El PSOE intentará en septiembre que el Congreso vote la reprobación de Rajoy
Soraya Rodríguez pide una reforma legal para que "la mentira del presidente no quede impune" Los socialistas quieren forzar el debate aunque no está claro que jurídicamente sea posible
El PSOE quiere que el Congreso de los Diputados repruebe solemnemente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por sus “mentiras” sobre el caso Bárcenas. Una iniciativa insólita en la Cámara que ayer ninguno de los diputados y letrados consultados recordaba haber vivido nunca con otro presidente. Pero para conseguir esa reprobación —que, de todas formas, no obligaría a Rajoy a dimitir— los socialistas deben sortear dos obstáculos: el primero —y aparentemente insalvable—, que el PP tiene mayoría absoluta, lo que protege a Rajoy en cualquier votación parlamentaria. El segundo, que incluso será difícil llegar a plantear la votación, porque no está claro que el reglamento lo permita. A pesar de ello, los socialistas registraron este lunes la iniciativa en la Cámara y confían en lograr, al menos, forzar el debate.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, presentó por la mañana una “interpelación urgente al presidente del Gobierno sobre las responsabilidades derivadas de las falsedades vertidas en sede parlamentaria en relación con el escándalo de financiación ilegal del PP”. De esa interpelación se derivará una moción, en la que el PSOE pedirá la “reprobación de Rajoy”, según explicó luego. Los socialistas quieren que el debate se produzca ya en un pleno extraordinario convocado de urgencia; como es improbable que el PP acepte eso, volverán a pedirlo en el primer pleno ordinario de septiembre.
El PSOE sostiene que Rajoy mintió cuando, en su comparecencia en el Congreso el 1 de agosto, dijo que el extesorero del PP Luis Bárcenas ya “no estaba en el partido” en diciembre de 2011, al llegar el PP al Gobierno; que “en el PP ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito” y que todas las remuneraciones a altos cargos se pagaron siempre “en blanco”. Después de eso, la número dos de Rajoy, María Dolores de Cospedal, declaró ante el juez Pablo Ruz que el estatus del que Bárcenas gozó desde abril de 2010 (con despacho, secretaria y coche oficial en el PP) le fue comunicado a ella por el propio Rajoy. El PSOE deduce que también la remuneración altísima que Bárcenas cobró en estos tres últimos años fue decidida por el presidente, y concluye que eso demuestra que Rajoy mintió.
Por eso los socialistas plantean la reprobación de Rajoy: no por la cuestión de fondo, la supuesta financiación ilegal del PP, sino por las “falsedades” dichas en el Congreso (aunque por lo primero ya pidieron en su día la dimisión del presidente). “La mentira política en sede parlamentaria no puede quedar impune. Un presidente que miente en sede parlamentaria no puede seguir ocupando su puesto”, afirmó Rodríguez.
El “problema”, según admitió a continuación la portavoz socialista, es que la reprobación de un presidente no está regulada de una manera clara. Ni siquiera lo está la interpelación previa. El reglamento del Congreso señala que los grupos de oposición pueden plantear interpelaciones —preguntas que dan lugar a un debate— “al Gobierno y a cada uno de sus miembros”, pero después deja en manos del Ejecutivo decidir quién responde, si el cargo interpelado u otro. Rajoy, por ejemplo, podría delegar en un ministro y ausentarse del debate.
Tampoco está claro si el presidente puede ser reprobado: el reglamento no dice nada, y hay letrados que sostienen que para eso ya están la moción de censura y la de confianza. En España se han presentado varias reprobaciones contra ministros de distintos Gobiernos, y únicamente prosperó una: la de la socialista Magdalena Álvarez en 2007 (solo prosperó en el Senado, no en el Congreso). La reprobación no obliga a dimitir; de hecho, Álvarez no lo hizo.
“Será un debate jurídico interesante. Nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance”, avanzó Soraya Rodríguez. En paralelo, el PSOE registró también una proposición de ley para modificar (ya a medio o largo plazo) los artículos 183 y 184 del reglamento del Congreso, con dos puntos: que el presidente del Gobierno esté obligado a responder a las interpelaciones, sin delegar; y que, si la interpelación es porque se ha “faltado a la verdad en sede parlamentaria”, deba debatirse en 24 horas su reprobación. El PP recordó a los socialistas que el Congreso ya está estudiando la reforma del reglamento.
Lo que el PSOE ha aparcado es la moción de censura —aunque el partido “no renuncia” a ella—. Tampoco explorará, por el momento, la fórmula hoy inexistente del impeachment. La semana pasada, los socialistas compararon las iniciativas que preparaban con esta vía que existe en EE UU y que implica un juicio político del Congreso al presidente, con obligación de dimisión si prospera. Rodríguez admitió que eso requeriría una reforma constitucional.
