Una juez impide publicar nuevos correos que afecten a la intimidad de Urdangarin

Una juez de Barcelona ha prohibido a siete medios de comunicación que difundan correos electrónicos sobre la vida privada de Iñaki Urdangarin. La juez ha aceptado así una de las tres medidas cautelares solicitadas por el duque de Palma como paso previo a su demanda contra esos siete medios y contra su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres. En su resolución, la magistrada Maria del Remei Vergés, prohíbe “descubrir, revelar, publicar, difundir y divulgar” por cualquier medio el contenido de los correos “en poder” de Torres que vulneran el derecho a la intimidad del yerno del Rey.

La petición de medidas cautelares de Urdangarin se dirige contra las empresas responsables de dos diarios (El Mundo y El Economista); un portal de noticias (El Semanal Digital); tres revistas (Semana, Vanitatis y Pronto); y una televisión (Tele 5), además del propio Torres. El escrito del abogado del duque, Mario Pascual Vives, subraya que informaciones publicadas por esos medios han vulnerado el derecho a la intimidad de su cliente al decir que Torres tiene correos sobre presuntas infidelidades de Urdangarin.

La juez ha aceptado solo una de las tres peticiones del duque —prohibir la difusión de más correos íntimos— porque la información es irrelevante en el caso Nóos. El yerno del Rey es, en ese sentido, “un particular como otro cualquiera, con derecho a un ámbito reservado de su vida”. La resolución subraya, además, el hecho de que Urdangarin y la infanta Cristina —ambos imputados— son padres de “cuatro hijos menores de edad” a quienes la difusión de esas informaciones puede causar “graves perjuicios”. Hay “indicios”, abunda la juez, de que “pueda procederse en breve a difundir correos electrónicos de eminente contenido personal”, de ahí la urgencia de prohibir su difusión.

Urdangarin había solicitado, además, que se impidiera a esos medios de comunicación hacer comentarios sobre sus “presuntas infidelidades” —la juez lo rechazó argumentando que esa petición choca con el derecho a expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones— y que les obligara a publicar el auto —la magistrada lo vio “innecesario”.