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La reducción en sueldos de concejales será de 146 millones, el 2% del ahorro

Las Diputaciones podrán gestionar los servicios del 95% de los municipios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, supo este verano que darle la vuelta a la Administración local iba a ser como caminar por un campo plagado de cactus. Ni el PSOE, que le dio la espalda en las negociaciones el pasado enero, ni muchos de los alcaldes de su propia formación estaban de acuerdo en aplicar la podadora en los 8.117 municipios que forman la red de la Administración más próxima al ciudadano. Tras muchos desencuentros, el Consejo de Ministros aprobó ayer un informe del anteproyecto de ley —susceptible de sufrir cambios— para reordenar un mapa municipal gobernado por 86.462 concejales e hilvanado con 1.021 mancomunidades, 81 comarcas y miles de entidades locales menores que corren el riesgo de desaparecer. El resultado es una combinación de medidas llamativas que, sin embargo, tienen una segunda lectura menos vistosa.

El encargado de ofrecer los titulares fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: la tijera de la austeridad ahorrará a las arcas públicas 7.129 millones de euros en los próximos tres años gracias a que se eliminarán duplicidades, sueldos y personal. De esa cifra, según los propios cálculos del Ejecutivo, se dejarán de gastar 3.282 millones suprimiendo servicios que ahora prestan de manera duplicada o triplicada Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas. La “clarificación de competencias”, una medida que tiene mucho que ver con la anterior, restará otros 2.232 millones. En cambio, la tan manida rebaja de sueldos de alcaldes y la supresión del personal de confianza que hace engordar la factura local apenas supondrá el 2% del ahorro total: 146 millones. La intención del Gobierno también pasa por limitar lo que cobran los funcionarios (en especial secretarios e interventores), y restringir el personal de confianza en nómina.

Los alcaldes de grandes ciudades no cobrarán más de 100.000 euros

Montoro aseguró que el 82% de los concejales de España, un total de 56.138, no podrán tener dedicación exclusiva (y con ella un sueldo). En números redondos, solo 12.188 optarán a una retribución. Lo curioso es que ni el ministerio ni la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) saben si esa proporción ya se cumple, algo que en la oposición sospechan. En cuanto al techo de los sueldos, se tomará como referencia el de un secretario de Estado (con unos 100.000 euros brutos anuales) para establecer el baremo. Los ediles de las seis ciudades más pobladas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga) tendrán ese tope. Las siete grandes ciudades que tienen entre 300.000 y 500.000 habitantes (Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba y Valladolid) podrán retribuir a sus alcaldes restando un 10% (90.000 euros brutos), y así sucesivamente, hasta llegar a municipios de menos de 1.000 habitantes (que son 4.873), que no podrán pagar a nadie del pleno más allá de las dietas por asistencia.

Pero la parte del león no está en los salarios, sino en los servicios que cambian de manos. Y ahí quien sale ganando son las Diputaciones provinciales, facultadas para hacerse cargo directamente de las competencias de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (y son 7.717, el 95%), si estos no cumplen unos estándares de calidad marcados por el propio Gobierno. Por real decreto se establecerá el coste máximo de los servicios básicos (basuras, abastecimiento de agua, viales, protección civil, salubridad pública, cementerios) que los pequeños municipios deberán respetar si no quieren perderlos de facto. Para el socialista Gaspar Zarrías, “esta es la verdadera puerta de las privatizaciones. Las Diputaciones no van a prestar esos servicios, los van a privatizar en régimen de monopolio y además podrán fijar las tasas al ciudadano”.

El PSOE tacha la reforma de coladero “para privatizar servicios”

Otro punto peliagudo que puede provocar serios conflictos se refiere a las competencias sobre servicios sociales. Según un borrador al que ha tenido acceso este periódico, la futura ley excluye a los consistorios de labores que no sean “atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social”, y limita sus competencias en educación a “la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”. A las Comunidades Autónomas las obliga a rescatar estos servicios o a encargárselos a los municipios por un periodo no menor a cinco años, a través de un convenio en el que se determine su coste y se asegure su financiación.

Para Manuel Cobo, responsable del área local en el PP, la máxima de “una Administración, una competencia”, que pronunció Rajoy el pasado verano “permitirá que los ciudadanos tengan servicios más baratos y eficaces”. De lo que no habla el texto es de estimular la fusión ni la supresión de ningún municipio, aunque en la práctica deja al Gobierno manos libres para vaciarlos de contenido político. Un ejemplo: las más de mil mancomunidades y las entidades locales menores (solo en Castilla y León hay 2.230) corren serio peligro de desaparecer si no rinden cuentas cada tres meses, algo que la mayoría no hacen. El Ejecutivo también podrá forzar a suprimir “servicios facultativos” (que no entren en sus competencias) y prohíbe la creación de nuevas empresas públicas.

Montoro subrayó que la reforma que aborda el Gobierno necesita consenso porque supondrá modificar la ley que desde hace 30 años determina la vida municipal española. A la espera de la reacción de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que ha aplazado al próximo miércoles su valoración, la Generalitat de Cataluña ya ha hecho la suya. Según la vicepresidenta, Joana Ortega, el Ministerio de Hacienda se comprometió a “respetar las competencias” que les otorga el Estatuto. El Ejecutivo catalán está redactando su propia Ley de Gobiernos locales con “un modelo propio” que no limitará los sueldos de los concejales. “Más del 90% de nuestros ediles ni cobran ni tienen dedicación exclusiva”, ha subrayado Ortega, informa Maiol Roger.

 

Amenaza de intervención

No importa el nivel de los abusos. En España apenas hay casos como el de Marbella, donde tuvo que desatarse un escándalo mayúsculo para que el Estado interviniera el Ayuntamiento (tras la detención de medio gobierno en el año 2006). Otros ejemplos igualmente sangrantes de mala gestión que han llevado a los consistorios a contraer deudas astronómicas ocurren sin que nadie tome medidas.

La reforma local que prepara el Gobierno da un paso en esa dirección al mejorar los mecanismos del Estado para atornillar las cuentas de los municipios. Según el borrador del proyecto aprobado ayer, los más pequeños, de menos de 5.000 habitantes, podrán ser intervenidos automáticamente si superan el nivel de deuda permitido o si su necesidad de financiación se dispara por encima de lo razonable. Lo mismo les sucederá si incumplen reiteradamente las obligaciones de remitir sus cuentas al Ministerio de Hacienda. Todo para garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria que tanto preocupa al Gobierno de Mariano Rajoy. Para lograrlo, los secretarios e interventores, encargados de la vigilancia, vuelven a ser personal de habilitación nacional, dependientes del Estado, y sus salarios tendrán un techo, igual que el de los alcaldes. El personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se seleccionará igualmente entre funcionarios de carrera.

Cuando un Ayuntamiento muestre signos de no poder sufragar sus competencias, se encenderá una luz roja. A partir de ese momento serán las Diputaciones las que tomen el mando. Lo que no explicó el ministro Montoro ayer es quién pagará las facturas. En los borradores que se manejaban del texto aprobado en el Consejo de Ministros (cuyo contenido no se hizo público más allá de un resumen) no hay ni una línea sobre qué ocurrirá cuando un Ayuntamiento, ahogado por deudas, traspase un servicio a otra Administración.