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El PP reforma el Consejo General del Poder Judicial a su medida

Solo una asociación, la conservadora, participa en la renovación del Consejo General

El PSOE debe decidir si pactará o no los nuevos vocales con el PP

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Nadie (o casi nadie) pone en duda que el gobierno de los jueces tenía defectos, que estaba politizado en exceso, que su funcionamiento no siempre era operativo y que un lavado de cara era conveniente. El problema es la dirección que debía tomar ese giro para no empeorar sus males en vez de mejorarlos. Y, salvo el PP, nadie (o casi nadie) apoya la reforma aprobada definitivamente el 27 de junio con el único sustento del grupo parlamentario del partido de Gobierno.

Los populares han reformado la composición, el nombramiento y las funciones del Consejo del Poder Judicial en solitario, con un PSOE que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, con las asociaciones judiciales en contra, los presidentes de las Audiencias Provinciales en contra, el actual Consejo en contra... Esta será la primera vez que se modifique manu militari, sin un mínimo consenso, la regulación de un órgano constitucional esencial en el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, el judicial, cuya labor es aplicar las leyes y controlar a los otros dos.

La reforma, en todo caso, y a pesar de las innumerables críticas que ha recibido, ya está en el BOE. Y el proceso de renovación del actual Consejo, cuyo mandato acaba en septiembre, está en marcha según la nueva regulación. A principios de julio se abrió el plazo de un mes para la presentación de candidatos —del que se han autoexcluido tres asociaciones judiciales en protesta por lo que consideran un asalto a la independencia judicial— y el PSOE tendrá que decidir en breve si, pese a su oposición total a la reforma, acepta pactar los nuevos vocales con el PP.

Si no lo hiciera, el Gobierno podría a pesar de todo, y gracias a la reforma, renovar en solitario a 10 vocales. En este caso se daría la extrañísima situación de tener un Consejo formado por una mitad nueva elegida por el PP y por otra mitad cuyo mandato habría terminado. Así será, en todo caso, el nuevo Poder Judicial diseñado por el Gobierno:

Sistema de elección

El número de vocales seguirá siendo 20, tal y como señala la Constitución. Y todos serán elegidos, igual que ahora, por el Parlamento, a pesar de que el último programa electoral del PP aseguraba que 12 serían directamente elegidos por los jueces. Tampoco cambia el número de plazas dedicadas a magistrados y a otros juristas: 12 serán jueces de carrera y los otros 8 se elegirán entre juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

Hasta el momento, la elección se llevaba a cabo de la siguiente forma: cada Cámara legislativa elegía a 10 vocales (6 jueces y 4 juristas) por mayoría de tres quintos. Pero se nombraban los 20 vocales de una vez, cuando los principales partidos se habían puesto de acuerdo sobre los nombres. Previamente, para las plazas de los jueces, las asociaciones judiciales habían presentado candidatos en función de su representatividad y los magistrados no asociados también habían podido ofrecerse si contaban con avales de al menos el 2% de sus compañeros (unos 100). El límite de candidatos para estas plazas era de 36.

¿Qué va a suceder ahora? No hay límite de candidatos para las 12 plazas de jueces, de forma que cualquiera puede presentarse si cuenta con 25 avales. Además, cada Cámara puede renovar a 10 vocales aunque la otra no haya decidido nada. Y, teniendo en cuenta que el PP tiene en estos momentos una mayoría superior a los tres quintos en el Senado, podría nombrar a la mitad del Consejo sin pactar con nadie y garantizarse unos vocales amables y controlables.

Desde el Gobierno se señala que el hecho de que pueda no significa que vaya a hacerlo, y que lo razonable es pactar, como siempre. Los críticos de la reforma señalan, sin embargo, que el Estado de derecho no puede basarse en la confianza de que el Ejecutivo se portará bien, sino que exige límites legales que garanticen de forma nítida la independencia judicial.

Asociaciones de jueces

“Se dice que estamos en contra porque recorta el poder de las asociaciones, pero lo que hace realmente es abrir la puerta a mayores injerencias políticas en el Poder Judicial”, opina Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “Ellos defienden que es más justo que se pueda presentar cualquiera sin apenas avales ni respaldo detrás, pero realmente facilita un Consejo a la medida del Ejecutivo y de los partidos sin ningún control. Por otro lado, ha habido vocales con centenares de avales que se han presentado en el pasado como independientes y que, sin embargo, luego no han sido elegidos por los partidos”.

Esta organización, junto a las moderadas Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han anunciado que no participarán en la elección de los nuevos vocales. Por primera vez en la historia, solo una asociación propondrá candidatos: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura que, a pesar de ello, también ha sido crítica con la reforma. Manuel Almenar, actual vocal del Consejo —nombrado por el PP a propuesta de la APM— defiende también que el sistema nuevo no despolitiza el órgano de gobierno de los jueces, sino todo lo contrario: “Antes había un filtro, 36 personas elegidas por la carrera. Ahora, con la puerta abierta a los grupos parlamentarios para que elijan a quien quieran, ¿realmente alguien cree que se va a despolitizar?”. “¿Cómo nos va a conocer a mí o a otro el Parlamento de la nación?”, se pregunta Carlos Gómez, presidente de la Audiencia de Palma. “Será por los contactos políticos que tenga cada uno, ¿no? Los partidos podrán ahora elegir sin selección previa”. Esto no significa que no vaya a haber ningún juez progresista en el nuevo Consejo, pero solo lo habrá si alguno se presenta de modo individual con los 25 avales y si después es elegido —algunos, de hecho, ya se están moviendo—.

Rechazo de los partidos

La gran pregunta es si habrá un pacto con el PSOE en la próxima elección de los vocales. Para los socialistas se trata de una decisión complicada. Si quedan fuera de cualquier acuerdo, solo habrá algún vocal progresista si el PP decide ser magnánimo. Pero también les va a resultar difícil pactar tomando como base una ley que han calificado como intento de ocupación política del Poder Judicial y que van a llevar al Constitucional. “Los contactos en estos momentos son complicados porque esta ley ha supuesto un intento de ocupación política del poder Judicial”, señala Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia en el Congreso. Pero, asegura, la decisión final aún no está tomada. La fijarán la Ejecutiva federal y el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP, por su parte, necesita pactar para que el resultado final resulte mínimamente presentable.

Vocales a tiempo parcial

De los 20 vocales, solo los seis de la comisión permanente (cinco más el presidente) lo serán a tiempo completo: tres jueces y dos del turno de juristas. Serán elegidos cada año. El resto compaginarán su trabajo en la judicatura u otras ramas del derecho con sus labores de vocal. “Esto plantea múltiples problemas de posibles incompatibilidades”, opina el presidente de la Audiencia de Palma. “¿Qué pasa si un abogado-vocal lleva asuntos que después deben ser tratados en el Consejo? O, si un juez-vocal tiene problemas disciplinarios, ¿realmente van a sancionarlo sus compañeros de al lado?”. “¿Es razonable que el abogado de la Infanta o la juez Alaya pudieran ser vocales en estos momentos?”, señala otra vocal del actual Consejo, la progresista Margarita Robles, una de las más críticas con la reforma de Gallardón. “Por otro lado, si se considera que 20 vocales son demasiados para ser operativos, lo más lógico sería modificar la Constitución para reducirlos. Esta reforma, de profundo calado, debió hacerse con consenso y desde un análisis profundo”.

La revolución disciplinaria

El pleno elegirá a siete vocales de la comisión disciplinaria (los encargados de sancionar a los jueces) por un plazo de cinco años. El presidente será el vocal de procedencia judicial con mayor categoría y antigüedad. Se crea una figura, el “promotor de la acción disciplinaria”, que se encargará de recibir las quejas, iniciar e instruir los expedientes disciplinarios, una potestad hasta ahora de la comisión, que nombraba al instructor del expediente en cada caso. Su mandato coincidirá con el del Consejo que lo nombró. Solo podrán ejercer esta labor magistrados del Tribunal Supremo o magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera.

La instrucción de los expedientes disciplinarios es algo difícil de regular. Sancionar al compañero siempre da problemas en una carrera muy tendente al corporativismo. Pero la reforma ha generado críticas por la concentración de funciones en una sola persona. “Se trata de una figura que acumulará un poder increíble”, critica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. “Una especie de Gran Inquisidor”.