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El PP catalán plantea otro modelo de financiación para frenar el desafío de Mas

Sánchez-Camacho traslada a Génova un sistema especial para Cataluña El Gobierno solo ve una salida: que Mas rectifique y renuncie a la consulta

La crisis independentista catalana está provocado múltiples movimientos. Una de las más interesadas en dar pasos es Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP catalán, que hoy participará en Madrid en la reunión llamada de maitines,la cúpula del partido, y ha creado un grupo que se reunirá una vez al mes también en Madrid para estudiar salidas. Sánchez-Camacho tiene una propuesta clara e intentará convencer al PP de que la haga suya: se trata de plantear una financiación específica para Cataluña dentro de la LOFCA, y un sistema nuevo que incluya límites a la solidaridad entre regiones, como en Alemania (que una autonomía no pierda posiciones de riqueza tras la aportación en la caja común), y que las ayudas sean finalistas, como en la UE. La senadora plantea también fórmulas políticas que, sin tocar la Constitución, reconozcan el hecho diferencial de Cataluña en la futura racionalización de la Administración además de poner el acento en la gestión y la revisión de competencias pendientes.

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Sin embargo, tanto en el PP catalán como en el Gobierno son conscientes de que la situación ha llegado a un punto en que una mejor financiación no resuelve el problema político. Artur Mas ya ha dejado claro que él quiere una consulta. Y el Gobierno tiene muy claro, según varios miembros consultados, que Mariano Rajoy no la va a aceptar. Ni tiene encaje constitucional —se rompería el principio de soberanía nacional— ni sería aceptada por el PP.

A Rajoy le llegan presiones y sugerencias de muchos frentes —empresariales y políticos, incluso de miembros de su Gobierno, ya que hay distintas visiones como reconoció esta semana José Manuel García Margallo— para que busque una salida. Pero ni la consulta de Mas ni la reforma constitucional que propone Alfredo Pérez Rubalcaba son factibles, según varios miembros del Ejecutivo. Rajoy ya las ha descartado públicamente. Así que el Gobierno está ahora más bien en un preocupado compás de espera. Creen que la única solución pasa por una rectificación de Mas, al que ven cada día más débil y con muchos frentes internos en CiU. Le exigen que renuncie a la consulta. “Pido una reflexión sobre los resultados de la política de este año y medio”, le dijo Rajoy desde Kazajistán. A partir de ahí se podría hablar de todo, también de una reforma radical de la financiación al estilo de la propuesta de Sánchez-Camacho u otras, aunque algunos ministros ven inviable un trato específico para Cataluña porque los barones autonómicos del PP no lo aceptarían.

Pero primero hay que despejar la consulta. Si el president no rectifica, se irá al choque de trenes: se recurrirá al Tribunal Constitucional —antes se hará con la ley de consultas que prepara el Parlamento catalán— y ahí se buscará que Mas acate de alguna manera la resolución. Lo más probable entonces serían unas elecciones plebiscitarias, lo que elevará aún más la tensión. Las previsiones del Ejecutivo son, pues, pesimistas y auguran meses de gran conflicto, aunque algunos ministros están convencidos de que CiU, para ellos la clave de todo, buscará una salida sin consulta para no arriesgarse a dejar la Generalitat en manos de ERC. Mientras se produce esta tensa espera del Ejecutivo, que no ve margen para moverse —aunque siguen las conversaciones en privado a todos los niveles— el PP catalán sí quiere hacer cosas.

El Ejecutivo ve a Mas cada día más débil, con muchos frentes internos
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Arrinconado en el Parlament y consciente de que Ciutadans le pisa los talones, quiere tomar la iniciativa. La estrategia tanto del PP nacional como del catalán pasa por dar más protagonismo a Sánchez-Camacho, después de que su papel como supuesto puente entre Mas y Rajoy quedara en entredicho cuando reconoció en público que no estaba al corriente de la entrevista que celebraron en agosto. La senadora se opone a la consulta, pero cree que hay salidas dentro de la Constitución. Su argumento es que el café para todos ha fracasado, como dijo Esperanza Aguirre en Barcelona.

Lo que en cualquier caso todos tienen claro en el PP catalán, en la calle de Génova y en el Gobierno es que hay que hacer mucha pedagogía en Cataluña. La dirección, encabezada por Dolores de Cospedal, quiere aprovechar la reunión con Sánchez-Camacho para desarrollar la oferta de acuerdo que el PP catalán ha lanzado a otras fuerzas no independentistas para enfrentarse al desafío soberanista. Sánchez-Camacho estuvo la semana pasada en Londres y propondrá emular la fórmula de los británicos con su campaña Better together (Mejor juntos) o la adoptada por los tres grandes partidos del Reino Unido, que han impulsado una campaña conjunta bajo el lema Stronger together (Más fuertes juntos) de cara a la consulta secesionista en Escocia. No parece que esta idea pueda cuajar porque, pese a la escena de salón en el Parlament, Pere Navarro ha rechazado la invitación de Camacho y no acudirá a la manifestación por la unidad de España del próximo 12 de octubre.

En Génova insisten en que la reunión de hoy debe servir para concretar y desarrollar el acuerdo que el PP quiere impulsar entre las fuerzas no soberanistas y los nacionalistas moderados para frenar los planes de Artur Mas. Se trata, según fuentes populares, de tomar la iniciativa frente a otras fuerzas, como Ciutadans, que pueden amenazar al PP catalán y el papel que desempeña Alicia Sánchez-Camacho.

El líderl del PP quiere una campaña como la de londres para "retener",

Los miembros de la cúpula saben que el debate sobre los términos de ese pacto y de la propuesta de la líder de la formación en Cataluña podría causar otra rebelión, aun soterrada, de algunos barones de Rajoy, que observan con lupa los pasos que se dan y esperan una respuesta contundente.

En este contexto, y ante la mano dura que reclama, por ejemplo, el sector de Esperanza Aguirre e Ignacio González en Madrid, la cúpula nacional del PP lleva días empleándose en lanzar públicamente y a los suyos mensajes que resumen el espíritu del presidente del Gobierno: no habrá cesiones definitivas a la Generalitat.

El número tres de los populares, Carlos Floriano, quiso dejar claro el pasado viernes ante la cúpula del PP madrileño reunida en la sede nacional del partido que "la Constitución es capaz de articular la libertad de todos los españoles vivan donde vivan", sugiriendo, además, que no puede haber mucho margen para modificar el sistema de financiación.

El secretario de Organización y Electoral puso como ejemplo la formación de Aguirre: Los nacionalistas, abundó, "se quejan de ese modelo de financiación porque en Cataluña y en las oficinas de recaudación se recaudan 27.000 millones de euros en impuestos y reciben 15.000 del Estado. Que vengan a Madrid y que vean". "Dicen que quieren instalar un clima de libertad e independencia, pero señalan a los que no piensan como ellos. Que vengan y vean cómo puede hacerse", insistió antes de pedir a los cargos populares que esfuercen en “desmontar las mentiras” del presidente de la Generalitat.

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