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El PSOE recurre ante el Tribunal Constitucional la ley Antidesahucios

Los socialistas asumen los alegatos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Anabel Díez
Alfredo Pérez Rubalcaba, Soraya Rodríguez y Elena Valenciano.
Alfredo Pérez Rubalcaba, Soraya Rodríguez y Elena Valenciano.Emilio Naranjo (EFE)

Casi al límite del plazo, el PSOE recurrirá la llamada Ley Antidesahucios ante el Tribunal Constitucional. Después de algunas dudas técnicas, los socialistas asumen los fundamentos jurídicos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), plasmados en un documento elaborado por sus abogados. La portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, comunicó anoche a Ada Colau, portavoz de la plataforma, que el partido hace suyos los argumentos de la PAH y, por tanto, hará uso de su capacidad para presentar el recurso antes del 16 de agosto, fecha en que termina el plazo para hacerlo, cumplidos los tres meses de la aprobación de la ley. Representantes de la PAH han convocado a media mañana a la prensa a las puertas del Constitucional.

El PSOE coincide con la plataforma en que hay motivos de inconstitucionalidad por vulneración de derechos de colectivos especialmente sensibles, así como de los derechos del niño, al ponerse límites por edad (3 años) al disfrute de excepciones para no ser desalojado de la vivienda en caso de impago.

El pasado 15 de mayo entró en vigor la Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social. Entonces la PAH anunció que no se resignaba a una “ley injusta y discriminatoria”. Las críticas no lo fueron menores por parte del PSOE y de los demás grupos de oposición, dado que todos, en el Congreso y en el Senado votaron en contra. La portavoz socialista, Leire Iglesias, proclamó que “la ley es inútil porque deja fuera a muchos colectivos y no sirve para solucionar el problema de los desahucios por impago”. Esas palabras de Iglesias se han traducido en fundamentos de inconstitucionalidad contra artículos de la norma elaborados por la PAH.

El PSOE coincide con la plataforma en que hay vulneración de derechos de colectivos especialmente sensibles, como de los derechos del niño

Los autores encuentran discriminación en los límites que la ley pone para acceder a las prerrogativas para no ser desahuciado. Los ingresos familiares no podrán superar los 1.597 euros mensuales (tres veces el IPREM, un indicador público del nivel de renta) y la cuota hipotecaria deberá suponer al menos el 50% de esa renta. Además, la ley no abre la puerta a cualquier persona sino solo a familias numerosas o monoparentales con dos hijos, así como a las unidades familiares con un menor de tres años. La PAH empieza por recurrir el artículo 1 de la ley, que regula la suspensión de los lanzamientos de viviendas porque deja fuera a muchos colectivos. La ley se salta “la inviolabilidad del domicilio”, señalan fuentes conocedoras del texto.

“El Grupo Socialista hace suyos los argumentos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, aunque los complementará con otros argumentos jurídicos”, señala Rodríguez. Así ocurrió con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en contra de los desahucios, suscrita por más de 1,5 millones de personas y articulada por la plataforma.

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El texto fue asumido por el PSOE y otros grupos aunque se añadieron otros argumentos. Los 110 diputados socialistas firmarán el recurso, aunque no tienen inconveniente en abrir la firma a parlamentarios de otros grupos, señala la dirigente socialista. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca había hecho una llamada a los diputados para que firmaran el recurso de inconstitucionalidad. Los recursos ante el Constitucional solo pueden ser presentados por 50 diputados o senadores; los Gobiernos central y autonómicos y el Defensor del Pueblo. Las plataformas y los ciudadanos no tienen capacidad para impugnar leyes ante el alto tribunal.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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