El Gobierno español cree “razonable” que el pederasta cumpla la pena en España

Todo apunta a que una de las salidas más probables para Daniel Galván es que siga cumpliendo lo que le resta de pena, pero en España. El preso, condenado en Marruecos a 30 años de cárcel por pederastia, que fue indultado por el rey Mohamed VI y desindultado cuatro días después, no puede ser entregado de nuevo al reino alauí en virtud del convenio de extradición entre ambos países de 2009 al tener la nacionalidad española. Pero dejarlo en libertad supondría que los graves delitos por los que fue sentenciado quedaran prácticamente impunes —no ha llegado a cumplir ni dos años de prisión—. Por ello, una solución a la que ha abierto la puerta el propio Ministerio de Justicia sería que la Audiencia Nacional y el Gobierno españoles acepten la revocación del indulto, asuman que tiene aún una condena pendiente y que se determine la fórmula de cumplimiento en España.

Justicia calificó este martes esta vía de “posibilidad razonable” y el ministro del ramo marroquí, Mustafa Ramid, también habló de esta salida. Otra forma de enmendar el error de la excarcelación sería, según Marruecos, que las autoridades de este país presenten pruebas y documentos sobre delitos de Galván no juzgados aún y que pida a España que abra un nuevo proceso. Uno de los abogados de las víctimas asegura que hay afectados por los abusos de Galván que no llegaron jamás a denunciar. Mohamed VI recibió este martes a padres y familiares de algunas de las víctimas, a los que expresó su sentimiento de “compasión” y su “empatía con su sufrimiento”.

Por el momento, el condenado por pederastia está ya en prisión provisional en Soto del Real (Madrid). El juez de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la decretó este martes por riesgo de fuga y por la gravedad de la pena impuesta en Marruecos. Galván fue sentenciado en septiembre de 2011 por abusar de 11 menores en la mayor condena por pederastia de la historia del país vecino. El magistrado argumentó, tras la declaración del detenido, que este “carece de un mínimo arraigo familiar, social, económico, laboral o de otro tipo que neutralice la tentación de ponerse fuera del alcance del aparato judicial penal en caso de ser puesto en libertad”. La fiscalía había pedido que quedara en prisión.

La falta de arraigo tiene una explicación sencilla. Galván nació en Irak, donde sigue viviendo toda su familia; adquirió la nacionalidad española tras casarse en España con una mujer de la que está divorciado y en ese momento castellanizó su nombre y apellidos. Ha pasado la mayor parte de su peculiar vida viajando de aquí para allá. Él mismo refirió este martes en la Audiencia Nacional, en un español pobre y con marcado acento árabe, haber estado en Egipto, Líbano, Jordania, Marruecos, Reino Unido... haciendo trabajos que no acababa de concretar. Sobre su arraigo en España solo dijo que tenía “amigos” y habló de un tal Ulpiano G. C., que tiene una empresa agrícola. Con estos datos, tanto el fiscal como el juez consideraron que no tenía ningún motivo de peso para no huir.

Andreu no eludió en su auto la compleja cuestión jurídica de fondo: la revocación de un indulto es algo que no permite la ley española y que en el país vecino tampoco se ha producido con anterioridad. Pero el juez deja su estudio para más adelante: “Las circunstancias en que se produjo ese indulto y su posterior anulación deberán ser analizadas una vez tenga entrada toda la documentación extradicional”, señala.

La “documentación extradicional” es la que ahora debe enviar Marruecos en el plazo de 40 días. Galván fue indultado por Mohamed VI después de que Marruecos juntara dos listas con peticiones distintas del Gobierno español: una con 18 solicitudes de indulto y otra con 30 reclusos que pedían ser trasladados a España para seguir cumpliendo la pena. El pederasta estaba incluido en esta última. Finalmente, todos fueron indultados.

Tras el revuelo que se organizó en Marruecos por la excarcelación de Galván, Mohamed VI revocó el indulto y se emitió una orden de detención. El indultado y desindultado, que ya estaba en España, fue detenido el lunes en Murcia “a efectos de extradición”.

Marruecos tendrá que remitir ahora a España la documentación que considere conveniente sobre la condena impuesta y también sobre la revocación del indulto. En caso de que el país vecino alegue que la medida de gracia fue nula de pleno derecho, sería complicado que la justicia española entrara a dictaminar lo contrario. Es una cuestión que, en principio, decidirá Marruecos en virtud del ordenamiento jurídico marroquí. Si España acepta que el indulto fue nulo y que hay una condena por cumplir, lo siguiente que se debe decidir es si se entrega al condenado o este cumple la pena en nuestro país.

Después de que Marruecos remita su documentación, el Gobierno español tiene otros 40 días para pronunciarse antes de que la Audiencia Nacional decida. En la reunión que mantuvieron este martes en Madrid representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia españoles y dos altos funcionarios del Ministerio de Justicia marroquí que viajaron a Madrid para abordar el caso, estos últimos señalaron que la concesión del indulto fue un “error material de carácter administrativo” que después, con toda la información en la mano, se ha corregido.

El director general de Cooperación Jurídica Internacional, Angel Llorente, reconoció tras el encuentro que “no se descarta en absoluto” que Galván cumpla su condena en España, informa Europa Press. “Esta persona, si no hubiese sido erróneamente indultada, ya tendría tramitándose su expediente para cumplir pena en España”, añadió.

Una vez que el Gobierno se pronuncie, el caso regresará a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El tribunal puede decidir aceptar la extradición o determinar que la petición de Marruecos es razonable pero que, como España no entrega a sus nacionales al país vecino, Galván siga cumpliendo la pena en España en los términos que se determinen. Sería la “solución razonable” de la que habla Justicia.

El rocambolesco caso tiene múltiples cuestiones no aclaradas. Justicia, según indica un portavoz, no sabía nada del listado de presos para los que se estaba pidiendo su traslado a España. El convenio bilateral con Marruecos de 1997 dispone que “excepto en casos excepcionales, las solicitudes serán dirigidas por el Ministerio de Justicia del Estado requirente al Ministerio de Justicia del Estado requerido”.

Así ocurrió con el preso Antonio García Vidriel, que fue condenado a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas en Marruecos junto a su hijo —que fue condenado a 10—. El Consejo de Ministros autorizó expresamente el pasado 26 de julio continuar con el procedimiento de su traslado a España. Se siguió, en todo momento, el cauce establecido en el convenio bilateral —aunque paradójicamente, este recluso sigue en Marruecos y no ha entrado en la lista de los 48 indultados—.

En cambio, Justicia se mantuvo al margen de los 30 presos para los que el Gobierno español pidió el traslado y que acabaron siendo indultados. Estos casos no pasaron por el ministerio ni por el Consejo de Ministros. Fuentes de la Embajada española en Rabat señalan que la lista era solo el inicio del procedimiento; que si se hubiera seguido adelante con el traslado, este se habría tramitado por Justicia y el Consejo de Ministros, pero que no ocurrió así porque Marruecos procedió directa y sorpresivamente al indulto.