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El PSOE plantea que los diputados no puedan cobrar por actividades privadas

Muchos parlamentarios compatibilizan el escaño con trabajos remunerados

El PSOE está estudiando proponer una modificación legal para que los diputados nacionales y autonómicos no puedan cobrar más que su sueldo público; es decir que, aunque las Cámaras les autoricen a desempeñar ciertas actividades privadas en paralelo a la del escaño —lo hacen todos los años con muchos parlamentarios—, no puedan cobrar por ellas. Esa propuesta ha llegado vía enmiendas al documento marco que los socialistas preparan para su Conferencia Política, y la dirección estudia incorporarla, según el coordinador del texto, Ramón Jáuregui.

La función del diputado es de dedicación exclusiva, según la Ley Electoral. Pero esa misma ley prevé excepciones, que en el caso de los diputados nacionales deben ser autorizadas por la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso. Muchos parlamentarios obtienen ese permiso para realizar trabajos académicos, impartir conferencias, realizar asesorías o trabajar en bufetes de abogados, por ejemplo. En 2008 solo 45 de los 350 diputados (el 13%) no desempeñaban ninguna actividad al margen de la Cámara, según datos que publicó entonces este periódico.

“Hay tres ideas clave en el capítulo de regeneración democrática de la ponencia para la Conferencia Política”, explica Jáuregui. “Primero, que se aplique a los parlamentarios el mismo régimen de incompatibilidades que tienen los altos cargos del Gobierno. Segundo, que cuando se ejerza un cargo orgánico y otro institucional no se pueda cobrar de los dos sitios; por tanto, eliminar los sobresueldos en los partidos. Y tercero, que aunque los diputados puedan tener otra actividad compatible reconocida no puedan ingresar nada por esa actividad”.

Incompatibilidades

La primera medida —la aplicación a los parlamentarios del régimen de incompatibilidades que ahora tienen los miembros del Gobierno— supondría, si fuera estricta, que los diputados, tras dejar el escaño, tuvieran que esperar dos años antes de ser contratados por empresas relacionadas con los temas en los que hubieran podido influir en su trabajo legislativo. La segunda medida eliminaría la posibilidad de que los cargos públicos cobren, además del sueldo público, una cantidad de su partido —en forma de sueldo o de dietas y gastos de representación, como es habitual, por ejemplo, en el PP—. Pero todas estas medidas son solo propuestas iniciales, que en la Conferencia Política de los días 8,9 y 10 de noviembre —en la que el PSOE quiere renovar todo su proyecto político— podrían ser asumidas tal cual, recortadas o rechazadas.