Interior desautoriza al ‘número dos’ de la Policía que fijó el perímetro antiescrache
Los responsables policiales y políticos cruzan declaraciones contradictorias sobre el tema
El plan antiescrache (antiacoso) ideado por el Ministerio del Interior se ha hecho de forma precipitada. Tanto que ayer hubo declaraciones confusas y contradictorias por parte de varios responsables políticos y policiales. El aspecto más controvertido fue si el cinturón de seguridad en torno a las viviendas de los políticos consistirá en la creación de una especie de burbuja de 300 metros de diámetro.
A últimas horas de la noche del pasado martes, el número dos de la Policía, Eugenio Pino, difundió por correo electrónico una “comunicación urgente” a todas las comisarías indicando que “NO se permitirán concentraciones (escraches) a menos de TRESCIENTOS (300) metros de los domicilios de autoridades y personalidades políticas en el ámbito competencial del Cuerpo Nacional de Policía”.
Ayer, a media mañana, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró que su departamento estaba trabajando “con el mismo criterio” que ha adoptado la Ertzaintza. Aunque él no lo dijo, este cuerpo ha fijado este límite espacial en un cinturón de 300 metros.
Una hora más tarde, el ministro del Interior, Jorge Fernández, negó “tajantemente” que su departamento haya ordenado crear tales burbujas de protección en torno a las casas de los políticos. “No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros. Eso como ministro lo desmiento”, proclamó Fernández en los pasillos del Congreso.
A media tarde, la Secretaria de Estado de Interior se vio obligado a dar una instrucción para aclarar el embrollo. Tras señalar que se aplicará la ley Corcuera a quienes se concentren en la calle sin comunicarlo previamente, la directriz resaltaba: “En caso de que se realicen ante los domicilios de cargos públicos, se adoptarán las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de circulación de los ciudadanos,
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), después de referirse al “caos” de Interior, asegura que “sólo la autoridad judicial es competente para establecer zonas de alejamiento o impedir la libre circulación de personas”.
