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Las dietas opacas de Caja Navarra atrapan a Barcina

La investigación judicial cuestiona un modelo de 30 años en la comunidad.

Yolanda Barcina atiende a los periodistas el martes en Pamplona.
Yolanda Barcina atiende a los periodistas el martes en Pamplona.VILLAR LOPEZ (EFE)

Los vientos no soplan ahora para Yolanda Barcina como cuando, en 2009, fue designada sucesora al frente de Unión del Pueblo Navarro (hegemónico en la comunidad desde 1991) por el entonces presidente foral Miguel Sanz. Navarra crecía entonces por encima de la media española, su paro era del 8% y las arcas públicas financiaban un Estado de bienestar comparable con el norte de Europa. Pero las deudas llegan ahora, con Barcina como presidenta de un Ejecutivo en minoría y salpicada por la investigación judicial de las dietas que Caja Navarra pagó a políticos de UPN, entre ellos, ella misma, por participar en un órgano opaco creado en 2010. La juez instructora, María Paz Benito, ve indicios de cohecho suficientes para trasladar la investigación al Tribunal Supremo, dada la condición de aforada de Barcina.

En 2010 Miguel Sanz, que por su cargo era también presidente de Caja Navarra, promovió la salida de los cargos públicos de la administración de esa entidad financiera y creó un ente, la Junta de Entidades Fundadoras, en el que se reunían los políticos que representaban al Gobierno foral, el Parlamento y el Ayuntamiento de Pamplona, patronos de la caja. Su función era solo informativa, aunque las remuneraciones suponían 1.717 euros por reunión para los miembros ordinarios y 2.600 para el presidente.

Las sesiones se sucedían en dos o tres por día, con sus correspondientes dietas. De los ocho miembros de ese órgano —seis de UPN y dos del PSN—, Sanz eligió a dos para un foro paralelo que, según la investigación judicial, tenía como única función la lectura de informes de los avatares financieros de la caja sin que hubiera ninguna intervención de los tres políticos: el propio Sanz, Barcina y el exconsejero Álvaro Miranda. La existencia de estas sesiones y sus remuneraciones se ocultaron a las cuentas y las normas de la caja, al Banco de España y al resto de miembros de la Junta de Entidades Fundadoras.

Con Barcina ya como presidenta de un Gobierno de coalición con el PSN, el reglamento interno reflejó, en junio de 2011, este foro como Permanente de la Junta, pero su composición siguió quedando, según el sumario, al albur de la decisión de la presidenta. Ella fue quien invitó a Sanz, que ya no tenía ningún cargo público, a participar en las reuniones con sus correspondientes dietas. También a ellas se incorporó el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

La existencia de este órgano se conoció el 9 de octubre de 2011, en las páginas de Diario de Noticias. La polémica hizo que cargos como la propia presidenta reconocieran que esas remuneraciones superaban sus ingresos directos del erario público. Yolanda Barcina eliminó entonces la participación política en la caja y subió el sueldo oficial de los miembros del Ejecutivo para compensar lo que entonces definió como una bajada de salario.

Pese a que las defensas de los imputados insisten en que esas dietas eran “una compensación” por un trabajo en una empresa privada, la juez ha cuestionado ahora todo el método y asegura que las dietas se debían solo a su condición de cargos públicos, sin sustento en las normas ni en el supuesto trabajo realizado.

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