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EL SUMARIO DEL ‘CASO DÍAZ FERRÁN’

De Cabo era “el dueño y señor, el hombre del ordeno y mando”

El testaferro de Díaz Ferrán se embolsó 45 millones al llegar a Marsans, que estaba en quiebra Habla el testigo que llevó a la cárcel a su jefe y al exjefe de la CEOE

El empresario Ángel de Cabo sale de la Audiencia Nacional en febrero.
El empresario Ángel de Cabo sale de la Audiencia Nacional en febrero. pablo moreno

Ángel de Cabo, testaferro del expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, era en sus empresas (en pocas figuraba), “el dueño y señor de todo”, el hombre de los “gritos” el del “ordeno y mando” a sus trabajadores, el del “esto lo quiero para ya”. Siempre “con voces”. Así lo define Jorge García Téllez, testigo clave del caso Díaz Ferrán. Si quería un informe, ningún trabajador se iba de allí, daba igual la hora, mientras no estuviera sobre su mesa. Hasta que el juez Eloy Velasco ordenó el pasado diciembre su ingreso en prisión (junto a Díaz Ferrán), De Cabo era el gran liquidador español de empresas en crisis, en su versión más pura y despiadada. Llegaba a ellas para, literalmente, limpiarlas de trabajadores y hasta de muebles.

La lujosa mesa de reuniones de Viajes Marsans (que costó 30.000 euros) se la llevó al edificio de cinco plantas que posee su empresa en Valencia, con gimnasio y pista de pádel. Cuando desvalijó Marsans, se enamoró de ella. Igual que de los supercoches que conservaban los empresarios a los que decía ayudar: “No es conveniente que te vean los empleados con un coche así”.

La declaración íntegra de Jorge García Téllez, testigo de cargo del 'caso Díaz Ferrán'.
La declaración íntegra de Jorge García Téllez, testigo de cargo del 'caso Díaz Ferrán'.

Pero lo que mejor se le daba a De Cabo era limpiar el dinero de las empresas en las que desembarcaba con los hasta 30 abogados y economistas que tenía en nómina. Le daba exactamente igual que miles o cientos de empleados llevasen meses sin cobrar. Si olfateaba cualquier bien traducible en liquidez, le faltaba tiempo para ordenar que se lo traspasasen a su cuenta. Su táctica era rastrear con sus expertos empresas abocadas al concurso de acreedores y, en connivencia con los dueños, arruinados, desprenderse de los trabajadores. Y si había dinero para nóminas, se lo quedaba él metiendo miedo: “Hay que sacarlo ya, que mis contactos en la fiscalía me dicen que van a embargar las cuentas”. Todo mentira. Era para él.

Iba de adinerado, “pero nunca pagaba un duro por nada”. Si veía tajada, desembarcaba en ella, fingía que la compraba por un precio símbolico (a Díaz Ferrán fingió comprarle por 3.000 euros Viajes Marsans) y lo que realmente hacía era falsear las cuentas (le sobraban economistas) y crear falsas deudas con vistas a engañar al juez y sacar provecho del concurso de acreedores. Lo hizo con Teconsa, una empresa vinculada a la trama Gürtel, y le salió bien; lo hizo con la familia Ruiz Mateos en Nueva Rumasa, y también ganó mucho dinero. Y lo ha hecho con el Grupo Marsans. Pero tanto fue el cántaro a la fuente (sus acciones están tipificadas en el Código Penal) que, ahora sí, ha acabado en la cárcel con la mayor fianza impuesta por la justicia española: 50 millones de euros.

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Este es el hombre al que acudió un desesperado Díaz Ferrán para que le ayudase a ocultar su patrimonio viendo que se le echaban encima sus 10.000 acreedores. El testimonio voluntario prestado ante la justicia por Jorge García Téllez, testaferro de De cabo, contable y durante un tiempo su hombre de máxima confianza, ha sido crucial para el juez. No es un mero testimonio (los casi 20 folios que ocupa se pueden leer en EL PAÍS.com) fruto de comentarios de terceros. García Téllez, que define a De Cabo como “un dictador” laboral, presenció e intervino (“por orden suya, temía perder mi trabajo”) directamente en casi todas las operaciones que condujeron al saqueo del Grupo Marsans. Díaz Ferrán le dejó hacer y deshacer.

Al aterrizar en Marsans con su falso halo mesiánico, De Cabo olió dinero fácil. Y, a la voz de “lo quiero para ya”, ordenó a sus expertos que se lo transfirieran a su (presunto) delictivo bolsillo. En total 45 millones de euros. Diez de ellos los sacó de una empresa de transportes que había logrado reunirlos para pagar nóminas atrasadas.

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