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Giro conservador en el Constitucional

El Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno renuevan hoy un tercio del tribunal

El nuevo órgano revisará las principales reformas y recortes de Rajoy

El Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno nombrarán hoy a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que inclinarán esta institución claramente en favor del sector conservador. El Poder Judicial tiene que designar a dos magistrados para sustituir al actual presidente Pascual Sala, progresista, y a Ramón Rodríguez Arribas, conservador. Y el Gobierno del PP debe nombrar en el Consejo de Ministros de hoy a los sustitutos de Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, ambos de tendencia progresista, por candidatos conservadores. Todos ellos terminan su mandato este domingo.

El Poder Judicial nombrará un magistrado progresista y otro conservador y el Gobierno tiene vía libre para sus dos designaciones lo que, con toda seguridad, inclinará la mayoría del Tribunal en favor del sector conservador. De ese sector saldrá el nuevo presidente, algo que no ocurría desde 2004, cuando acabó su mandato Manuel Jiménez de Parga. Desde entonces, casi todas las decisiones del Tribunal han supuesto varapalos para las tesis del PP y los recursos que presentó contra decisiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El CGPJ se inclina por el conservador Martínez Vares y el progresista Xiol

El escollo para la renovación del Constitucional es la falta de consenso en el Poder Judicial, de hecho, el de hoy será el segundo pleno en el que se intente nombrar a los dos nuevos magistrados. Especialmente, no hay acuerdo en el sector progresista entre los que proponen al ex fiscal general del Estado y ahora magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, y los que optan por el también miembro del Supremo, José Antonio Xiol Rios. Este último es quien tenía más opciones entre el sector progresista a última hora de la tarde de ayer. Sería la segunda vez que el exfiscal general pierde una votación en el Consejo para ir al Constitucional. Conde-Pumpido tiene el apoyo del Gobierno, especialmente, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, la división del sector progresista, que se ha mantenido durante todo el mandato del actual Consejo, deja en el aire ese nombramiento. Esa misma división la mantienen dirigentes del PSOE con teórica capacidad para influir en el nombramiento, hasta el punto de que fuentes de la dirección socialista admiten sus dificultades para controlar la elección.

Los contrarios al nombramiento de Conde Pumpido argumentan que debería abstenerse en asuntos en los que intervino como fiscal general y, además, dejaría la sala Segunda del Supremo con un miembro menos del ya minoritario sector progresista, del que en breve se jubilan Perfecto Andrés y Carlos Granados. En el sector conservador, el candidato con más posibilidades es Santiago Martínez Vares (de la Asociación Profesional de la Magistratura y magistrado emérito de la sala tercera del Supremo). Otros candidatos conservadores son José López García de la Serrana (magistrado de la sala cuarta del Supremo) y Ricardo Enríquez (vicepresidente de la APM y magistrado de la Sala Tercera del Supremo). Casi al mismo tiempo que el Poder Judicial proceda a los dos nombramientos, el Gobierno hará los dos suyos en el Consejo de Ministros. En la lista de nombres que se barajan están Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes; Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, y Pedro González Trevijano, catedrático y rector de la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros.

En teoría, ahora hay una mayoría de 7 a 5 a favor del sector progresista y tras esta renovación se pasaría a un 5 a 7 de los conservadores, incluido el presidente. Ese reparto ideológico tiene matices porque, por ejemplo, Manuel Aragón votó con los conservadores en el recurso contra el Estatuto de Cataluña, aunque fuera propuesto en su momento por el PSOE. El nuevo presidente será elegido por el propio tribunal una vez que tomen posesión los nuevos magistrados. Fuentes del Gobierno manejan la posibilidad de que sea el actual magistrado Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nombrado por el Senado a propuesta del PP en 2010. La importancia de su cargo está en la competencia para ordenar el trabajo del tribunal y en caso límite en su voto de calidad para deshacer empates.

Reunión reservada entre Sáenz de Santamaría y Gonzalo Moliner

En septiembre llegará la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la ley aprobada en solitario por el PP, y que tendrá también una mayoría conservadora. Es decir, antes de final de año las principales instituciones del Estado habrán abandonado ya la mayoría progresista.

El martes por la mañana se reunieron en La Moncloa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner. El encuentro reservado y no consignado en las agendas oficiales tenía como objeto tratar de esa renovación. La Moncloa se niega a facilitar detalles de la cita, pero fuentes del Consejo aseguran que se habló del detalle de la votación que se producirá hoy y de la preocupación del Gobierno.

Para el Ejecutivo esta renovación es fundamental porque en manos del Tribunal Constitucional quedará casi toda la gestión más polémica de Mariano Rajoy hasta ahora, desde los recortes a la reforma laboral y la de las pensiones, pasando por los recursos contra decisiones de comunidades autónomas como el euro por receta, los pasos soberanistas de la Generalitat de Cataluña y hasta la revisión de la jurisprudencia sobre el aborto. El nuevo tribunal tendrá la capacidad de anular recortes por valor de casi 10.000 millones de euros, vitales para ratificar la política de Rajoy. En Portugal, el alto tribunal anuló recortes impuestos por la troika (FMI, UE y Banco Central Europeo), provocando una crisis institucional. En España, el Gobierno pretende evitar los efectos políticos de la revisión de su política de austeridad.

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