¿Pero qué Tribunal queremos?

El Tribunal Constitucional es una de las instituciones básicas de nuestra democracia sobre el que ahora se suscita la polémica a propósito de la renovación de sus magistrados. Quizá se le haya exigido demasiado a la hora de resolver ciertos asuntos de su historia reciente, como en la sentencia del Estatuto de Cataluña o las “ilegalizaciones” que ha tenido que enjuiciar en clave constitucional a raíz de pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el entramado político de ETA. Y es que en el Constitucional, al igual que sucede con cualquier otro tribunal de justicia, sus integrantes, es decir, sus magistrados, no pueden dejar de cumplir con la principal obligación que justifica el cargo que ocupan: resolver los recursos. En Derecho se utiliza la expresión non liquet (literalmente, “no está claro”) cuando un órgano jurisdiccional no puede responder a la cuestión controvertida que se la ha presentado al no encontrar una solución jurídica para el caso, o bien por no haber norma directamente aplicable. Pero, ello, hoy en día, no es posible.

Todos los ordenamientos jurídicos prohíben en la actualidad que el juez se niegue a dar solución y una respuesta al caso que se le plantea. Y así ocurre en el sistema español que prescribe con rotundidad que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Se parte del dogma de que el ordenamiento jurídico es pleno por lo que, utilizando las herramientas interpretativas adecuadas, el juzgador constitucional siempre puede encontrar una solución; una solución que es más necesaria y urgente cuando lo que está en juego son principios y valores de relevancia constitucional.

Ha sido insoportable la presión que el Tribunal Constitucional ha tenido que sufrir en relación con asuntos que entraron en la sede de la madrileña calle de Doménico Scarlatti. Pero, hay que reconocer que el Constitucional había demostrado una disposición a entrar en todas las batallas que afuera de esos muros se estaban dilucidando. Hasta el punto de que llegó a ser prácticamente imposible para los ciudadanos percibir que las resoluciones del tribunal respondían a criterios de normatividad constitucional y no a criterios de pura oportunidad política.

El daño a la autoridad funcional de la institución parecía así irreversible. Y es que las decisiones del Tribunal Constitucional necesitan, como el respirar, de la aceptación incondicional de sus principales destinatarios, es decir, el Poder Judicial, los partidos políticos, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, y, sobre todo, de los ciudadanos.

A estas alturas, por mucho que sigamos insistiendo en que el Tribunal Constitucional no forma parte de nuestro sistema de Justicia, a la opinión pública no se le puede exigir que diferencie nítidamente entre el Constitucional y los demás tribunales y juzgados cuando se habla de la politización de la Justicia. Un mal que ante los ojos de los ciudadanos aparentemente contamina todas las instancias judiciales, cuando el foco de putrefacción está perfectamente localizado y solo hace falta que se pongan en acción los operarios que constitucionalmente pueden y deben acabar con la infección. Mientras tanto, los miles de jueces de este país que día a día cumplen con su trabajo deberán seguir con las mascarillas puestas al servicio de la ley y el Derecho, que han de aplicar de conformidad con los principios que precisamente derivan de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Los dos grandes partidos políticos de este país, que necesitan congraciarse con una ciudadanía que cada vez más desconfía de la clase política, se han de afanar establecer de una vez por todas las “bases” para encontrar a los mejores juristas que remplacen a los que han de salir en cuando toca la renovación del tribunal. Estamos, además, ante la hora de responder a los ciudadanos sobre qué modelo de Tribunal Constitucional queremos, sobre la duración de los mandatos de los magistrados, sobre el mismo sistema de su elección y sobre su funcionamiento y organización que desde hace tiempo pide una renovación completa. La respuesta a la interrogante sobre qué Tribunal Constitucional queremos es clara: el que asegure la independencia y neutralidad de los magistrados.

Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado, doctor en Derecho y exletrado del Tribunal Constitucional