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“Nos estamos muriendo. Mi última esperanza es la comisión de la verdad”

Víctimas y juristas reclaman un órgano de investigación de los crímenes del franquismo

Reunidos en una plataforma, buscarán que la ONU presione a España para su creación

Los promotores de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, ayer en un acto en el auditorio Marcelino Camacho de Madrid.

“Nos estamos muriendo. Ya quedamos muy pocos. Mi última esperanza es la comisión de la verdad”. Julia Merino, de 79 años, hija y sobrina de fusilados en la Guerra Civil, subió ayer al escenario del abarrotado auditorio Marcelino Camacho, en la sede de CCOO en Madrid, para presentar, con otras víctimas del franquismo, juristas y expertos en derechos humanos, la Plataforma por la Comisión de la Verdad.

La plataforma agrupa a más de 40 colectivos que ayer iniciaron una “campaña nacional e internacional” para reclamar la creación de este instrumento que la ONU recomienda a países que han pasado dictaduras. En los últimos 30 años lo han hecho 40 naciones. Se trata de un órgano de investigación oficial y no judicial.

Desde Buenos Aires, donde hoy declarará ante la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón envió un mensaje para la plataforma, que apadrina a través de su fundación. El exjuez de la Audiencia Nacional explicó la necesidad de una comisión de la verdad para investigar "los crímenes de la dictadura franquista, los sufrimientos padecidos por las víctimas de desaparición forzada, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, juicios sumarísimos, robos de bebés" y estudiar "las indemnizaciones y restituciones que correspondan". "De nuestra parte está la historia y a razón. La omisión institucional es tan clamorosa como vergonzante", añadió.

También el exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, otro de los padrinos de la plataforma, envió un mensaje: “La comisión de la verdad es, como se ha demostrado en otros países, la mejor manera de diseñar el otro mundo posible que anhelamos. Es hora de afrontar el pasado para entre todos construir el futuro que merecen las nuevas generaciones”.

La abogada Cristina Almeida clamó contra el olvido: “Para poder olvidar, como nos piden, tenemos que saber. Todos quieren pasar la página de la guerra, de la dictadura, pero para pasar una página y no ser tramposo, hay que leerla primero. Y si no la quieren leer, les vamos a obligar a que la lean. Este país no tiene que tener miedo a su historia. Tiene que tener miedo a la ignorancia”.

Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Memoria Social y Democrática, anunció que la plataforma trasladará al Parlamento Europeo y a la ONU el "abandono" de los represaliados del franquismo —“los más de 120.000 desaparecidos, los exiliados, en número suficiente para llenar un segundo país...”— para que presionen a España a crear esta comisión de la verdad.

Araceli Manjón, profesora de derecho penal de la Universidad Complutense, explicó que al cerrarse la vía judicial para investigar los crímenes del franquismo —“Cualquier juez que lo intentase correría la misma suerte que Garzón”, dijo—, la “única opción” para las víctimas era la creación de esta comisión. "Muchos testigos han fallecido, pero quedan algunos, quedan indicios y sobre todo quedan archivos".

Y Paco Tena, sociólogo y portavoz de la federación que agrupa a 24 asociaciones de niños robados, insistió en la necesidad de que se cree este órgano ante la dificultad que los afectados tienen para acceder a “archivos eclesiásticos, de clínicas y registros civiles”. “Esto es un problema de Estado, no de unas familias. Y es un problema de carácter internacional porque en Marruecos, Francia, Venezuela, EE UU y México hay niños y sobre todo niñas españolas, que fueron exportadas. Vendidas por encargo. Este país no puede permanecer indiferente a un drama como este”.