Un efecto disuasorio innegable

La implantación del casco obligatorio en las ciudades es una medida con la que en absoluto estamos de acuerdo. Como representantes de Organizaciones Ciclistas en el Consejo Superior de Tráfico hemos dejado clara nuestra postura. No cabe duda que el uso del casco es muy recomendable, pero si lo que se pretende es obligar a los usuarios a usarlo, la DGT, además de estar disponiendo de una norma contraria a la Ley de Seguridad Vial pasando por encima del Parlamento, estará perjudicando gravemente la movilidad en las ciudades. Hemos aportado a la DGT estudios avalados por la comunidad científica que demuestran que en los países donde se ha implementado el uso obligatorio del casco en las ciudades, el efecto disuasorio para utilizar la bici ha sido innegable, y además ha aumentado el número de accidentes porque precisamente al disminuir el uso masivo de la bici, paradójicamente la siniestralidad crece, porque el conductor de vehículo a motor se deshabitúa de encontrar a un ciclista en cada tramo, con lo que disminuye su estado de alerta. Por no decir que quebraría innegablemente el sistema público de préstamo de bicis. No es factible el uso compartido del casco por motivos de higiene y de ajuste del mismo a la cabeza, pues cada cabeza necesita de “su” casco, creándose además dificultades logísticas innegables. Si de lo que se trata es de promover la bici, la mejor medida para que esto no ocurra es obligar al uso de casco. El coste-beneficio se decanta evidentemente por la no obligatoriedad, si es que queremos que las personas se muevan en bici por sus efectos beneficiosos para la salud y la movilidad de las ciudades.

De todas formas el debate del casco no puede solapar otros aspectos muy negativos del proyecto de reglamento, así como constatamos la dejación de funciones de las distintas Administraciones a la hora de solucionar los problemas con los que nos encontramos día a día los ciclistas. Nuestros políticos cortoplacistas que sólo se preocupan de sancionar e imponer, deberían atender nuestras demandas en aspectos esenciales como la formación de escolares y su educación en materia de seguridad vial, en la creación y la adaptación de las infraestructuras adecuadas, de asegurar una legislación penal que beneficie a las víctimas, o el impulso de unas políticas que faciliten la promoción del deporte ciclista, entre otras muchas.

Alfonso Triviño Fernández, secretario General de la Asociación de Ciclistas Profesionales y asesor jurídico.