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Condenados por terrorismo cuatro miembros de Resistencia Galega

Se trata de la primera sentencia contra integrantes de la organización independentista gallega

Fernando J. Pérez
Los acusados durante el jucio
Los acusados durante el jucioJAVIER LIZÓN (EFE)

La Audiencia Nacional ha condenado por primera vez por delitos de terrorismo a miembros de la organización independentista Resistencia Galega, fundada en 2005. La Sección Tercera de este tribunal ha impuesto penas de 18 años de prisión a los activistas Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez Fiallega; y de diez años a sus compañeros de banda Antón Santos y María Osorio. Los cuatro han sido hallados culpables de delitos de participación en organización terrorista y falsificación de documento oficial. A los dos primeros se les condena, además, por tenencia de aparatos explosivos con fines terroristas.

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En su sentencia, el tribunal recuerda que el 31 de noviembre de 2011, Roberto Rodríguez, de 35 años, entregó en la Gran Vía de Vigo una bolsa de deporte con tres termos cargados con un total de 4,8 kilos de explosivo a Eduardo Vigo. Tras recoger los artefactos, este condujo su Renault Clio hasta que fue interceptado por la policía, que había establecido un dispositivo de seguimiento del comando, en el peaje de la AP-9 de Teo, en Santiago de Compostela.

Las tres bombas estaban separadas por papel de periódico, y preparadas para explotar en un plazo máximo de 12 horas, según determinaron los artificieros de la policía. La investigación no logró aclarar cuál era el objetivo de los terroristas.

Rodríguez Fiallega y Vigo fueron detenidos ese mismo día. En el registro del domicilio del primero, los agentes hallaron un nuevo artefacto explosivo: una olla a presión con 3,2 kilos de una mezcla de perclorato potásico, azufre y aluminio, también preparado para ser detonado, y que, según la sentencia, habría puesto en peligro la vida de las personas en un radio de 10 metros.

En este registro, los investigadores encontraron un sobre marrón con una memoría informática USB cuyo contenido, encriptado, no ha podido ser descifrado. Y algo más relevante para la sentencia: cuatro juegos de DNI y permisos de conducir falsificados. Dos de estos juegos llevaban las fotos de Rodríguez Fiallega y Eduardo Vigo asociadas otras identidades. Los otros dos documentos fueron la pista que condujo a la policía a los otros dos activistas: tenían la fotografía de Antón Santos y María Osorio y los nombres de otras personas.

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El 3 de diciembre, estos dos activistas, de 34 y 26 años, fueron detenidos en el piso que compartían en Lugo. En este domicilio, la policía encontró documentación con posibles objetivos contra los que atentar —Resistencia Galega lleva sus acciones contra multinacionales, bancos, inmobiliarias, medios de comunicación y fuerzas de seguridad— y una garrafa con ocho litros de gasolina.

La investigación posterior determinó que los cuatro artefactos explosivos incautados en Vigo —los tres termos y la olla a presión— presentaban “idénticas características” de composición y montaje con otras bombas desactivadas por los artificieros policiales desde el año 2005 y otras que llegaron a explotar. Los partidos políticos de ámbito estatal fueron uno de sus objetivos prioritarios, recuerda la sentencia. Entre 2010 y 2011, las sedes del PSOE de Teo, Betanzos, Carral y Negreira, y la del PP de Ordes, sufrieron ataques.

Estos cuatro activistas, procedentes de la organización juvenil independentista Assembleia da Mocidade (AMI), ya habían sido reseñados por la policía. Antón Santos tenía antecedentes por daños y desórdenes públicos, y se le atribuye la captación de “nuevos combatientes”. Por su parte, María Osorio había sido identificada cuando trató de impedir en 2008 una conferencia de la antigua dirigente del PP vasco María San Gil en la Facultad de Económicas de Santiago de Compostela.

En el caso de Roberto Rodríguez Fiallega, su primera detención data de 2001, cuando en compañía de otra persona, trató de arrojar ocho cócteles molotov contra un autobús de hinchas radicales del Real Madrid (Ultra Sur) que se desplazaban al estadio de Balaidos.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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