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El presidente del Tribunal Constitucional defiende su militancia en el PP

Pérez de los Cobos considera que es legal ser magistrado y afiliado a un partido

Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, defendió ayer su militancia en el PP, una afiliación que mantuvo cuando ya era magistrado. La defendió tanto dentro como fuera de la sede del alto tribunal, pero no públicamente. Reconoció, ante parte de sus compañeros de pleno, haber sido afiliado de la formación conservadora incluso después de diciembre de 2010, cuando tomó posesión de su cargo. Públicamente no quiso hacerlo en persona y se limitó, a través de una nota de prensa, a escudarse en la legalidad de compatibilizar la condición de afiliado con la de magistrado del Constitucional.

En ningún momento se planteó, ni nadie dentro del tribunal se lo sugirió, su dimisión. Francisco Pérez de los Cobos comunicó a sus compañeros magistrados que actualmente ya no es afiliado del PP. No dijo cuándo se dio de baja ni, oficialmente, contestó, posteriormente, a dicha cuestión. Fuentes del PP sí confirmaron que se ha dado ya de baja sin precisar la fecha.

Pero Pérez de los Cobos no consiguió el apoyo categórico y público que buscaba. No logró que el alto tribunal emitiera una declaración institucional de apoyo y defensa de su imparcialidad e independencia. Para lo único que recabó respaldo entre sus compañeros fue para emitir, desde el gabinete de prensa, una nota informativa.

En ningún momento se planteó, ni nadie dentro del tribunal se lo sugirió, su dimisión

“La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no establecen para los Magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales”, señaló el comunicado que se remitió a los medios tras la celebración de la reunión a la que asistieron ocho de los 12 magistrados.

El encuentro se convocó de forma extraordinaria y urgente para las 11.30 de la mañana, después de que EL PAÍS anticipara que Pérez de los Cobos había hecho efectivas cuotas de militancia del PP (37,14 euro al año) entre 2008 y 2011, es decir, cuando ya formaba parte del Constitucional. En poco más de una hora, el presidente del alto tribunal expuso la base jurídica que, en su opinión, rige y posibilita compaginar la militancia de un partido con la ocupación de un puesto de magistrado en el Constitucional.

No logró que el alto tribunal emitiera una declaración institucional de apoyo

En el comunicado posterior, esta argumentación se plasmó en la tesis de que los magistrados del Constitucional no tienen las mismas limitaciones que el resto de magistrados que, sean del tribunal que sean, tiene prohibido pertenecer a partidos políticos. “El Tribunal Constitucional es una institución del Estado que, al igual que sus magistrados, no forma parte del Poder Judicial”, señala el texto.

Francisco Pérez de los Cobos hizo hincapié, además, en que el artículo 159.4 de la Constitución fija que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible “con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos”, es decir, que la incompatibilidad se limita a los casos en los que se ejerce una función directiva. Su aportación a la financiación del partido, 37,14 euros anuales, se corresponde a la cuota mínima que se paga en Barcelona, donde vivió entre 1996 y 2007, cuando fue vicedecano de la Facultad de Derecho de la Autónoma.

Otro de los aspectos jurídicos que planteó ante el resto de magistrados fue la jurisprudencia del propio Constitucional que, en 1988, emitió un auto con motivo de un recurso que presentó la familia Ruiz Mateos ante “una antigua amistad” de uno de los magistrados con el entonces presidente del Gobierno. La recusación se rechazó y uno de los argumentos que se utilizó fue que la Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional, “de aplicación prioritaria respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos (…) y sólo se les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter directivo”.

Pese a que la reunión de ayer en el Constitucional se celebró en un ambiente “tranquilo” y “cordial”, tal como calificaron a este periódico dos de los presentes, la publicación del hecho de que Pérez de los Cobos compaginara su condición de militante del PP con su puesto como magistrado ha provocado inquietud en los sosegados miembros del Constitucional. “Nos ha colocado en una posición ética, estética e incluso política fea”, señaló uno de ellos al culminar la reunión y pese a admitir que la interpretación de la ley es dudosa sobre si la prohibición se ciñe al ejercicio de cargos directivos en los partidos políticos.

En cualquier caso, el principal problema al que se enfrenta ahora el tribunal es el del futuro. “Ahora que parecía que podíamos reencaminarlo, pasamos a dar la impresión de tribunal poco serio”, expuso uno de los magistrados. Además, algunos de ellos temen que la militancia de Pérez de los Cobos, que además tiene voto doble en caso de empate, provoque un reguero de recusaciones en los temas que vea él como presidente, además, de la sala primera.

La nueva composición del pleno del Tribunal Constitucional, renovado el mes pasado, ya había levantado resquemores. La designación más polémica fue la de Enrique López, vinculado al PP y sobre el que la mitad del pleno entendió que no reunía los requisitos necesarios para formar parte de esta institución y votó en contra de validar el nombramiento.

En julio del año pasado, a propuesta del PP, el Constitucional eligió como magistrado a Andrés Ollero, que fue diputado del PP durante 17 años. Ollero también aparece en el listado de afiliados y donantes que la Agencia Tributaria pasó a la Fiscalía Anticorrupción en las diligencias del caso Bárcenas, con el que identificó a quienes habían declarado y se habían desgravado sus aportaciones al PP entre 2008 y 2011. El nombre del magistrado aparece en los apuntes de los años 2008, con una aportación de 14,42 euros, mientras que en 2011, contribuyó a la financiación del partido con 80 euros. Ambos pagos se realizaron cuando Ollero aún no era miembro del Constitucional. Además, el exdiputado, según confirmaron fuentes del PP, sí remitió un escrito a la secretaria general solicitando su baja entre la militancia del partido, poco antes de tomar posesión como magistrado del alto tribunal.