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ETA recaba de sus jefes presos en Francia información para el desarme

La cúpula de la banda en Euskadi pide a Antza y Anboto datos sobre los zulos

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Mikel Antza, cuando fue detenido en octubre de 2004.

La banda terrorista ETA está tratando de recabar información sobre la ubicación de sus depósitos de armas entre sus dirigentes encarcelados en prisiones francesas para preparar un futuro desarme, según fuentes nacionalistas. Mikel Albizu, Mikel Antza, y Soledad Iparragirre, Anboto detenidos en Francia en octubre de 2004, son dos de los dirigentes etarras con los que la actual cúpula de la banda está intentando contactar para recabar información, por ejemplo, sobre sus depósitos de armas.

Mikel Antza dispone de mucha información sobre ETA, pese a llevar ya nueve años en la cárcel. Tras la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart (Francia), en 1992, ascendió al aparato político de la banda y fue su jefe hasta octubre de 2004, cuando fue detenido junto con su compañera, Soledad Iparragirre, en Salis-de-Béarn, a 50 kilómetros de Pau, en el sur de Francia.

Tras su detención, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la dirección de ETA fue ocupada por jóvenes procedentes de la kale borroka, con un nivel de preparación muy inferior al de sus predecesores. La cúpula actual de ETA, formada por los restos de la generación del terrorismo callejero, diezmada policialmente poco antes del cese definitivo de ETA, no dispone de mucha información sobre las interioridades de la banda.

Mikel Antza, preso en Francia, conoce la ubicación de los arsenales etarras

De ahí que no sea sorprendente que traten de conseguir los datos que sí manejan Mikel Antza y Anboto, recluidos en cárceles francesas. Hace un año, el 12 de noviembre de 2012, Mikel Antza, durante uno de sus juicios celebrados en París, hizo valer su papel de interlocutor, elegido por el colectivo de presos de la banda, al reclamar la negociación del desarme de ETA con las autoridades españolas.

El Comité de Verificación Internacional, coordinado por Ram Manikaningam, mantiene la conexión con ETA y le está ayudando a preparar el terreno para un futuro desarme, una vez cumplido su compromiso de verificación del cese definitivo anunciado en octubre de 2011. Y también está haciendo gestiones ahora, incluso en Francia, para que aflore esa información de la que solo disponen Antza y Anboto.

Inquietud en Sortu por el retraso del comunicado de ETA sobre desarme

Según fuentes nacionalistas y de la izquierda abertzale, todo apunta a que ETA anunciará próximamente un compromiso de desarme, como adelantó en julio el dirigente de Sortu Pernando Barrena. Y lo hará también en respuesta a la reclamación que le planteó en junio el Foro Social, que congregó a varios organismos de resolución de conflictos nacionales e internacionales. Lo que nadie se atreve a precisar es en qué términos.

La izquierda abertzale está inquieta porque ya se han rebasado los plazos que había previsto, entre septiembre y octubre para ese anuncio. Temen también que, al final, el comunicado de ETA sea un mero aviso de que en algún momento procederá al desarme, pero sin más compromisos.

De hijos predilectos a no gratos

En los años de plomo, los Ayuntamientos vascos en los que mandaba el brazo político de ETA promovían mociones para nombrar “hijos predilectos” a los etarras y proetarras originarios del municipio cuando salían de las cárceles. Los partidos democráticos, entre ellos el PP, se oponían a aquella práctica municipal aberrante.

Ahora, con la derrota de ETA, se han vuelto las tornas y es el PP el que promueve que a los etarras que salgan de las cárceles y no se arrepientan públicamente se les declare persona non grata del municipio. Es lo que podría suceder con bastantes de los presos beneficiados por la decisión del Tribunal de Estrasburgo de anular la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.

La decisión del PNV y del PSE de oponerse o, al menos, abstenerse ante estas mociones impedirá que esta práctica se generalice. El Gobierno central también advirtió de que iba a impedir los homenajes públicos a etarras excarcelados para no ofender a las víctimas del terrorismo. Y Sortu lo ha asumido.

Pero ahora el PP pretende aplicar otra vuelta de tuerca con las declaraciones de persona non grata a los presos que hayan cumplido su condena y no han mostrado arrepentimiento. Los dirigentes del PNV y del PSE creen que esa idea puede atacar el principio de la reinserción social. Algunos Ayuntamientos afectados, como el de Portugalete, han cuestionado que pueda ser legal porque los municipios no tienen esas competencias.

El PP, acosado por su derecha y la AVT, trata de este modo de desviar hacia PNV y PSE las críticas que le han dirigido por no haber impedido la anulación de la doctrina Parot. Pero lo único que parece haberse conseguido, por ahora, es volver a hacer protagonistas a los etarras excarcelados, aunque sea para tratar de denigrarlos.

La cuestión de fondo es que en ETA hay todavía sectores que siguen apostando por no proceder al desarme hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy muestre su disposición a sentarse con la banda para abordar la situación de sus reclusos.

Sin embargo, se va imponiendo la idea en la banda de proceder al desarme con algún organismo internacional —el propio Comité de Verificación Internacional podía reconvertirse en Comité de Desarme—, dado que el Gobierno de Rajoy rechaza su participación. Mientras tanto, la izquierda abertzale y los presos de ETA están dispuestos a culminar, de manera unilateral y sin contrapartidas, la consolidación del proceso terminal del terrorismo. El problema es que no quieren dar esos pasos hasta que ETA anuncie el proceso de desarme, según fuentes nacionalistas.

Los presos de ETA, de forma mayoritaria, parecen haber hecho caso a la petición de la izquierda abertzale de que se acojan a la legalidad penitenciaria del mismo modo que ella asumió la ley de Partidos para conseguir la legalización de Sortu, según fuentes nacionalistas.

Predomina en los presos de ETA la tesis de asumir la reinserción individual —rechazo del terrorismo, reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo...— para poderse acoger a los beneficios penitenciarios y acercarse a cárceles del País Vasco.

Si algo ha quedado patente en los dos años transcurridos desde el cese definitivo de ETA es que el Gobierno de Rajoy no va a mover pieza hasta que la banda se desarme y se disuelva y hasta que los presos asuman la legalidad penitenciaria.

Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot, el temor del Gobierno de Rajoy a la reacción de la FAES y el bloque político-mediático más duro de la derecha hace más difícil, por no decir imposible, en estos momentos, cualquier movimiento en política penitenciaria.

La izquierda abertzale, además de mantener la prudencia evitando la convocatoria de homenajes públicos a los etarras excarcelados, también está predispuesta a asumir el reconocimiento del daño injusto causado a las víctimas del terrorismo.

Es consciente de que el Gobierno de Rajoy es capaz de llegar muy lejos, incluso hasta promover la ilegalización de Sortu, si se le plantea la oportunidad, dada la presión que sufren desde su ala derecha y de asociaciones de víctimas como la AVT. José María Aznar lleva tiempo pidiendo la ilegalización de todas las marcas de la izquierda abertzale porque considera que, mientras no se adopte esa decisión, ETA no habrá perdido.

La decisión del PP de promover mociones de persona non grata a los etarras excarcelados en sus municipios de procedencia es su último motivo de preocupación. Aunque en este caso no se quedará sola porque ni el PNV ni el PSE van a apoyarlas al considerar que con esas mociones lo que pretende es “desviar hacia otros, de modo nada limpio, sus problemas con la AVT”.

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