El malentendido
A los nacionalistas no hay que hacerles concesiones y tampoco que ofenderles, declaró durante una visita a España Stèphane Dion, el autor de la Ley de claridad que sirvió para poner orden en el debate soberanista de Quebec. Es un consejo que puede resultar útil a condición de no tomárselo al pie de la letra.
En el reciente debate sobre el estado de la nación, Rubalcaba hizo al sector más nacionalista del PSC una concesión que los diputados de ese partido no supieron apreciar: asumió la doctrina nacionalista en relación a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. En resumen, que el Tribunal había dicho a los catalanes que sus aspiraciones no cabían en la Constitución. Esa interpretación tan extrema forma parte de los tópicos heredados por los socialistas de la etapa de los Gobiernos tripartitos y nunca revisados pese a que ya son pocos los socialistas que reivindican aquel experimento, y especialmente el pacto con ERC.
También forma parte de esa herencia la incorporación como principio propio del llamado derecho a decidir. El secretario del PSC, Pere Navarro, ha dicho que lo que los diputados socialistas votaron en el Congreso no fue una declaración soberanista sino una petición a los Gobiernos para que dialogasen sobre la consulta; pero a la vez ha reivindicado esa votación como prueba de coherencia con su compromiso electoral con el derecho a decidir. Al asumir ese compromiso el PSC se tomó en serio una expresión puramente eufemística introducido en el debate político por el lehendakari Ibarretxe hace unos diez años. Un invento destinado a evitar las connotaciones tercermundistas del término autodeterminación, cuya aplicación está delimitada en el derecho internacional para situaciones coloniales o de opresión manifiesta, lo que impediría invocarlo en relación al País Vasco o Cataluña.
Para los soberanistas es decisivo que quienes no lo son se sumen a la petición de consulta
La magia de las palabras. En vísperas del referéndum de 1995 en Quebec, las encuestas mostraron que había un 20% más de ciudadanos dispuestos a votar a favor de un Quebec soberano que a favor de un Quebec independiente. Seguramente porque lo primero transmite la impresión de que no es definitivo. Otra encuesta reveló que una cuarta parte de los que votaron sí en el referéndum creían que la victoria de su opción no significaba que Quebec quedase fuera de un Canadá federal.
¿No se está produciendo un malentendido similar en Cataluña? Se habla del referéndum como una ocasión para que los catalanes se pronuncien, no sobre la independencia sino sobre el derecho a decidir. Ejemplo de esta banalización del referéndum de autodeterminación son las polémicas declaraciones del fiscal superior de Cataluña: “Conocer los deseos de los catalanes no puede ser malo”, ha resumido él mismo. Como un referéndum de autodeterminación no tiene cauce legal, puede hacerse uno exploratorio “para conocer que es lo que el pueblo piensa que es mejor”.
Es decir, para medir la intensidad del sentimiento independentista. Pero no hace falta un referéndum para ello. Una votación no vinculante no puede considerarse un criterio fiable: si se trata de medir la temperatura patriótica, todos los nacionalistas se sentirán obligados a votar sí aunque en su escala de preferencias haya otras opciones (autonomía reforzada, federalismo) con las que se identifican más; ni añade información sobre la fuerza del independentismo distinta a la que ya se conoce tras decenas de elecciones, cientos de encuestas y hasta consultas municipales informales: hay una parte considerable de la población catalana favorable a la separación, pero su magnitud varía mucho (entre el 20% y el 50%) en función de factores coyunturales. La resolución del Tribunal Supremo de Canadá establece como criterio de validez del referéndum, además de que sea vinculante, que cuente con una mayoría no solo clara sino sostenida en el tiempo.
En la práctica, un referéndum sobre la autodeterminación se considerará un referéndum de autodeterminación si gana el sí. Para cualquier iniciativa posterior harán constar de entrada que el pueblo ya ha hablado. Mientras que una mayoría en contra no cerrará el paso a nuevos intentos. Lo importante no es el resultado sino el consenso sobre su convocatoria. Por eso es decisivo que incluya entre sus promotores no solo a los que se proclaman soberanistas sino a los partidos (y particulares con influencia social) que, jurando no serlo, consideran sin embargo que existe lo que Ibarretxe llamaba “derecho a ser consultados”.
Los socialistas catalanes ponen énfasis en su exigencia de que el referéndum sea legal, para diferenciarse del planteamiento nacionalista. Pero eso solo es posible si se trata de un referéndum consultivo, no vinculante; y ya se ve que no es tan inocuo como se presenta. Mientras que su apoyo a la convocatoria sirve de aval para que Mas y Junqueras puedan presentar la consulta, dentro y fuera, no como una reivindicación nacionalista sino ciudadana, democrática, indiscutible. Un gran servicio a una causa que no es la suya.
