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200 millones en 2014 para ‘adelgazar’ el submarino S-80

Industria amplía la financiación para resolver el sobrepeso de más de 120 toneladas del primer sumergible de diseño español

Construcción del submarino S-81 en los astilleros de Cartagena en enero de 2012.

El Ministerio de Industria aportará el año próximo 208,7 millones de euros para corregir el sobrepeso del S-80, el primer submarino de nueva generación de diseño íntegramente español.

 En teoría, se trata de un crédito reembolsable, a interés cero, que el astillero público Navantia deberá devolver cuando entregue el sumergible a la Armada. Lo más probable, sin embargo, es que los 15.000 millones adelantados ya por Industria para financiar los grandes programas de armamento acaben siendo condonados, pues ni en el escenario más optimista dispondrá Defensa a medio plazo de presupuesto suficiente para reintegrar esta cantidad al Tesoro.

Aún no se sabe cuánto costará subsanar el problema de diseño del S-80. Sí se sabe que la desviación en el peso es de aproximadamente el 7% del desplazamiento en rosca (sin combustible ni pertrechos), que estaba previsto en 1.700 toneladas. Es decir, unas 120, en vez de las 70 que se calculó inicialmente.

Según los expertos, el exceso de peso hace que el centro de gravedad del buque se aproxime al de empuje, lo que puede provocar un efecto peonza, además de impedirle emerger. Para evitarlo, hay que alargar el casco entre siete y 10 metros, lo que añade otras 20 toneladas y eleva el sobrepeso a un total de 140.

Lo habitual es que Industria prefinancie hasta el 60% de los nuevos programas de armamento, con el argumento de que se trata de subvencionar desarrollos tecnológicos. Sin embargo, dicho departamento ya había desembolsado más de 1.300 millones para el submarino S-80, por lo que estaría agotada casi toda la prefinanciación prevista, lo que ha obligado al Gobierno a aumentarla en más de 800 millones, hasta completar los 2.135 del presupuesto total del programa. Los primeros 208,7 se desembolsarán en 2014.

Esta fórmula permite mantener por el momento la ficción de que no aumenta el coste de los cuatro submarinos encargados por la Armada. Pero nadie duda de que, al final, se disparará el presupuesto muy por encima de los 2.135 millones previstos. Algunos expertos estiman el sobrecoste en unos 800 millones.

Defensa se niega a oír hablar de revisar el precio de los submarinos hasta que reciba el primero de ellos y compruebe que funciona. Sólo entonces decidirá si mantiene el pedido de cuatro unidades y a qué precio. Pero, dado el retraso del proyecto, eso no será antes de 2017.

Por indicación de la firma estadounidense Electric Boat, que ha firmado un contrato de asesoramiento con la Armada por valor de 14 millones, la construcción del primer submarino de la serie, el S-81 Isaac Peral, se ha paralizado, por lo que será el último en salir del astillero. La razón es sencilla: el S-81 está ya construido en más del 70%, por lo que habría que serrarlo para alargar el casco; mientras que la construcción del S-82, que se convertirá en el primero de la serie, va por menos de la mitad.

El S-80 no solo es el proyecto más costoso de la industria militar española, sino que puede convertirse en su mayor fiasco. De momento, ha dañado la imagen internacional de Navantia —que había alcanzado gran prestigio con la venta de fragatas a Noruega o Australia— y amenaza con dejar a España fuera del lucrativo mercado de submarinos.

Aunque Defensa insiste en que estos problemas son frecuentes en prototipos, el informe preliminar de Electric Boat señala graves deficiencias en los mecanismos de control y procedimientos de ingeniería. Fuentes de Navantia aseguran que los responsables del programa han sido sustituidos (incluido el director del astillero de Cartagena) y al frente del mismo se ha puesto al almirante retirado José Manuel Sanjurjo, bajo dependencia directa del presidente de la compañía, José Manuel Revuelta.

Estos cambios, fruto de la reorganización de la empresa, no suponen depuración alguna de responsabilidades. Y tampoco la ha habido en la Armada, que tenía la obligación de supervisar la marcha del proyecto.

Ni una auditoría pública, ni una comisión de investigación, ni una comparecencia parlamentaria. Algunos expertos señalan que si nadie pide responsabilidades es porque estas pueden estar repartidas: la jubilación forzosa de los ingenieros más experimentados de Navantia y la decisión de diseñar un submarino en solitario (tras romper con el astillero francés DCN) le corresponderían al anterior Gobierno.