Para Emilio Pajares, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, solo el Estatuto de Cataluña recoge hasta ahora la opción de que la ley pueda regular los mandatos presidenciales, pero no se ha desarrollado. Algunos políticos de otras comunidades lo han anunciado de forma más publicitaria que real, como el de La Rioja, Pedro Sanz (PP), que propuso limitar los mandatos a dos legislaturas cambiando su Estatuto de Autonomía cuando él lleva cuatro legislaturas en el poder.

La opción de norma regional elegida por Monago, que solo precisa mayoría simple, resulta “poco relevante” para otro jurista, Juan Antonio Doncel, de la Universidad de Extremadura: “Bastaría con cumplirlo. Monago se presenta como un renovador de la política, pero sus medidas son muy tímidas”.

“Habría que preguntarse la razón de ser de esa limitación, si es legítima o no”, razona María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho de la Universidad de Málaga. Y pone como ejemplo la ley socialista de paridad en las listas electorales, que fue avalada por el Constitucional.

Ese no fue el único anuncio de Monago, que quiso seguir marcando el paso con otro mensaje a Madrid: volvió a considerar “imprescindible” una reforma electoral para introducir listas abiertas.