El Gobierno balear acusa al PSOE de querer suplantar la voluntad del pueblo”

El presidente balear, José Ramón Bauzá ha mostrado este miércoles su satisfacción porque "fracasara" en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por el PSOE contra la norma autonómica que avala que Baleares no exija catalán en sus oposiciones. Los socialistas "quieren judicializar siempre la vida política", ha señalado Bauzá en la televisión pública.

La portavoz del Gobierno balear, Núria Riera, ha dicho que la sentencia demuestra que el PSOE "va contra la mayoría política" y que quiere "suplantar la voluntad del pueblo", y acusa al principal grupo de la oposición de "ir en contra de la tarea del Gobierno" con intención de "boicotearla".

Por su parte, los socialistas han mostrado cautela ante la sentencia. "Respetamos la sentencia del Constitucional, pero analizaremos su contenido", ha declarado la líder del PSIB-PSOE balear, Francina Armengol, tras conocer la decisión del Constitucional. La portavoz socialista ha manifestado que la reforma impulsada por el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, que fue aprobada en junio de 2012, "rompe el consenso lingüístico histórico". Armengol ha advertido de que la ley será modificada cuando su formación vuelva a tener mayoría en el Parlamento autónomo. 

Los socialistas presentaron el recurso al Constitucional con la firma de medio centenar de senadores y con el respaldo del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. La líder del PSOE balear calificó de “cruzada contra la lengua propia de Baleares” la medida impulsada por Bauzá, a quien acusó de situarse "en una radicalidad extrema”.

Los socialistas argumentaban que la nueva Ley de Función Pública “atenta contra el pluralismo lingüístico” garantizado en la Constitución y contradice el principio del Estatuto de Autonomía de "normalización progresiva de la lengua catalana". Además, consideraron que se vulnera la autonomía de Ayuntamientos y consejos insulares.

Bauzá llegó con mayoría absoluta al Gobierno en junio de 2011 y se marcó como prioridad cambiar las leyes y normativas establecidas en la administración y la enseñanza para facilitar el bilingüismo en las instituciones. La anterior norma se pactó en 1986 por todos los grupos parlamentarios baleares.