El Gobierno del PP balear degradó a una funcionaria tras explicar la corrupción
La mujer tras haber colaborado con la investigación, nadie le concretó las razones La declaración se enmarca en el juicio del 'caso Scala'
Tres años después de declarar como testigo ante la policía y detallar sus observaciones sobre una de las tramas de corrupción del Gobierno balear de Jaume Matas, del PP, (2003-2007), una alta funcionaria fue represaliada por el nuevo Ejecutivo de José Ramón Bauzá (PP). La mujer fue degradada a un cargo inferior al de jefe de departamento de gestión económica de la consejería de Comercio. “¿Fue una represalia?”, preguntó ayer el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, en el juicio del caso Scala. La mujer lo afirmó “como convicción personal” pero reconoció que nadie concretó las razones.
La empleada comentó a su superior —el consejero Juan José Cardona— sus dudas sobre el funcionamiento del Consorcio de Desarrollo Económico, donde se activó la supuesta trama para desviar hasta 8,2 millones. La asociaciación ilícita, para el fiscal, estaba encabezada por el consejero Cardona, el director general Kurt Viaene y la gerente del organismo, Antonia Ordinas. El exconsejero, a quien la empleada alertó sobre los aparentes excesos, le dijo que no se preocupara.
La testigo opinó que Cardona era quien “indiscutiblemente” ordenaba un flujo constante de fondos desde otros departamentos hasta el consorcio dado el “excesivo gasto” que le hacía agotar su presupuesto “con cierta rapidez”. El consorcio extendió sus actividades hasta EE UU, China y Alemania, y tras la reiteración de los viajes, la testigo preguntó al consejero qué pasaba con tanto viaje a China. “La confianza que tenía con él me permitía trasladarle de este modo mis preocupaciones”, advirtió.
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El delegado del Gobierno balear en Formentera, José Manuel Alcaraz, que fue jefe de gabinete de la Consejería de Comercio con Cardona, reconoció ante la Audiencia que este fue quien encargó, sin coste, los folletos electorales del PP al publicista Joan Rosselló.
El empresario —que es uno de los 16 imputados que han pactado con la Fiscalía— fue favorecido con 5,5 millones de adjudicaciones directas. Así, la publicidad del PP se le reclamó como una contraprestación. Los 10.000 euros pagados por el transporte urgente de los 6.000 kilos de folletos electorales, desde Mallorca hasta Ibiza, procedían de fondos públicos. El concepto de la factura se manipuló como producto gastronómico cinco estrellas.
