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“Beatriz, ¿por qué nadie me frenó antes de matar a papá?”

La odisea judicial de unos padres cántabros para internar a su hijo acabó en tragedia

Recinto de Fontcalent que alberga el psiquiátrico penitenciario de Alicante.

Jesús F. S. perdió diez kilos en 30 días. Se los tragó la impotencia y el sufrimiento de ver que a su hijo, con solo 30 años, se lo había comido la locura (una grave esquizofrenia) y se había convertido en una inconsciente máquina de hacer daño: a sus padres, a sus vecinos y a él mismo... Desesperado, Jesús, de 62 años (acompañado de su esposa Guillermina), pidió ayuda al juez de tutelas y a los servicios sanitarios del 061 de Santander. Y no hicieron nada.

Aquella inacción acabaría acarreando terribles consecuencias a toda la familia. Aun hoy, cuatro años después de la tragedia, ni el Poder Judicial ni el Gobierno cántabro, como responsable del 061, asumen responsabilidad alguna en lo ocurrido. Pese a que están denunciados. A Guillermina se le enrojecen los ojos cuando evoca aquella noche de locura. La que le tocó vivir en la casa que la familia posee en un pequeño municipio cercano a Santander el 22 de diciembre de 2009 (se omiten datos concretos identificativos por las patologías mentales de algunos de los protagonistas).

Si el juez o el 061 se hubiesen movido mínimamente, probablemente ni Jesús F. S. estaría hoy muerto ni su hijo, que también se llama Jesús, en el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante. Penado con 15 años de internamiento por el homicidio de su padre. Pese al gravísimo delito, fue absuelto. Es inimputable. No distinguía el bien del mal. Es un enfermo.

El juez envió a la familia al 061 y este al juez, que ha sido “incapacitado”

Sus padres se presentaron el 7 de diciembre de 2009 ante el entonces juez de tutelas de Santander, Antonio F.-D. Iban muy nerviosos y portaban un informe del psiquiatra habitual de Jesús. El doctor prescribía la necesidad de internarle con urgencia en psiquiatría del hospital Marqués de Valdecilla. No era para menos. Pocos días antes le había dado una paliza a su padre (y fueron varias). Y empezaba a acumular denuncias de algunos ancianos de la zona a los que, inopinadamente, había golpeado. La enfermedad venía de lejos, pero tomaba la medicación y nunca había dado problemas. Un chico normal. Hasta que, según la familia, dejó el tratamiento (unos dos meses antes de la tragedia) con autorización del psiquiatra. Sin las pastillas se notaba eufórico, conversador, ágil, hacía deporte... Y quería sentir una vida más normal.

“No pararemos hasta hallar justicia”

La familia de Jesús F. S. cree que su muerte estuvo precedida de un grave error judicial y por eso ha llevado este asunto ante el Consejo del Poder Judicial. Pero este órgano emitió un informe en el que entiende que el Estado no tiene ninguna responsabilidad a efectos de una indemnización por el dolor y el daño moral causados a esta familia. Y así lo ha informado al Ministerio de Justicia, que también rechazó reconocer el error.

La política del Consejo del Poder Judicial, en aras de la independencia judicial, es que solo un tribunal superior del órgano judicial implicado puede dictaminar si un juez ha adoptado una decisión incorrecta. La familia no se ha arredrado y también ha acudido a los tribunales ordinarios, a la Audiencia Nacional, frente a la decisión del ministerio y del Poder Judicial de no reconocer que la inacción del juez de tutelas contribuyó a la muerte del padre. En julio pasado fue el juicio. La sentencia está a punto de salir. “No vamos a parar hasta que se haga justicia”, apunta Beatriz, que también se pregunta: “¿Quién controla a quienes rigen nuestras vidas y de cuyas decisiones dependemos. Y no hablo sólo de jueces, también de médicos, funcionarios…?”.

Pero empezó a fabricar en su mente enemigos irreales. Y cuanto más próximos, más odio. Sin motivo. Tras dejar la medicación, convirtió el chalé en el que convivía con sus padres (enclavado en el monte y rodeado de árboles y prados) en un infierno. Pronto vino la paliza a su padre, y golpes a ancianos (“no me gustan los mayores”, decía). Provistos del informe médico, acudieron al juez de guardia, que les remitió a su colega de Primera Instancia número 11, el que en Santander se encarga de tutelar a quienes no se gobiernan a sí mismos.

El juez entendió que la agresión paterna no era un asunto tan grave. Y envío al matrimonio al 061 para que fueran ellos los que actuaran. Se toparon con la irracionalidad. El coordinador del 061 comunicó a Guillermina (está grabado y consta en el sumario) que, para internar involuntariamente a Jesús, debían conseguir una orden del juez. “No, no, el juez nada; si estuvimos directamente hablando con él, y nos dijo que no, que ellos no ingresan a nadie (…) que tiene que hacerlo el 061 y luego él ratifica”, replicaba la madre. El diálogo es una antología de la impotencia de una madre que acude a un sitio y desde este la mandan a otro y desde este otro al mismo, y así sucesivamente. Los padres volvieron a casa desolados. No sabían qué hacer. El juez los había mandado al 061 y el 061 al juez.

Días después, en la madrugada del 20 de diciembre de 2009, la esquizofrenia se apoderó por completo de Jesús. Eran las dos de la madrugada. Y Jesús se cegó “con quien más había querido en el mundo; eran inseparables: mi padre”, cuenta Beatriz, la hermana mayor. Asió un cuchillo, entró en el dormitorio de sus padres y acuchillo a su progenitor. Guillermina se interpuso y resultó herida. “Mi madre me llamó sobre las tres y media de la madrugada, y me dijo que estaba en el hospital de Valdecilla. Cuando llegué, no sabía que mi padre estaba muerto...”, recuerda Beatriz.

El magistrado que rehusó internarle fue luego ingresado en otro psiquiátrico

Semanas después su hermano sería trasladado al psiquiátrico de Alicante. El padre fue incinerado en medio de un fuerte dolor vecinal: Guillermina es muy querida y conocida por haber sido durante muchos años la practicante de la zona. Durante los dos meses siguientes al crimen, Jesús estuvo como “en una nube”. No se acordaba de nada. Su madre y hermanas eran un mar de dudas. ¿Cómo reaccionaría si le visitaban? ¿Le daría una nueva crisis? Cuando le visitaron era una persona normal. Coherente. Y era consciente de lo que había hecho. Ahora sí se toma la medicación y está considerado un interno modélico. Solo quiere ayudar a los demás internos.

El reencuentro entre rejas con su familia fue muy triste, de nudos en el estómago. “Beatriz, ¿cómo no me paró nadie antes de hacer eso?”, comentó a su hermana en Fontcalent. La familia tiene claro que el juez debió actuar. ¿Cómo? Enviando urgentemente al forense a reconocer a Jesús. Y redactando un auto ordenando al 061 su internamiento. No podía seguir así: los enfrentamientos con su padre eran frecuentes en casa. Y algunos ancianos (“no me gustan las personas mayores”, decía) de la zona se apartaban a su paso para que no les golpeara. Y crecían las denuncias por lesiones. Sin embargo, la única vez que la Guardia Civil se presentó en casa fue, no por la agresión al padre, ni a los ancianos, sino por dejar a deber diez euros en una gasolinera, se lamenta Beatriz.

No hay una estadística judicial específica, pero son frecuentes las denuncias de padres maltratados por hijos (no diagnosticados) que esconden graves trastornos mentales. Lo dicen así los fiscales de menores en sus memorias de actividades. ¿Es el juez o son los servicios sanitarios los que debieron ordenar la hospitalización de Jesús? El juez decano de Santander, José Arsuaga, señala que desde 2008 para los internamientos involuntarios se estableció un protocolo, según el cual la misión de trasladar (no internar) a un enfermo a un hospital psiquiátrico compete al 061 y no al juez. Y que solo si el psiquiatra del hospital ratifica el internamiento, en un plazo de 72 horas el juez y el forense han de visitarlo y asumir su tutela. En cambio, el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala: “El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí (...) requerirá autorización judicial (...) La autorización será previa a dicho internamiento”. Es decir, la ley encomienda ese cometido al juez (se trata de una medida de privación de libertad).

El juez que eludió internar a Jesús, de unos 50 años, ha sido jubilado anticipadamente por el Consejo del Poder Judicial. Por “incapacidad permanente” para ser juez. Y no por su supuesta inacción en el caso de Jesús, sino porque también sufre un grave trastorno mental. En agosto de 2011, se desplazó a Málaga y supuestamente acosó a una colega suya, que le denunció. La policía de Málaga se lo llevó primero a comisaría, sin detenerle, aunque opuso gran resistencia. Un colega suyo de Málaga ordenó ipso facto su internamiento involuntario en un hospital psiquiátrico, sin tener que acudir a ningún 061. “¿Por qué tuvo que morir mi padre? ¿por qué nadie frenó a Jesús?”, se pregunta aún hoy la familia.