El debate sobre el estado de la corrupción
El debate del 20 y 21 de febrero iba a ser el punto de inflexión para que Rajoy retomara la iniciativa El 'caso Bárcenas' ha cambiado sus planes
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había previsto que el debate del estado de la nación de los días 20 y 21 de febrero fuera el punto de inflexión para buscar la iniciativa política y rentabilizar los incipientes signos de recuperación económica.
Mantiene en la previsión anunciar medidas económicas de estímulo del empleo, una vez culminadas casi todas las reformas estructurales y con el déficit público lo suficientemente embridado. Sin embargo, tras anunciar la fecha de su primer debate de este tipo, han estallado los escándalos y el Gobierno es ahora consciente de que será más bien un intercambio con el resto de grupos sobre el estado de la corrupción.
Antes de estallar el caso Bárcenas, el presidente del Gobierno promovió un intento de pacto con el resto de partidos sobre medidas concretas contra la corrupción, sobre la base del informe inminente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría llegó a contactar con los portavoces para buscar un acuerdo, pero la polémica sobre Bárcenas y la petición de dimisión de Rajoy que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba han congelado el intento de acuerdo.
Ahora más bien será el presidente el que en ese debate anuncie medidas concretas que incluirán, según el Ejecutivo, reformas para endurecer el Código Penal y para establecer más controles contra la corrupción. También ha quedado frenado el intento de pacto frente al desempleo que promovió el secretario general del PSOE con un documento que remitió hacer varias semanas a La Moncloa.
Ministros debilitados
A ese debate llegará Rajoy con una cierta sensación de alivio entre los suyos tras la reacción al caso Bárcenas con la publicación de las cuentas del partido y sus declaraciones de la renta, pero con varios miembros del Gobierno muy tocados. Especialmente la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuya dimisión es rechazada por el presidente del Gobierno, pero que es en este momento el blanco preferido de los partidos de la oposición por las relaciones de su exmarido con la trama Gürtel.
El otro ministro debilitado es el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, por haber impulsado una amnistía fiscal por la que se han colado algunos de los miembros de la trama de Gürtel, empezando por el extesorero del partido Luis Bárcenas.
De hecho, el PSOE tiene revisto reforzar su labor de oposición en el Congreso en dirección a estos dos ministros.
