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El Gobierno cambia la seguridad privada e inaugura la “diplomacia del siglo XXI”

El Gabinete aprueba las leyes de política exterior y sobre la actividad de los detectives privados

El Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevas leyes este viernes: la de política exterior, que pondrá en marcha "la diplomacia del siglo XXI", según el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y la de seguridad privada, que regula la actividad de los detectives privados.

La primera reforma legislativa ya ha suscitado las críticas de las comunidades autónomas que quieren tener un encaje en la política exterior. El anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior, señala que las actividades que las comunidades autónomas y entidades locales en el extranjero “estarán sujetas a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno”, a través de la Estrategia de Acción Exterior, con una vigencia de cuatro años.

Las autonomías no podrán asumir la representación del Estado, ni celebrar tratados internacionales, ni generar obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado, “ni interferir con la política exterior que dirige el Gobierno”.

Más información
La acción exterior de las autonomías deberá seguir directrices del Gobierno
La policía podrá acceder a todos los informes de detectives privados
La policía controlará los clientes y los encargos de las agencias de detectives

Por otra parte, el Gabinete de Mariano Rajoy, ha dado luz verde a la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley de Seguridad Privada, que sustituirá a la vigente desde 1992. El proyecto contempla un mayor control de los detectives, al obligarles a hacer un contrato con cada cliente que les haga un encargo, del que inmediatamente tendrán que dar cuenta a la policía. Pero no solo eso, sino que la policía y la Guardia Civil podrán acceder a los informes elaborados por los detectives a efectos de control e “inspección”.

La Asociación Profesional de Detectives en España ha cuestionado el texto del anteproyecto y ha considerado que el Ministerio del Interior ha adoptado esta posición tras el escándalo del espionaje a políticos destapado a raíz del caso Método 3 hace unos meses.

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