La Audiencia reabre la causa contra Hu Jintao por el genocidio del Tibet

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reabierto la querella por genocidio interpuesta por el Comité de Apoyo al Tibet contra el expresidente chino Hu Jintao que fue rechazada por el juez Ismael Moreno el pasado junio. En un auto –resolución judicial razonada- conocido ayer, los magistrados de la Sección Cuarta admiten un recurso de apelación presentado por los representantes legales del CAT y del director de la Casa del Tibet de Barcelona, Thubten Wangchen.

La resolución, que puede suponer un obstáculo para las relaciones bilaterales entre España y China, considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos que constan en la querella por dos motivos. El primero es que “ha quedado acreditado que uno de los querellantes [Thubten Wangchen], en ejercicio de la acusación particular, ha demostrado tener la nacionalidad española”. El segundo razonamiento es que “no consta dato alguno de que las autoridades chinas hayan iniciado algún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella inicial”, presentada en el año 2008. No obstante, los magistrados recuerdan que la competencia de la Audiencia para investigar los hechos ocurridos en otros países es “residual”.

El pasado 11 de junio, el juez Velasco, con el apoyo del fiscal, rechazó ampliar la querella contra el que fue presidente chino hasta el pasado 15 de marzo aduciendo la competencia de los tribunales de ese país, teoría que el nuevo auto rechaza. El 29 de julio se celebró la vista de apelación, en la que los querellantes se quejaban de la vulneración de la tutela judicial recogida en la Constitución. El CAT recordó que Hu Jintao, antes de llegar a la presidencia de China, había sido entre 1988 y 1992 secretario del Comité del PCCh en la región autónoma del Tibet.

La querella recuerda que en esos años se produjeron "una serie de acciones conjuntadas para eliminar la propia idiosincrasia y existencia del propio país tibetano". Entre esas medidas destaca la ley marcial, desplazamientos forzosos, campañas masivas de esterilizaciones, torturas de disidentes y traslados a la región de contingentes de ciudadanos chinos para dominar y eliminar a la población autóctona.