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La amnistía permite a los evasores legalizar 40.000 millones

El ministro dice que la regularización "supone un ensanchamiento de las bases tributarias" El tipo pagado por los evasores para blanquear sus bienes es de un 3% y no el 10% previsto

Jesús Sérvulo González

Cada vez que el Ministerio de Hacienda ofrece nuevos datos sobre la amnistía fiscal, crece el malestar contra la polémica medida del Gobierno, con la que pretendía recaudar 2.500 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reveló este miércoles, durante su comparecencia voluntaria en el Congreso, que la regularización fiscal había destapado unos 40.000 millones de euros que estaban ocultos. El ministro dejó caer el dato como una aproximación. “No está cerrado ese cálculo. Necesitamos tiempo para calcular la cuantía de las rentas afloradas”, dijo Montoro, que recordó que la recaudación por este proceso ascendió a 1.193 millones, menos de la mitad de lo previsto.

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El dato sobre las rentas descubiertas revela que los evasores fiscales pagaron menos del 10% previsto por blanquear su dinero. Hacienda había establecido que los contribuyentes que se acogieran al indulto tributario solo tendrían que abonar ese porcentaje por las rentas ocultas, una tasa muy inferior a los impuestos que tendrían que haber liquidado.

Pero el Gobierno permitió que los evasores solo pagaran por las cuentas y bienes obtenidos en ejercicios no prescritos. Del resto de bienes defraudados solo tenían que liquidar los intereses de los años sin prescribir, los percibidos desde 2007.

Es decir, si un contribuyente hubiera querido legalizar 10 millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza, lo podría haber hecho desembolsando unos 20.000 euros. Solo tendría que haber justificado que el dinero de la cuenta procedía de ejercicios ya prescritos. En ese caso, solo debería haber pagado por los intereses percibidos (un 5% por cada uno de los cuatro años vigentes): el 10% de unos 200.000 euros.

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Por eso casi todas las rentas afloradas proceden de ejercicios prescritos y han permitido a los defraudadores legalizar sus bienes pagando menos del 3%.

A pesar de todo, el ministro celebró el resultado del proceso de regularización fiscal extraordinaria porque “supone un ensanchamiento muy significativo de las bases tributarias que incrementarán la recaudación todos los años a partir de ahora”. Aunque hay que matizar que no todas las rentas destapadas pagarán todos los impuestos que prevé Hacienda (en la mayoría de los casos solo se pagará por los rendimientos): en primer lugar, porque las Declaraciones Tributarias Especiales (DTE, las declaraciones de la amnistía) apenas serán revisadas por la inspección, y en segundo lugar porque muchos de esos bienes aflorados estarán en otros países y pagarán impuestos allí. Y aunque el contribuyente debe tributar por su renta mundial, habrá que ver cómo se desarrollan los convenios para evitar la doble imposición entre algunos países. Ni siquiera Hacienda puede calcular cuánto puede ingresar por este dinero descubierto.

El ministro aseguró que las DTE estarán a disposición de la inspección de la Agencia Tributaria, que podrá examinarlas. Sin embargo, los inspectores no tienen acceso al contenido de las mismas, sino que tendrán que solicitar permiso a sus superiores y justificar el riesgo de delito tributario de ese contribuyente para poder revisarlas.

Montoro, además, precisó que se presentaron 31.529 declaraciones de la amnistía: 29.065 de personas físicas y 618 de empresas, por lo que será complicado revisar una a una para comprobar nuevos fraudes.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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