La Moncloa no habla de Bárcenas pero acelera las reformas anticorrupción
El Gobierno crea un grupo de trabajo como respuesta a la presión social Rajoy, un mes sin ruedas de prensa; la vicepresidenta remite al PP y este calla
Si no fuera por el caso Bárcenas, esta podría haber sido una de las mejores semanas para el Gobierno de Mariano Rajoy en muchos meses. La prima de riesgo sigue cayendo, está a punto de estar por debajo de la italiana, como estaba cuando Rajoy llegó al Gobierno, la bolsa sube y las subastas de deuda van muy bien. La satisfacción por estos datos es evidente entre los miembros del Ejecutivo tras meses en los que la única pregunta era: ¿cuándo será el rescate? Pero el caso Bárcenas y la gestión que tanto el Ejecutivo como el PP hacen de él, criticada en privado por buena parte de los dirigentes, sigue oscureciendo todo.
Este viernes se cumplía exactamente un mes desde la última rueda de prensa de Mariano Rajoy. Fue en Bruselas, obligada por los usos de las cumbres europeas. Desde entonces se ha encerrado en La Moncloa, sin apenas agenda pública, no ha recibido a ningún jefe de Gobierno ni ha viajado a ningún sitio, por lo que no se ha visto obligado a contestar preguntas. Y ha podido evitar así hablar de su extesorero, incluso pronunciar su nombre. La próxima vez que se vea obligado a aceptar preguntas será en Bruselas, el viernes.
Hasta ahora, Soraya Sáenz de Santamaría, obligada una vez a la semana a aceptar cuestiones, había optado por la estrategia escapista de no citar a Bárcenas y no contestar con la excusa de que es un asunto del PP. Toda la presión iba así para Dolores de Cospedal, muy distanciada de Sáenz de Santamaría, que por dos veces, la última esta semana, evitó comparecer. Pero el Ejecutivo ha cambiado ahora de estrategia. Sigue sin citar a Bárcenas, como si no existiera, pero sí contesta a las preguntas con una idea: lo que está haciendo el Gobierno para responder a la presión social por los escándalos de corrupción es reformar las leyes y los mecanismos para combatirla. Esto es, del pasado y lo sucedido con Bárcenas no se dice nada, pero sí se asegura que se van a cambiar cosas para que no vuelva a suceder.
Sáenz de Santamaría incluso fue este viernes un poco más lejos en su intento por responder al escándalo del extesorero sin citarlo. Anunció que el Gobierno ha creado un grupo de trabajo, una de sus especialidades, presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, persona de absoluta confianza de la vicepresidenta, con representantes de Hacienda y Justicia, para agilizar las reformas anticorrupción anunciadas por Rajoy en el debate del estado de la nación.
Silencio sobre la princesa alemana
Es la segunda semana seguida en la que la princesa Corinna Zu Wittgenstein, “amiga entrañable” del Rey según su propia definición, es una de las protagonistas de las preguntas de la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Y las respuestas de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, muestran siempre una enorme cautela y casi secretismo, en el tono y en el fondo. Los periodistas querían saber si es cierto que Wittgenstein usó como residencia unas dependencias cercanas al palacio de La Zarzuela y si se hizo una reforma de ese edificio, llamado La Angorilla. La casa pertenece a Patrimonio Nacional, un organismo público que paga las reformas y el mantenimiento de estos edificios, también de los palacios en los que viven don Juan Carlos y doña Sofía o el príncipe Felipe y la princesa Letizia.
Sáenz de Santamaría llevaba muy preparada la respuesta. Tiró de la legislación de 1982 para explicar que no puede ofrecer ningún tipo de información porque Patrimonio solo controla las instalaciones que de alguna manera están abiertas al público, esto es, edificios como el monasterio de El Escorial, pero no las que están destinadas a uso exclusivo de la Casa del Rey. “Sobre los que tienen algún tipo de uso público, Patrimonio sí puede aportar información. Sobre los otros no. El Gobierno no tiene ni tiene por qué tener datos de estos últimos”. Esto es, aunque se haya pagado la rehabilitación con dinero público, el Gobierno no está dispuesto a aportar ninguna información sobre La Angorilla. Precisamente este Ejecutivo promueve una ley de transparencia que debería incluir también los gastos de Patrimonio Nacional, aunque insiste en que esa norma no incluirá a la Casa del Rey, como le reclaman todos los demás grupos.
La vicepresidenta dejó claro que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, tampoco aclarará nada sobre este particular cuando acuda al Congreso dentro de 10 días porque allí responderá a la cuestiones que estén bajo competencia del CNI, “y el CNI no gestiona Patrimonio Nacional”. Esto es, el secreto seguirá.
“La mejor forma de reaccionar contra la corrupción, la que los ciudadanos quieren, es que los tribunales actúen. Y por la parte que compete al Gobierno, dar instrumentos legales para combatirla. El Gobierno está en eso”, contestó. La vicepresidenta se mostró incómoda en otras preguntas sobre el caso, insistió en el “máximo respeto a las actuaciones judiciales” y evitó de nuevo algunas con la idea de que no comenta cuestiones de los partidos. ¿Como mujer concedora de las leyes, sabe usted qué es una indemnización en diferido en fórmula de simulación?, le preguntaron reproduciendo las palabras de Cospedal. “Mi especialidad no es el derecho laboral”, contestó con una sonrisa Sáenz de Santamaría. ¿Y qué le dice el Gobierno al 80% de los votantes del PP que, según las encuestas, creen que está siendo chantajeado por Bárcenas?, fue otra pregunta. “Que vamos a poner en marcha un paquete de medidas contra la corrupción muy profundo y muy ambicioso”, contestó. Esa tensión con el asunto Bárcenas la trató de relajar el ministro José Ignacio Wert, sentado junto a la vicepresidenta. “Mi pregunta es más fácil”, se rió mientras ella esperaba para contestar sobre el escándalo.
En realidad, el Gobierno no está tan preocupado por la reacción ciudadana como por su imagen en el exterior, especialmente en Europa. Y de las respuestas de este viernes, esa mirada a la UE queda muy en evidencia. Lo que más preocupó al presidente cuando aparecieron los papeles fue cómo lo asumirían las cancillerías europeas. Después de recibir el apoyo expreso de Angela Merkel y superar sin problemas una cumbre europea a una semana del estallido del escándalo, en La Moncloa hay más tranquilidad con ese asunto aunque inquieta mucho, como en el PP, el recorrido judicial de los papeles que ahora está en manos del juez Pablo Ruz.
En esa mirada permanente a Europa en la que vive el Gobierno, siempre concentrado en sus negociaciones para que le permitan más flexibilidad en el déficit, Sáenz de Santamaría insistió en que el Ejecutivo no “tiene previsto” subir de nuevo el IVA u otros impuestos como le reclama la Comisión Europea. Sin embargo evitó un compromiso en firme, aunque sí aclaró que el Gobierno está trabajando para convencer a Bruselas de que no es necesario.
Tan pendiente está de la realidad y las opiniones en Europa que solo se mostró contundente cuando se le recordó que el británico Financial Times ha criticado que Rajoy gobierne tanto por decreto. Cuando ese reproche llegaba de la oposición, la vicepresidenta ni se inmutaba. Pero este viernes se revolvió: “Yo también he leído el Financial Times esta mañana. A veces es importante conocer el funcionamiento constitucional de los estados. La Constitución permite el real decreto por motivos de urgencia. Con la crisis muchas cosas no pueden esperar. Y si no, se puede recurrir”.
